EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO COSTARRICENSE

El objetivo principal de este documento consiste en evaluar el impacto que tendría sobre la exposición neta de los pasivos de los intermediarios financieros, el establecimiento de un sistema de seguro de depósitos tal como se encuentra propuesto en el Proyecto de Ley de Reformas de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y otras Leyes. Para tal efecto se recurre a la estimación de diferentes coberturas de pasivos y se realiza el análisis de diferentes escenarios.Los principales resultados indican que en el caso de los bancos estatales, contar con un fondo como el propuesto en el Proyecto analizado, permite reducir la exposición neta de los pasivos de un 40% a un 18% aproximadamente, lo cual significa que el aporte que deberá realizar el Gobierno se reduce considerablemente y con ello los costos que debe asumir la sociedad en términos de inflación ante un eventual problema financiero de un banco estatal.En cuanto a los bancos privados, existe diversidad en cuando a la capacidad de cubrir los pasivos, hay entidades que representan un mayor peso para el Fondo de Seguro de Depósitos propuesto, en tanto otras no presentan mayores problemas de cobertura.Por último debe destacarse que la metodología empleada constituye en si misma un aporte para ser considerada dentro de un sistema de indicadores de alerta temprana, puesto que muestra en forma indirecta el comportamiento de la calidad de activos y el apalancamiento.

CAPÍTULO II: LOS RECURSOS HUMANOS Y EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA “SOCIEDAD INFORMACIONAL”

Existe un alto consenso al nivel mundial de que el conocimiento será el principal “factor de producción” del futuro y la fuente más importante de la competitividad de las empresas y los países. De ser así, el país que le de la espalda a esta realidad, y que no invierta decididamente en la formación y capacitación de su gente, se estará condenando a la marginación y al atraso secular. Pero invertir más en educación (lo mismo que en salud y en seguridad social) no es, por sí solo, garantía de éxito; si dicho esfuerzo no se inscribe en una senda estratégica que potencie efectivamente la productividad de los recursos empleados en la producción social, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece la “sociedad informacional” (Castells, 1996: 37-48). Además, tal como se comentó en el capítulo primero, el tema está cargado de aspectos aún difusos y controvertidos, relacionados con la marcha de la reestructuración de la economía mundial (y del capitalismo en particular) en la actual fase de transición hacia una mayor mundialización30.Pero lo cierto es que el sistema educativo costarricense enfrenta serias amenazas que impiden convertirlo en el valuarte de la transformación productiva y social del país, tal como se propuso en el capítulo previo. Desde la reforma educativa de finales del siglo XIX, pasando por la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, y hasta la democratización de la enseñanza media y universitaria a partir de los años cincuenta; la educación ha cumplido sin duda un papel preponderante en el desarrollo nacional, en su evolución cultural, en su estabilidad social y política; rasgos que se mantuvieron y incluso profundizaron durante las tres últimas décadas. Pero el impulso de la educación sobre la economía ha sido fundamentalmente, a partir de lo que podríamos llamar “el lado de la demanda”, esto es, ha favorecido la equidad y la movilidad social, y con ello, la redistribución del ingreso y del poder adquisitivo de la población que podía ascender social y económicamente mediante este mecanismo. Esto permitió la ampliación del mercado interno que a su vez favoreció la diversificación productiva

Sistema público de comunicación en Brasil: el camino hacia la garantía del

 Uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la comunicación, no está garantizado para todas las personas en Brasil y no forma parte del debate en los medios de comunicación ni se encuentra entre las preocupaciones de la sociedad. Aunque la legislación nacional prohíba el monopolio y el oligopolio, los medios están en manos de pocos y la mayoría de la población se encuentra marginada en el proceso de la producción y la divulgación de la información asumiendo el papel de simple consumidora de noticias. Apartada del acceso a la participación de la comunicación pública a través de los medios, tiene igualmente restringida su libertad de expresión y de elección. Hechos que comprometen no solo derechos individuales y colectivos, sino también la propia consolidación de la democracia brasileña. Un largo camino han recorrido las organizaciones sociales que defienden y exigen el derecho humano a la comunicación. Como uno de los resultados de esta labor, se realizó recientemente la primera Conferencia Nacional de Comunicación, donde estas cuestiones fueron discutidas, mientras una serie de propuestas fueron aprobadas con la participación de representantes del gobierno, de las empresas de comunicación y de la sociedad civil. Entre las proposiciones está la organización y el fortalecimiento de un sistema público de comunicación percibido como una de las más importantes estrategias de democratización de la comunicación. El desarrollo de un sistema público, por sus características diferenciadas de gestión, gobernanza y financiación, se presenta, por lo tanto, como un gran paso para garantizar el derecho humano a la comunicación en el país. Communication is a fundamental right, but it’s not guaranteed to all people in Brazil. Even worse: it’s not even part of the debate in most media nor it is a priority issue amongst society. Even though national laws forbid monopoly and oligopoly in media, most communication companies are owned by few people and most of the population is excluded in the process of producing and broadcasting information – becoming mere news consumers. People have no access to participation in public communication and has also their freedom of speech restricted by media. This problem not only jeopardizes individual and collective rights, but also impedes the consolidation of Brazilian democracy. Social organizations have been struggling to defend and demand communication rights. As a result of this work, Brazil has recently promoted the first National Communications Conference, where these issues were discussed and many propositions were approved with the participation of government, communication corporations and organized civil society representatives. The organization and the strengthening of a communications public system – one of the most important strategies for communication’s democracy - was one of the approved propositions. The development of a public system, with its different forms of management, governance and funding, presents itself as a great step towards the enforcement of communication rights in the country.