Políticas públicas de igualdad de género en Chile y Costa Rica. Un estudio comparado

La investigación tiene como objetivo central la confección de dos estudios de caso de las políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, que enfatizan en sus concepciones de igualdad y estrategias, con el propósito de explicitar las bases conceptuales y programáticas de la igualdad entre mujeres y hombres como problema público. Las políticas de igualdad son relativamente recientes en América Latina y el Caribe. Su desarrollo toma fuerza en la década de los noventa del siglo pasado y son motivadas principalmente por un marco de compromisos y acuerdos supranacionales (mundiales y regionales) de carácter jurídico, que emanan de Convenciones y legislación nacional y político, que derivan de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) y su Plataforma de Acción, Conferencias Mundiales y Conferencias Regionales. El énfasis se pone en la fase de formulación de las políticas de igualdad, que comprende la definición de su modelo causal y la formulación de su programa de actuación político– administrativo, en concreto el análisis de los objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Para tal efecto y utilizando el estudio de casos como método de investigación, se construyen y analizan los casos de políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, tomando como referente una estructura y orientaciones metodológicas similares. El marco conceptual de la investigación profundiza en las definiciones y elementos que caracterizan a las políticas públicas; el género como categoría de análisis; la delimitación y alcance de los conceptos de no discriminación, equidad e igualdad; las definiciones de políticas de igualdad de oportunidades, políticas de equidad de género y políticas de igualdad de género; y la transversalidad de género como estrategia de política pública...

El proceso político europeo en la laberíntica ratificación del Tratado Constitucional

Cuando nos acercamos al primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea del pasado 20 de febrero de 2005, tras las grandes expectativas levantadas, cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el “sí” y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a “resucitar”. El problema de la ratificación, a nuestro juicio, no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político en el cual está teniendo lugar la ratificación, o dicho de otra manera, los “noes” no han sido causados tanto por el texto como por el contexto. Para explicar esta proposición central, que el problema de la ratificación no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político, partimos de analizar la relevancia del proceso político desde la aprobación de Niza en 2001, en el que por primera vez se explicita la necesidad de revisar el procedimiento de reforma de los Tratados, surgiendo de la sociedad, a través del debate sobre el futuro de Europa. Será también la primera vez que la misma se deja de abordar únicamente a través de los Gobiernos y en secreto y se lleva a cabo a través de una Convención como recoge la Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En esa Convención Europea participa en la reforma de los Tratados por primera vez una doble legitimidad, europea y estatal, y dentro de esta los representantes de los Parlamentos Nacionales. De este método innovador surge la Constitución Europea como respuesta a las demandas de los ciudadanos de explicitación del modelo político, de hacerlo más democrático y transparente, más eficaz, más simple en los procedimientos y en las normas jurídicas, que desarrolle el modelo social europeo, y con más instrumentos para una mayor presencia en el mundo y la gestión de la globalización. Tendremos en cuenta como el Parlamento Europeo reconoce precisamente esta realidad por una amplia mayoría y por primera vez entiende que se han resuelto problemas estructurales básicos y que, en definitiva, responde a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades objetivas de Europa. Considera además la relevancia del simbolismo de la Constitución y el significado político que el Parlamento Europeo venía reivindicando como representante de la soberanía europea. Siguiendo el análisis del proceso político estudiaremos las catorce ratificaciones positivas, bien a través de los Parlamentos Nacionales, con votaciones mayoritarias, a través de referendos en los Estados miembros. Nos detendremos en los “noes” francés y neerlandés como problemas nacionales y no europeos, no de texto sino de contexto, que especialmente es un “no” a lo que había y no a lo que viene, pero que va a incidir negativamente en la percepción del desarrollo de la vida política europea en su conjunto. Tras explicar la decisión del Consejo Europeo por la que se paraliza la ratificación, presentaremos la percepción de la crisis y los efectos políticos del “no” francés y neerlandés, analizando a continuación qué es lo que ha fallado en el proceso de ratificación, teniendo en cuenta que se ha democratizado y europeizado la fase de propuesta y redacción de la Constitución pero que se deja todavía en manos de los Estados nacionales su aprobación definitiva. Abordaremos la inviabilidad institucional del Tratado de Niza, en vigor desde el 1 de febrero de 2003, especialmente desde la ampliación a veinticinco un año después, y con los ojos puestos en una Unión de unos treinta Estados miembros en no más de cinco años. A continuación explicaremos el “coste de la no Constitución”, es decir, lo que nos está costando a los europeos el que la Constitución no esté en vigor en los plazos previstos, y lo que nos estamos perdiendo con el retraso presumiblemente de al menos un año en el mejor de los casos. Después de tener en cuenta la atonía institucional, especialmente durante el semestre de Presidencia británica, se estudiará la salida material a la crisis, que no es otra que la reactivación del proceso político a través de la adopción de políticas concretas y de soluciones en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias con objeto de hacer funcionar las instituciones y de cambiar la percepción de los europeos sobre las mismas con la finalidad de visualizar la necesidad de “más Europa” y su expresión al día de hoy que no es otra que la Constitución Europea. Una vez tenidas en cuenta las vigencias anticipadas de la propia Constitución así como la irreversibilidad de las conquistas democráticas de este proceso político, estudiaremos la salida formal a la crisis a través de reanudar el proyecto constitucional y la forma de superar el laberinto de la ratificación, sus calendarios y sus decisiones, posiblemente en poco más de un año en el Consejo Europeo alemán de marzo o junio de 2007. En las últimas semanas se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado finalmente aprobar las perspectivas financieras. A la vez, se constata la necesidad de “más Europa” y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía. En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo Gobierno alemán y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa. Además, el 19 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobaba una nueva Resolución sobre el período de reflexión en la que ratifica su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanzan en cierta manera los posibles calendarios de la vigencia, al anunciar ya los Gobiernos alemán y portugués que ocuparán la Presidencia en 2007 que su objetivo compartido será la entrada en vigor de la Constitución Europea.

La participación ciudadana y la democracia interna de los partidos políticos como proceso de legitimación democrática. El caso colombiano, 1990-2012

El triunfo de la democracia como el modelo político que mejor define los principios de libertad e igualdad política de los ciudadanos, exige que sus intereses sean efectivamente representados, por tal razón actualmente hay un predominio de la democracia representativa como el sistema que permite delegar el poder del demos en candidatos que personifican la voluntad y los deseos de los ciudadanos, lo que a su vez ha consolidado a los partidos políticos como las principales organizaciones que reúnen a los candidatos y quienes tienen dentro de sus funciones actuar como representantes de los ciudadanos. En este escenario la democracia representativa y los partidos políticos están íntimamente ligados, ya que tanto la una como el otro permiten el adecuado funcionamiento mutuo y su razón de ser. Sin embargo, y pese a existir implícitamente un compromiso entre los partidos políticos y los ciudadanos, entre los elegidos y los electores, por cumplir la voluntad delegada de los ciudadanos una vez accedan al poder, existen puntos en los cuales los representantes no poseen algún compromiso con sus electores, en un entorno que carece de mecanismos de control, quedando en libertad de actuar según sus propias ideas, de manera independiente, y que por su condición humana les limita la objetividad al momento de decidir acorde a la delegación recibida y que puede estar en contravía del querer de los ciudadanos. Por lo anterior, existe una baja credibilidad de la ciudadanía tanto en el sistema político como en los partidos políticos y el Congreso, hecho que también sucede en el caso colombiano donde si bien hay una democracia representativa ininterrumpida desde el momento mismo de la conformación del Estado, existe una baja percepción de los partidos políticos y del Congreso que afecta el sistema político. En tal sentido el objetivo de esta investigación es establecer si a través de una mejora en la democracia interna de los partidos políticos y en los mecanismos de participación ciudadana se relegitima la percepción del sistema democrático representativo en Colombia debido a la existencia de una relación entre la democracia y la necesidad de los partidos políticos para su desarrollo...

Parlamento, norma jurídica y jurisdicción constitucional en el pensamiento de Kelsen desde el punto de vista de la neutralidad

El presente trabajo estudia la obra de Kelsen respecto al parlamento, la norma jurídica y, la jurisdicción constitucional. El análisis del objeto de investigación se realiza destacando la neutralidad en el pensamiento de Kelsen, lo cual es propio de una teoría científica del derecho, que no de la moral, la política o, la ética. Se sostiene que Kelsen asume la defensa de la democracia en base a los valores de libertad e igualdad, aunque no con el objeto de instaurar un modelo político o, desde la defensa de un poder político. Del mismo modo, la teoría normativa de Kelsen ha sido desarrollada desde una perspectiva general, no busca adecuarse a un sistema legal, ni dice lo que es el derecho o, cuál debe ser el contenido material del derecho. No prescribe, sólo describe. En igual sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional como legislador negativo se sintetiza en verificar la conformidad de la norma con la Constitución, y no en evaluar el contenido material de la norma general. Antes de abordar los postulados antes mencionados se ha considerado conveniente estudiar de modo preliminar la valoración y la neutralidad en Kelsen para entender en qué grado la teoría pura del derecho es neutral destacando dicho componente en los apartados propuestos con el objeto de responder a otra pregunta mayor referida a la utilidad de una teoría neutral y relativista en una sociedad diversa y cambiante. Kelsen admite la inevitabilidad de la valoración en el derecho y en la política en contraposición al valor neutro desarrollado en la teoría pura del derecho y en toda su doctrina. Ciertamente, la teoría pura del derecho prescinde de toda ideología; es decir, de aprobar o desaprobar su objeto de estudio o, de evaluar o justificar por medio de la ciencia del derecho una determinada idea de justicia, moral, política, etc. Sin embargo, considero que a través de toda su doctrina persigue valores comunes como la paz, la libertad, la igualdad, la justicia y la felicidad colectiva.