De la protesta a la propuesta: la Asociación Civil Labor

En 1981 un par de activistas estudiantiles provenientes de Lima se embarcaron hacia el pueblo minero de Ilo, decididos a dedicar sus vidas a la promoción de la clase obrera. Junto con dirigentes obreros, barriales y magisteriales, estos jóvenes fundaron la Asociación Civil Labor, con una misión de izquierda. Veinticinco años después, Labor es una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas en el Perú en el campo de la defensa de la justicia social y ambiental para comunidades afectadas por las industrias extractivas. A través de nueve programas y más de 60 proyectos, Labor ha promovido no solo los derechos laborales, sino también los derechos y las oportunidades para la mujer, la defensa del medioambiente, la organización vecinal, y el desarrollo sostenible en zonas mineras. Este capítulo tiene cinco secciones. La primera presenta el contexto general de Ilo y los principales actores de esta historia, y la segunda reconstruye las diversas etapas en la evolución de Labor. La tercera se centra en aspectos claves como su misión, liderazgo y estructura interna, mientras que se analiza con mayor detalle tres retos que la ONG ha enfrentado en su frente externo: sus relaciones con donantes, con el gobierno municipal, y con las mismas empresas extractivas que ha luchado por regular. El capítulo termina con breves conclusiones sobre este caso y las lecciones que ofrece para otras ONG.

Modelo de sistematización estructural y presupuestal de la dirección ejecutiva de criminalística

En pleno siglo XXI no es posible investigar los delitos con los métodos propios del sistema procesal inquisitivo, es decir con pruebas declarativas como la confesión y la declaración de testigo, porque con ellas no se alcanza un conocimiento objetivo. El auxilio del conocimiento especializado que proporciona la criminalística es imprescindible en la investigación del delito, cuya importancia radica en la contribución al esclarecimiento de la verdad objetiva ya que analiza indicios que se convertirán en evidencias mediante un tratamiento técnico especializado y luego éstas serán incorporadas como pruebas irrefutables al proceso judicial, donde obtendrán firmeza y contribuirán a la decisión correcta del juzgador en pro de una correcta administración de justicia. Es así que la presente investigación se orienta al diseño de un modelo de sistematización estructural y presupuestal para la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Direjcri), con la finalidad de impedir que la delincuencia escape de la acción de la justicia por ineficiencias que atentan contra la seguridad jurídica, puesto que desde un tiempo atrás el país viene experimentando un incremento alarmante del índice de criminalidad, acentuándose la pérdida de vidas humanas. En tal sentido, la investigación en su carácter básico y aplicado, de diseño trasversal y ex post facto, a partir de la información recabada de la muestra de los operadores de justicia tales como los comisarios e investigadores criminales de la Policía, fiscales y jueces pena-les de Lima Metropolitana, así como los propios peritos de la Dirección Ejecutiva de Cri-minalística, ha identificado los factores que están incidiendo efectivamente en la impuni-dad judicial, como son una estructura orgánica policial desfasada que dificulta la gestión criminalística, severas restricciones logísticas, dualidad de funciones, improductividad del potencial humano, ausencia de estándares de calidad y la desarticulación interinstitucional entre los operadores de justicia. De tal modo, la identificación de los citados factores que vienen limitando la función cri-minalística permitirá diseñar un modelo de sistematización estructural y presupuestal que efectivizará los procesos judiciales y erradicará la impunidad delincuencial que está afec-tando el prestigio de la institución policial, de las fiscalías y órganos judiciales, al tiempo que aumenta en la opinión pública la sensación de inseguridad ciudadana y la percepción de corrupción en circunstancias de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.