Evaluación de capacidades institucionales para la implementación de política pública: casuística en Bogotá

Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad con mayor población del país. Hacia el año 2014 la ciudad alcanza los 7.7 millones de habitantes que sumados a la población del área metropolitana, superan los 9 millones. Según el decreto ley 1421 de 19932, Bogotá está integrada por trece (13) sectores que se despliegan en tres niveles: a) nivel central: 16 entidades, b) nivel descentralizado: 31 entidades y c) nivel local: 20 localidades (Portel.bogota.gov.co, s.f). Desde el nivel central se lidera la formulación e instrumentación de las políticas públicas, en cuyo trazado convergen el cumplimiento el programa de gobierno del alcalde Mayor y el plan de desarrollo distrital, así como, procesos sociales que legitiman, desde lo local sus objetivos y metas. Sin embrago, la participación en diferentes proyectos de ciudad han nutrido mi experiencia profesional, pero sobre todo, han plantado interrogantes sobre los cuales he decido profundizar en el presente ejercicio académico, los cuales se citan a continuación: ¿Porqué, luego de intensivos y agotables ejercicios de formulación de políticas, en los cuales se integran múltiples intereses de la sociedad civil, el estado y el sector privado, en la etapa de implementación, los objetivos y metas no logran alcanzar los resultados esperados, como se deseó en el comienzo?. ¿Porqué, parecen insuficientes las capacidades institucionales que posee el distrito, para tramitar las políticas públicas que diseña, sobre todo en la fase de implementación, en la cual emergen la insatisfacción y el descreimiento social?...

Evaluación y participación en el ámbito de la cooperación al desarrollo: la teoría y la práctica del enfoque participativo en los proyectos de la AECID

Los análisis sobre estrategias y herramientas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) vienen centrando su atención en la cuestión relativa a la participación real de los actores implicados, como variable necesaria para la pertinencia e idoneidad del impacto de las intervenciones (Thérien, 2002; de Haan, 2009a y 2009b; OCDE, 2011). En la actualidad existe un consenso generalizado sobre la importancia de la participación de los “stakeholders” en los proceso de desarrollo, como se puede evidenciar en la definición de Desarrollo Humano Sostenible o en los postulados de la Declaración de París, aunque no siempre ha sido así y en la práctica se encuentren más límites. La participación ha sido central en las reflexiones que se han dado desde los diversos paradigmas y enfoques poniendo en cuestión las relaciones de poder o las relaciones funcionales habitualmente presentes en la “cadena de la ayuda”1. Esta tendencia también se ha plasmado en la emergencia de enfoques participativos en la práctica evaluativa que, por su naturaleza política, implican un trabajo de reflexión conjunta que debe involucrar a los diferentes actores implicados para que el proceso tenga legitimidad y sea de utilidad social (Monnier, 1995). La cooperación española otorga gran importancia al proceso de evaluación y reconoce la necesidad de integrar la participación como un pilar fundamental dentro de la misma: “La implicación de los políticos, gestores y técnicos en el proceso de evaluación, y la participación de las contrapartes y beneficiarios son condiciones indispensables para poder evaluar una intervención” (MAEC‐SECI, 2007ª:26)...