Un modelo de gestión descentralizada por resultados: la fusión de programas sociales en el Perú

El PBI per cápita en el Perú creció 55% en el período 2001-2010 pero la pobreza solo se redujo en 43% en términos relativos. Si bien en el año 2006 se implementó una reforma de los programas sociales, el resultado es que aún 8.7 millones de peruanos son excluidos de los mismos. Por estas razones, resulta pertinente y urgente crear una institución pública que concentre recursos para lograr resultados de mejora permanente de la población pobre extrema en particular. En consecuencia, se sostiene que un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que administre S/.8, 895 millones del presupuesto público es una alternativa eficiente, eficaz, equitativa y transparente. El MIDIS debería ser el producto de fusión por absorción de 25 intervenciones del gobierno, cuyos recursos serían administrados siguiendo el enfoque de Gestión Descentralizada por Resultados. En este sentido, la implementación de la reforma gradual debería hacerse considerando el Índice de Competencias Institucionales de Unidades Participativas (CIUP) para que el proceso sea ordenado y haga viable la inclusión con un enfoque territorial. Para ello, se propone un modelo 3G de gestión social donde exista una estrecha interacción entre las direcciones de resultados, las gerencias sectoriales y los sistemas operativos de identificación de beneficiarios, provisión de bienes y monitoreo. De esta manera, la sinergia de las intervenciones al interior de una institución como el MIDIS generará el cambio de incluir a los más pobres del Perú.

Modelo de sistematización estructural y presupuestal de la dirección ejecutiva de criminalística

En pleno siglo XXI no es posible investigar los delitos con los métodos propios del sistema procesal inquisitivo, es decir con pruebas declarativas como la confesión y la declaración de testigo, porque con ellas no se alcanza un conocimiento objetivo. El auxilio del conocimiento especializado que proporciona la criminalística es imprescindible en la investigación del delito, cuya importancia radica en la contribución al esclarecimiento de la verdad objetiva ya que analiza indicios que se convertirán en evidencias mediante un tratamiento técnico especializado y luego éstas serán incorporadas como pruebas irrefutables al proceso judicial, donde obtendrán firmeza y contribuirán a la decisión correcta del juzgador en pro de una correcta administración de justicia. Es así que la presente investigación se orienta al diseño de un modelo de sistematización estructural y presupuestal para la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Direjcri), con la finalidad de impedir que la delincuencia escape de la acción de la justicia por ineficiencias que atentan contra la seguridad jurídica, puesto que desde un tiempo atrás el país viene experimentando un incremento alarmante del índice de criminalidad, acentuándose la pérdida de vidas humanas. En tal sentido, la investigación en su carácter básico y aplicado, de diseño trasversal y ex post facto, a partir de la información recabada de la muestra de los operadores de justicia tales como los comisarios e investigadores criminales de la Policía, fiscales y jueces pena-les de Lima Metropolitana, así como los propios peritos de la Dirección Ejecutiva de Cri-minalística, ha identificado los factores que están incidiendo efectivamente en la impuni-dad judicial, como son una estructura orgánica policial desfasada que dificulta la gestión criminalística, severas restricciones logísticas, dualidad de funciones, improductividad del potencial humano, ausencia de estándares de calidad y la desarticulación interinstitucional entre los operadores de justicia. De tal modo, la identificación de los citados factores que vienen limitando la función cri-minalística permitirá diseñar un modelo de sistematización estructural y presupuestal que efectivizará los procesos judiciales y erradicará la impunidad delincuencial que está afec-tando el prestigio de la institución policial, de las fiscalías y órganos judiciales, al tiempo que aumenta en la opinión pública la sensación de inseguridad ciudadana y la percepción de corrupción en circunstancias de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.