Garantías Económicas: ¿Hacia una política económica neutral?

Un Proyecto Constitucional de Garantías Económicas, con un sentido similar al actual Título de Derechos y Garantías Sociales, contribuiría seguramente a fortalecer la Democracia Económica y el Estado de Derecho en Costa Rica. Pero para el logro de tal fin, debería tratarse de un proyecto integral que logre simultáneamente, al menos, dos objetivos no fácilmente armonizables: a) aumentar la flexibilidad y la eficacia de la política económica y del rol del Estado en la economía, y b) definir y acotar un tipo de control democrático sobre los márgenes de acción de quienes ejercen la política macroeconómica en particular, y las políticas públicas en general. Por el contrario, el así llamado "Proyecto de Garantías Económicas" -eminentemente fiscaliza- impone límites de acción solo en determinadas áreas y funciones de la acción estatal, por lo que representa una visión unilateral de la realidad y de la política económica practicada en la Costa Rica de los últimos años.Aunque los estudios sobre el ciclo económico en Costa Rica son escasos, y no suministran conclusiones tajantes, hay suficientes indicios para sostener que existe un margen importante para la manipulación cortoplacista de la política económica, y que este margen ha sido utilizado efectivamente, sin una debida evaluación -o incluso a pesar de ella- de las consecuencias de mediano y largo plazo de las acciones tomadas.Estas reflexiones se enmarcan en el debate entre neokeynesianos y monetaristas sobre el papel de las reglas versus las políticas discrecionales en materia de intervención estatal en la economía, y se sostiene la necesidad de democratizar la gestión macroeconómica de los gobiernos.

Los temas presupuestarios en el proyecto de Ley de Garantías Económicas

El Proyecto de Ley de Garantías Económicas contiene transformaciones importantes del proceso de asignación de los recursos públicos. Tales cambios se incorporan a la Constitución de la República. En especial se modifican los aspectos hacendarios de la Constitución. Pero también se contemplan cambios en temas tributarios, en aspectos de deuda pública, en el funcionamiento del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la regulación de los servicios públicos y en las funciones legislativas relacionadas con la enajenación de los activos públicos.Este artículo presenta una sistematización y un conjunto de reflexiones críticas en torno a las transformaciones propuestas por el Proyecto de Ley. La exposición se realiza con base en la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En los aspectos en donde el Partido Liberación Nacional (PLN) tiene diferencias, el texto lo indica explícitamente. En el Anexo se describe el detalle de las transformaciones propuestas.

¿El paso final hacia una sociedad gobernada por las leyes del “libre” mercado?

El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.

La obsesión fiscalista y la encrucijada del desarrollo

La obsesión por el equilibrio fiscal, así como por cualquiera de los otros equilibrios fundamentales, deposita su fe en la capacidad del sector privado de desarrollar un país, aun pequeño como el nuestro. Pero nuestras economías presentan cuellos de botella, poder de mercado, economías de escala, etc. lo que la alejan mucho del mercado perfecto. Además, esa obsesión ignora el riesgo de permanecer en un nivel de bajo equilibrio del que nos advirtió Hirschman, por lo que es necesario complementarlo con una intervención estratégica del Estado. Esta intervención, sin embargo debe ser coherente con el modelo de desarrollo que se impulsa hoy en día y buscar la inserción de alta calidad de nuestros países. Nos encontramos entonces con que el Estado requiere recursos, más de los que una economía pobre puede darle, precisamente con miras a procurar su crecimiento. Estamos entonces frente a la gran encrucijada del desarrollo: la gran necesidad de recursos. Estos deben emplearse en tal grado que permitan mayor crecimiento y no deben limitarse a los escasos recursos existentes porque el precio del equilibrio fiscal puede ser pagado con menor crecimiento o con una inserción internacional de baja calidad.El tema se aborda haciendo un repaso de las principales ideas presentes en los teóricos del desarrollo que influyeron y contribuyeron a moldear la economía de América Latina. Repasamos las principales características del desarrollo latinoamericano desde los años cincuenta hasta la crisis de la deuda en la década del ochenta. Apuntamos los logros en el crecimiento y en la acumulación, las principales causas de su fracaso, y el advenimiento de un nuevo modelo de desarrollo basado en las exportaciones. Este último fue impulsado por teóricos que depositan su fe en el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos y en la gestión privada como llaves del crecimiento. Finalmente, a través de las principales características de la sociedad globalizada actual, se indican los caminos por los que se dirige la economía de fin de siglo y su necesidad de recursos -inclusive de un adecuado monto de déficit fiscal- con miras al desarrollo.

EXPEDIENTE 11375 (“Garantías Económicas”) Incidencia en la Fiscalización Superior

Este artículo plantea la importancia de emprender un estudio riguroso acera de la necesidad y eventuales consecuencias de los cambios que en materia presupuestaria y de fiscalización presenta el proyecto de Garantías Económicas.También analiza algunos aspectos relacionados con esta temática, contenidos en el proyecto de Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que se analiza actualmente en la Asamblea Legislativa, particularmente en lo concerniente al rol asignado tanto al Ministerio de Hacienda como a la Contraloría General de la República, dado que a ésta se le restan funciones y atribuciones, mientras se pretende crear un super Ministerio de Hacienda.Una verdadera coordinación entre los entes rectores del proceso presupuestario -La Contraloría, el Ministerio de Hacienda y el MIDEPLAN-, parece un camino más adecuado a fin de construir un sector público más eficiente y democrático.

Garantías Económicas: Propuesta para un debate nacional

El día 30 de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el plenario de la Asamblea Legisltativa una propuesta de trabajo cuya orientación esencial refería a la ausencia de una participación real de la sociedad civil en el proceso que había seguido la eventual aprobación del capítulo de Garantías Económicas a incorporarse en nuestra Constitución Política. Desde ese momento ha venido sosteniendo que a través de una reforma parcial a nuestra Carta Fundamental están siendo intentadas más bien reformas radicales a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado y que cambian su esencia considerablemente. Ello en criterio de la Defensoría y de quienes posteriormente han acogido y apoyado su propuesta constituye razón por demás suficiente para dar impulso a un debate amplio y pluralista en donde el acuerdo social sea el que determine el tipo de Estado que la sociedad costarricense desea y necesita pues la trascendencia de las medidas pretendidas vienen al traste con un proceso de toma de decisiones pensado, organizado y ejecutado unidireccionalmente desde las estructuras de poder tradicionales.La transcripción literal del texto propositivo de que se ha hablado se presenta íntegramente en virtud de que son variados los temas a que éste se refiere.

RENOVACIÓN CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA

El propósito de la reflexión es plantear una noción renovada sobre ordenamiento y gestión territorial, desde su consideración como política pública, contextualizada y contribuyente al desarrollo. Este aporte es resultado de la investigación “Planeación del Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Desarrollo en Medellín-Colombia, período 1995-2005”, realizada por el grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad-MASO de la Universidad de Antioquia, entre 2008 y 2010, en convenio con el Municipio de Medellín-Departamento Administrativo de Planeación y Colciencias-Colombia. Se trata de una investigación aplicada, en tanto contrastó teoría-práctica y trazó lineamientos de política pública; cualitativa y longitudinal, en virtud a que analizó el ordenamiento y la gestión territorial para el desarrollo, en perspectiva histórica, período 1995–2005; y correlacional, dado que obtuvo resultados particulares asociados con un estudio de caso: el municipio de Medellín-Colombia, relacionándolo y derivando incidencias para el nivel municipal, regional y nacional. La ponencia contribuye con orientaciones prácticas, al plantear lineamientos de política pública que responden a demandas territoriales, nutriendo la agenda pública desde dos horizontes: uno, de naturaleza jurídico-institucional, el cual tributa a la normatividad del ordenamiento y la gestión territorial; otro, de orden estratégico, orientado hacia la planeación para el desarrollo del territorio. Ambos precisan, como necesidad e imperativo ético y político para su adecuada gestión, de actores formados con capacidad de liderar su implementación. Esta formación, en el escenario descrito y guiada por la teoría de los procesos conscientes, se constituye en tarea estimulante para la Geografía y para las Ciencias Sociales en América Latina.