Acción colectiva rural, reforma agraria y política en El Ecuador, ca. 1920-1965

This thesis studies the rural collective action processes between 1920 and 1965 in Ecuador with a social history and political sociology approach. An approximation is carried out towards the conflicts, mobilizations and protests where indigenous and not indigenous peasants participated. Because of this, they are considered two periods, the first one that last from 1931 to 1947, sealed by the political instability and a constant change of governments; and the second one between 1948 and 1965, in a phase of successive constitutionally governments that ruled between 1948 and 1960. The conflicts and rural mobilizations reached a major visibility since 1958, deeply affecting the public opinion. The importance and magnitude of the rural mobilizations between 1959 and 1963 generated a controversy on their political effects in the agrarian change. Certainly, the rural mobilizations influenced in the outcome that took the political crisis, which concluded in the implantation of a military government in 1963. This government issued an Agrarian Reform Law in 1964, which modified partially the working relations and the land ownership. And, in addition, it defined a new type of military intervention in the policies that combined repression with reforms. The existence of a landowner social segment that backed a reform in the rural highland (sierra) society has been generally identified by Galo Plaza's figure. In his government (1948-1952), transformations were accentuated in the State intervention, mainly orientated towards the economic and political modernization. This was a new moment of coastal agro-exportation development with the leadership of the banana production. There were stimulated measures of promotion of the production and exportation of bananas. So, the road infrastructure was intensively spread and connected the producing zones with the export ports...

Menores infractores en instituciones de reforma. Una mirada desde dentro

El objetivo central aquí perseguido es conocer las percepciones que tienen los menores infractores con responsabilidad penal respecto a las prácticas del sistema reeducativo y resocializador por el que se trata de dar respuesta a sus necesidades y problemas (según establece la Ley 5/2000). A los efectos de tal objetivo, se ha considerado que el ámbito más propicio para conocer los discursos de los actores involucrados se da en el tipo de medidas que recurren a los centros de privación de libertad, en cuyo medio se manifiestan del modo más directo los efectos del sistema y las consecuencias derivadas de las relaciones cara a cara entre educador e infractor, con la menor contaminación de influencias de otros agentes. En este contexto es donde cabe estimar mejor las repercusiones que tienen los discursos sobre los objetivos pretendidos (la resocialización y emancipación del menor) y, sobre todo, la coherencia que cabe esperar entre necesidades sociales y personales del menor privado de libertad*.

La reforma educativa del gobierno de la fuerza armada del Perú: 1972-1980

En la historia peruana contemporánea, la obra en materia de educación del Presidente Ramón Castilla, a mediados del siglo XIX, no tuvo continuadores. Recién a comienzos del siglo XX aparecieron la política educacional como intransferible responsabilidad del Estado y el sistema de educación como un conjunto coherente de principios, normas y lineamientos pedagógicos y políticos que dan sentido y guían la actividad educativa. Los ecos de la polémica decimonónica entre conservadores y liberales, pero, sobre todo, el trauma nacional ocasionado por la derrota en la Guerra con Chile, convencieron al sector lúcido de la clase dominante de que era necesario ir reconstruyendo el país y organizándolo de una manera eficiente para su mejor inserción en el sistema de relaciones a nivel mundial. En la perspectiva de alcanzar este objetivo, la educación debía cumplir un papel de mucha importancia. Así se inició una nueva etapa de la educación peruana. Desde el Gobierno del Presidente José Pardo, entre 1904 y 1908, hasta el del Presidente Fernando Belaúnde, de 1963 a 1968, se dictaron una serie de medidas de desarrollo escolar y mejoramiento pedagógico, que no llegaron a satisfacer, ni cuantitativa ni cualitativamente, el anhelo indetenible y generalizado de educación y cultura de la mayoría de la nación, porque no tomaron en cuenta la realidad social y el ordenamiento institucional en los que se da la actividad educativa, sea esta espontánea o intencional. Durante varias décadas se invocó y se ensalzó a la educación como “milagrosa” herramienta de progreso, pero este estuvo muy lejos de ser alcanzado como meta de realización individual y colectiva. Constatada en 1970 la inoperancia del sistema de educación tradicional a través de un diagnóstico objetivo y rigurosamente fundamentado (el Informe General) sobre el proceso educativo nacional y la realidad social condicionante, el Gobierno militar peruano encabezado, entre 1968 y 1975, por el General Velasco Alvarado tomó la decisión de llevar a cabo una profunda reforma de la educación, partiendo de nuevos fundamentos políticos y educativos.