9 resultados para desprotección menores

em Universidade Complutense de Madrid


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El objetivo de la presente tesis doctoral consiste en realizar un análisis descriptivo de las principales características definitorias de los menores implicados en actos delictivos, analizando variables sociodemográficas, delictivas y clínicas, para determinar el grado en que dichas variables están relacionadas con la reincidencia delictiva general (compuesta por reincidencia y reiteración, no reincidencia y reiteración, reincidencia y no reiteración y no reincidencia y no reiteración), la reincidencia delictiva (caracterizada por reincidencia y reiteración, no reincidencia y reiteración y reincidencia y no reiteración), no reincidencia y la reincidencia violenta. A modo aclaratorio, se define la reincidencia como la presencia de uno o más delitos por lo que un menor está cumpliendo medida en la actualidad, así como medidas judiciales pendientes por hechos delictivos que han ocurrido o bien de forma simultánea o posteriormente al inicio de la medida judicial que cumple al momento de la evaluación. Por otro lado, la reiteración se refiere al historial delictivo previo del menor, estableciéndose en función de la comisión pasada de uno o más delitos por los que el menor ya ha cumplido alguna medida judicial. Además, con la presente tesis doctoral se presenta un modelo de riesgo en función del valor predictivo de cada una de las variables contempladas en el ocio de riesgo del menor, para establecer las líneas de intervención de un Programa de Ocio y Tiempo Libre que se ajuste a la realidad de los menores infractores. Para ello, en primer lugar, en el presente estudio se ha contextualizado el marco legal, realizándose un recorrido histórico desde el primer Código Penal de 1922, los Códigos Penales de 1948 y 1970, así como la Ley Orgánica de Poder Judicial de 1985 por la que los Tribunales Tutelares pasaron a ser Juzgados de Menores, hasta que fue aprobada la Ley Orgánica Reguladora de la competencia y el Procedimiento de los Juzgados de menores en 1992. Así, se analizan las sucesivas reformas de dicha Ley Orgánica, llegando a la conocida L.O.R.P.M. de 5/2000, siendo su principio fundamental actuar por el superior interés del menor, derivándose de un modelo mixto, de naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa, volviendo a ser reformada por la Ley Orgánica 8/2006, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de menores...

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Una de las principales conclusiones que se puede extraer de las investigaciones desarrolladas en los últimos años sobre consumo de drogas y delincuencia en jóvenes es que los factores de riesgo significativos para el uso de sustancias y para la conducta antisocial no son muy distintos a lo largo del desarrollo del individuo, motivo por el cual encontrarse en situación de riesgo para uno de ellos es como encontrarse en situación de riesgo para el otro (McMurran, 2006). Los estudios realizados recientemente para determinar la prevalencia de los consumos de drogas en menores infractores muestran una tasa mucho más elevada de consumos de drogas que en la población general (Velilla, 2013). No solo se pude destacar que la prevalencia sea mayor sino que la severidad de los problemas contraídos por los consumos de drogas en la población infractora son más severos. Además, como describe Cerón (2013), existen diferencias significativas entre los menores infractores y la población normal en inclinación al abuso de sustancias. En España, los profesionales que trabajan en el ámbito de la delincuencia juvenil presentan la obligación de poner en práctica las exigencias que establece la actual Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, L - 5/2000 (Boletín Oficial del Estado, 2000). Una de las más importantes es la necesidad de aplicar programas de tratamiento con las mayores garantías posibles de eficacia. En la actualidad no existe ningún programa de intervención integral adaptado a la población española que haya demostrado empíricamente su eficacia a la hora de reducir los problemas asociados al consumo de drogas en menores infractores. La presente tesis doctoral nace con el objetivo de desarrollar un programa de intervención en el consumo, abuso y dependencia de drogas en menores infractores, su adaptación a este colectivo y la cuantificación de su eficacia. Del mismo modo, también se pretende determinar que variables influyen en mayor medida en la reincidencia delictiva de los participantes evaluados, realizando hincapié en el análisis de la variable consumo de drogas. Para ello se redactó el Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para el Consumo de Drogas en Menores Infractores (Graña y Fernández-Moreno, 2015), el cual es una intervención estructurada de corte cognitivo-conductual fundamentada en la Entrevista Motivacional con un formato de aplicación grupal. Se ha completado el programa con la redacción de sesiones orientadas al trabajo con las familias y sesiones de seguimiento tras la intervención...

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Un número importante de jóvenes se involucran en comportamientos antisociales o disruptivos a lo largo de su adolescencia, aunque este tipo de conductas suelen estar limitadas a infracciones de escasa gravedad. Tan sólo una pequeña parte de los adolescentes comete actos delictivos graves y un número aún menor lo hacen de manera habitual y persistente (Farrington, 2008; Howell, 2009; Rechea, 2008; Redondo y Garrido, 2001). Sin embargo, es este reducido grupo de jóvenes el que suscita una mayor preocupación social y el que requiere de un nivel de intervención más elevado, de cara a evitar la cronificación de estos comportamientos delictivos en la edad adulta. La conducta antisocial y delictiva en la adolescencia es un fenómeno amplio y complejo, determinado por una gran cantidad de factores que interactúan entre sí (Loeber, 1990; Peña, 2011; Slattery y Meyers, 2014; Viding y Larsson, 2007), de manera que el abordaje global de todo el conjunto de factores de riesgo implicados, deberá ser complementado por un estudio concreto y pormenorizado de cada una de las múltiples variables intervinientes. Existe un importante cuerpo teórico que sugiere que la emisión de conductas agresivas o antisociales se produce como consecuencia de déficits o alteraciones en la percepción e interpretación de los estímulos sociales (Bandura, 1991a; Crick y Dodge, 1994; Sykes y Matza, 1957; Yochelson y Samenow, 1976). Así, desde esta perspectiva socio-cognitiva, la conducta antisocial es concebida como el fruto de una serie de mecanismos o procesos cognitivos distorsionados, los cuales han podido generarse a lo largo de la historia personal del sujeto en virtud de la interacción de determinados factores ambientales con sus condiciones biológicas. Una perspectiva integradora que ha intentado estructurar las aportaciones de estos modelos socio-cognitivos es la teoría sociomoral de Gibbs (2003). Desde este marco teórico se concibe que el comportamiento antisocial y agresivo de los jóvenes es el resultado de determinados déficits en sus habilidades sociales y en el desarrollo de su juicio moral, junto con la presencia de distorsiones cognitivas auto-sirvientes...

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En el momento actual nos encontramos desde el ámbito de la justicia juvenil, con la necesidad de mejorar las estrategias de abordaje que permitan minimizar el riesgo de conductas desviadas futuras, contribuyendo de este modo a la disminución de la delincuencia futura y su victimización asociada. Una de las formas en que podemos enmarcar mejor su situación es a través del criterio de la reincidencia delictiva y su valoración, y ello conlleva conocer muy bien todos aquellos factores estáticos o dinámicos que se asocian a la misma. De este modo, no sólo podremos valorar la posibilidad de reincidencia, si no que estaremos en disposición de influir sobre aquellos factores dinámicos, susceptibles de modificación mediante la intervención que se plantee, haciendo que ésta sea más eficaz y eficiente, ajustándonos así a un modelo de justicia juvenil moderno y más actualizado (Graña, Garrido y González, 2007). Sobre la etiología de la conducta delictiva y su explicación causal, han sido multitud las corrientes teóricas y autores que han planteado diferentes planteamientos y clasificaciones para describir el fenómeno de la delincuencia juvenil. En primer lugar debemos tener en cuenta que las conductas desviadas, e incluso antisociales, aparecen en la gran mayoría de adolescentes, configurando un aspecto evolutivo que se ha llegado a considerar pasajero, diferenciándose claramente dos grupos de entre estos menores, los que llevan a cabo comportamientos antisociales circunscritos a la adolescencia y aquellos cuyos comportamientos antisociales persisten tras esta etapa (Frick, 2006; McLeod, Grove y Farrington, 2012; Moffit, 1993;1997). Algunas clasificaciones han tenido en cuenta aspectos basados en la conducta delictiva (infractores vs. no infractores o según la tipología delictiva), otras se han basado en los síntomas clínicos o las clasificaciones diagnósticas, o han tenido en cuenta los rasgos de personalidad (Eysenck, 1964; Frick, 2006; Lykken, 1995; Millon, 1993; Quay, 1995)...

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Cuando hacemos referencia a la conducta antisocial nos referimos a una serie de comportamientos que infringen las normas o leyes establecidos; en el momento actual con una repercusión a nivel individual, clínico, familiar y a nivel social esto nos lleva a tener que poner mucho más empeño en poder poner de manifiesto la necesidad de estudiar aquellos factores de riesgo que está influyendo en dicha conducta. Numerosos son los estudios que se han llevado a cabo sobre este asunto por distintos autores y conocedores de la materia, y en este recorrido ya se han podido vislumbran muchos factores no solo de riesgo sino de protección, que pueden llevarnos a comprender y entender de un modo más claro y conciso la naturaleza del fenómeno que estamos abordando. A pesar de todo lo anterior no existe, hasta el momento suficiente consenso sobre la conceptualización de la conducta antisocial, dado por ser un constructor complejo y su uso en la investigación es frecuentemente ambiguo ya que, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo alusión a diferentes conductas sin una clara delimitación terminológica (Rutter, Giller y Hagell, 2000). En general, la conducta antisocial hace referencia a una diversidad de actos que generan daño en los demás, frecuentemente en forma de agresión, o que violan las normas sociales y los derechos de los demás (Burt y Donnellan, 2009; Peña y Graña, 2006). Sin embargo, el que una conducta se conceptualice como antisocial también está en función del juicio o valoración social acerca de la gravedad de los actos cometidos y de su alejamiento de las pautas normativas en una sociedad en concreto (Kazdin y Buela-Casal, 2002). En esta valoración intervienen multitud de factores tales como la edad del menor, su sexo, la clase social y otras circunstancias socio-contextuales (Pahlavan y Andreu, 2009; Romero, Sobral y Luengo, 1999; Vázquez, 2003)...

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El interés académico español por la relación de los niños y jóvenes con los medios de comunicación se ha incrementado a lo largo de estos últimos años hasta tal punto que constituye una línea de investigación destacada en muchas universidades. Asistimos a una proliferación de grupos de investigación, observatorios, laboratorios, institutos… a través de los cuales se logran dar pasos importantes. De estos trabajos de investigación se extraen frutos que aumentan exponencialmente cuando esos estudios se llevan a cabo en redes que permiten poner en contacto a centros hasta hace poco desconectados entre sí, de modo que puedan compartir información.Si partimos de este punto fuerte que supone la interacción entre los distintos grupos, este trabajo trata de ofrecer un mapa del estado actual de la investigación que se desarrolla desde las universidades españolas sobre menores y medios de comunicación. Pretendemos mostrar las principales líneas de actuación impulsadas desde los centros educativos, algunas de las conclusiones obtenidas a raíz de estos trabajos, así como las tendencias y perspectivas futuras de este interesante y, a la vez, ambiciosos campo de estudio. Por otro lado, el déficit mayor que encontramos es que nuestras investigaciones adolecen de escaso componente internacional. No tanto porque no se aborde la situación de otros países, sino más bien porque deberían ser más numerosos los investigadores que formen parte de consorcios que, además, permitan la solvencia suficiente como para establecer comparativas y hojas de ruta para los medios y normativas aplicables por instituciones supranacionales como la Unión Europea.

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El objetivo central aquí perseguido es conocer las percepciones que tienen los menores infractores con responsabilidad penal respecto a las prácticas del sistema reeducativo y resocializador por el que se trata de dar respuesta a sus necesidades y problemas (según establece la Ley 5/2000). A los efectos de tal objetivo, se ha considerado que el ámbito más propicio para conocer los discursos de los actores involucrados se da en el tipo de medidas que recurren a los centros de privación de libertad, en cuyo medio se manifiestan del modo más directo los efectos del sistema y las consecuencias derivadas de las relaciones cara a cara entre educador e infractor, con la menor contaminación de influencias de otros agentes. En este contexto es donde cabe estimar mejor las repercusiones que tienen los discursos sobre los objetivos pretendidos (la resocialización y emancipación del menor) y, sobre todo, la coherencia que cabe esperar entre necesidades sociales y personales del menor privado de libertad*.

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The main objective on this research is to evaluate and detect the profile of development and possible deviations that expouses a high biological, social and / or environmental risk on Indigenous children under three years old who attend to Child Centers of Good Living in the Indigenous Community of Salasaca - Tungurahua. The study was conducted with 90 children whom attend these centers. The Bayley Scale for Infant Development III (Bayley Scales for Infant Development - BSID) was applied to the study, for it was a standardized international test for scientific research on child development. It values the state of development and identifies deficits on children from 0 to 42 months old. Two types of questionnaires were applied to the Technical Assistants Child Development and to the Daily care Child Centers. Another querionary was used for the mothers of this centers in order to establish the level of knowledge over some factors, which may influence on child development during early childhood, as well as the parenting patterns characteristic of the indigenous community of Salasaca- Tungurahua. Analytical, synthetical and statistical methods for results interpretation were used for the Theoretical framework of this work. The scope of this research is the socio educative type. It benefits generally to all society particularly to children on infant stage and to the Indigenous Community of Salasaca...

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The reality of children living in foster homes is clearly linked to the professionals that surround them both in the educational and residentialsphere. These are children who in all aspects of their livesat all hours, are exposed to the professionalism of those who work with them and not the affection of a family; their development is fully mediated by institutions. It is therefore a priority that teachers have specific training on children living infoster care, that general government (Education and Social Services) provide guidelines for action agreed to allow the coordination between the different professionals involved with children in foster care, considering the complexity of this coordination, as there are many institutions involved with these children: Social Services, schools, foster residences foster ... among others. Educational professionals have an important role in this intervention process, being their good professional work the one that favors a tight development of children in the educational field, but this intervention takes place generally from the ignorance of the specific situation faced by children living inresidential care and from the failure of the educational administration into sharing protocols, time and space, necessary for a proper coordination. In the event children incustody, and because of the uniqueness of their situation and the importance of a good intervention, there should be no space for improvisation.In addition intervention with children in residential care has to be based on a training and intervention from the complementary roles that is to be structured, systematic and evaluated in a continuously way by the professionals involved.We understand that the principle of equality in education requires to offer these minors an opportunity based on an appropriate intervention with formed professionals, knowledgeable and with the time and the necessary conditions...