CAPITULO IV: HACIA UN NUEVO NORTE PARA LA REFORMA DEL ESTADO

La globalización económica exige el protagonismo activo y estratégico del Estado en el curso y la previsión de los acontecimientos históricos, al cual le corresponde –entre otros aspectos- orientar y conducir los mecanismos del mercado, a efectos de lograr una inserción, sino exitosa, al menos conveniente en el mercado mundial. El progreso económico y el desarrollo de una nación, más aun si esta es parte de la periferia capitalista, son actos eminentemente políticos, y por tanto, objetivos, que no puede quedar librados a la lógica del mercado y de sus leyes.Este papel protagonista del Estado en el campo económico no se limita a los intentos por corregir las fallas del mercado, sino que, además, debe ser el principal actor responsable en señalar el rumbo de la economía, complementar la acción del mercado, garantizar la operación de la competencia, promover, incentivar y (si es del caso) disciplinar a la iniciativa privada y, de común acuerdo con la sociedad civil, fijar los grandes objetivos nacionales y las estrategias y políticas consecuentes. De lo contrario, sin estrategias y sin políticas estratégicas, será casi imposible lograr una inserción exitosa en la economía mundial, y serán las fuerzas geoeconómicas mundiales, las que directa o indirectamente, dictarán las políticas nacionales y señalarán el rumbo a seguir, poniendo en serio riesgo la existencia misma del Estado nacional.

COSTA RICA EN LA ENCRUCIJADA: LOS LÍMITES DEL AJUSTE ESTRUCTURAL Y LOS URGENTES DESAFÍOS DE LA REFORMA ECONÓMICA Y SOCIAL

Aunque en Costa Rica no se ha seguido en los últimos quince años una política económica neoliberal a ultranza, sino una “a la tica”; todo el debate económico y el accionar del sector público durante este período ha sido permeable a la lógica del ajuste estructural. Pero la actual encrucijada obliga a “tirios y troyanos”, a críticos y defensores del ajuste, a superar este enfoque aún predominante. Independientemente de los logros y fracasos acumulados desde 1983 hasta la fecha, en el campo económico y social, el país debe, urgentemente, realizar un “viraje estratégico”, pues la sensación de estancamiento o lento crecimiento de los últimos años se ha convertido en cruda realidad, con el agravante de que ya no podemos seguir viviendo del pasado. En el texto se aborda la problemática nacional en las siguientes cinco áreas:Estabilidad macroeconómica: sin ser artificial, continúa siendo frágil, dependiente en alto grado de la entrada de capitales externos y arrastrando una crisis fiscal latente que recurrentemente estalla. Esto en gran parte se explica por los rasgos de inestabilidad estructural que aun persisten.Gobernabilidad y Reforma del Estado: el estilo de gobernabilidad moldeada durante el período 1950-1975 ya no es viable, y la vacilante reforma del Estado está contribuyendo solo de manera precaria a construir nuevas formas de gobernabilidad acordes con las exigencias de las modernas sociedades democráticas. La gran tarea por delante es reconstruir un Estado estratégico y solidario; que facilite la irrupción de la sociedad civil en la vida pública nacional.Transformación productiva y competitividad: avanza, pero sin un rumbo claro y seguro, pues se adolece de una estrategia nacional de desarrollo de la competitividad internacional, que supere prácticas anticuadas de intervención estatal y viejos pero maquillados dogmas antiestatales que conducen a visiones parciales sobre el papel de las empresas y del Estado en este tipo de estrategias.El modelo exportador y el papel de la inversión extranjera: su impresionante dinamismo de los últimos años “suma” pero no “multiplica” la creación de riqueza nacional. Faltan criterios estratégicos que permitan potenciar los efectos positivos de la IED sobre el aparato productivo nacional y la creación de empleos de alta calidad, evitando que la misma promueva modelos de exportación tipo enclaves.Los recursos humanos y el sistema educativo: a pesar de que existe un alto consenso de que el conocimiento será el principal “factor de producción” del futuro y la fuente más importante de la competitividad de empresas y países; el sistema educativo costarricense enfrenta serias amenazas y debilidades que impiden convertirlo en el valuarte de la transformación productiva y social que el país requiere, en pos de lograr un mayor desarrollo humano.A partir de este diagnóstico surgen una serie de tareas y desafíos que como país podemos enfrentar exitosamente, si dejamos atrás dogmas económicos obsoletos y si superamos la incapacidad de construir grandes acuerdos nacionales. No hacerlo sería condenarnos a un eterno subdesarrollo. El documento termina con un pedido para dejar atrás definitivamente la era del ajuste estructural y relanzar una nueva era de desarrollo productivo, social y humano.

UNA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA

La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la postguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970. En un primer momento, la respuesta a la crisis fue la neoliberal-conservadora. Dada la imperiosa necesidad de reformar el Estado, restablecer su equilibrio fiscal y equilibrar la balanza de pagos de los países en crisis, se aprovechó la oportunidad para proponer simplemente la reducción del tamaño del Estado y el predominio total del mercado. La propuesta, sin embargo, tenía poco sentido desde el punto de vista económico y político. En efecto, después de algún tiempo se constató que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su reconstrucción.Se trata de construir un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad post-industrial, un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en el escenario internacional. Se busca, de este modo, una tercera vía entre el laissez-faire neoliberal y el antiguo modelo social-burocrático de intervención estatal.

¿El paso final hacia una sociedad gobernada por las leyes del “libre” mercado?

El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.