Responsabilidad del estado frente a los miembros de la fuerza pública por los hechos de la guerra y el terrorismo, análisis de la política pública de seguridad integral para la prosperidad

La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...

La reforma educativa del gobierno de la fuerza armada del Perú: 1972-1980

En la historia peruana contemporánea, la obra en materia de educación del Presidente Ramón Castilla, a mediados del siglo XIX, no tuvo continuadores. Recién a comienzos del siglo XX aparecieron la política educacional como intransferible responsabilidad del Estado y el sistema de educación como un conjunto coherente de principios, normas y lineamientos pedagógicos y políticos que dan sentido y guían la actividad educativa. Los ecos de la polémica decimonónica entre conservadores y liberales, pero, sobre todo, el trauma nacional ocasionado por la derrota en la Guerra con Chile, convencieron al sector lúcido de la clase dominante de que era necesario ir reconstruyendo el país y organizándolo de una manera eficiente para su mejor inserción en el sistema de relaciones a nivel mundial. En la perspectiva de alcanzar este objetivo, la educación debía cumplir un papel de mucha importancia. Así se inició una nueva etapa de la educación peruana. Desde el Gobierno del Presidente José Pardo, entre 1904 y 1908, hasta el del Presidente Fernando Belaúnde, de 1963 a 1968, se dictaron una serie de medidas de desarrollo escolar y mejoramiento pedagógico, que no llegaron a satisfacer, ni cuantitativa ni cualitativamente, el anhelo indetenible y generalizado de educación y cultura de la mayoría de la nación, porque no tomaron en cuenta la realidad social y el ordenamiento institucional en los que se da la actividad educativa, sea esta espontánea o intencional. Durante varias décadas se invocó y se ensalzó a la educación como “milagrosa” herramienta de progreso, pero este estuvo muy lejos de ser alcanzado como meta de realización individual y colectiva. Constatada en 1970 la inoperancia del sistema de educación tradicional a través de un diagnóstico objetivo y rigurosamente fundamentado (el Informe General) sobre el proceso educativo nacional y la realidad social condicionante, el Gobierno militar peruano encabezado, entre 1968 y 1975, por el General Velasco Alvarado tomó la decisión de llevar a cabo una profunda reforma de la educación, partiendo de nuevos fundamentos políticos y educativos.

Análisis comparado de la aplicación del principio europeo de responsabilidad ampliada del productor en envases, vehículos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El marco legal europeo con la intención de proteger al medio ambiente y a las personas, y para preservar los recursos materiales y energéticos, desarrolla la llamada Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La RAP obliga al fabricante de un bien o producto a que el tratamiento de gestión final que se hace a dichos productos al final de su vida útil sea el adecuado y cumpla con los objetivos que, en cada categoría de producto, marca la normativa. Pese a estar bajo el mismo principio, no todos los productores han adoptado el mismo sistema para cumplir con dichas normas. Así, en el caso de España, para los envases y embalajes se optó por crear un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que crease toda la estructura de recogida, clasificación y preparación para la gestión de dichos residuos. De este modo nace Ecoembalajes España que crea desde cero todo un sistema de recogida de envases a partir del llamado contenedor amarillo. Se encarga de construir y gestionar las necesarias plantas de selección de envases y de obtener en ellas un material seleccionado que subasta a los consumidores de dichos materiales. El sistema resulta caro, pues ha de crearse toda una estructura nueva que inicialmente no tiene en cuenta las iniciativas preexistentes de recogida y reciclaje de envases que existían previamente. La financiación de Ecoembes se lleva a cabo a través del llamado punto verde que pagan los envasadores y productores en virtud de la cantidad de envases puestos en el mercado cada año. Las plantas de selección no funcionan bajo parámetros de rentabilidad económica sino como un servicio público y su objetivo es cumplir con los porcentajes de materiales seleccionados que Ecoembes les exige. Finalmente los materiales clasificados que salen de las plantas de selección adolecen de una falta de calidad que penalizan su valor en el mercado de materias primas secundarias obligando en muchos casos a los gestores que adquieren dichos materiales a reprocesarlos para poder venderlos a los consumidores de materiales cumpliendo con los estándares de mercado...

La influencia del género sobre la responsabilidad social empresarial en las entidades de economía social

Puesto que las Entidades de la Economía Social (EES) basan su funcionamiento en valores como la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad y, por tanto, contrarios a toda clase de discriminación, cabria esperar que prevaleciera en todos sus ámbitos la igualdad de género y, en especial, en lo relativo a la toma de decisiones. Sin embargo, al igual que sucede en el conjunto de las empresas, los escasos estudios que existen ponen de manifiesto que en las EES la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones no es igualitaria. Parece que estas organizaciones no son ajenas a los efectos de la segregación vertical, fundamentados en diversas teorías explicativas. No obstante, el estilo directivo femenino es bien diferente al desarrollado por sus colegas masculinos, aunque la cultura empresarial y los estereotipos de género impiden su diferenciación efectiva. Por otra parte, la sociedad exige cada vez más a las empresas compromisos sociales y medioambientales que superan el ámbito estrictamente económico. Por ello, a las empresas en general, y a las de la Economía Social en particular, se les pide que adopten prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En este contexto, y ante el paralelismo que existe entre los valores y principios de la Economía Social y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), este trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia del género en la RSE de las EES. Para ello, se cuenta con la información proporcionada de una muestra formada por 134 cooperativas y sociedades laborales. Los resultados obtenidos muestran que la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones de las empresas de Economía Social no afecta ni a la RSE, medida en su conjunto, ni a cada una de sus dimensiones (económica, social y medioambiental).

Responsabilidad social corporativa: el rol del Estado como prescriptor

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, hoy y cada vez más, es asumida e incorporada por las organizaciones como un valioso instrumento estratégico, en el cual la RSC engloba todas las decisiones organizacionales que son adoptadas y que tienen en cuenta tanto la dimensión económica como la dimensión social y la ambiental, de manera que sea posible generar valor económico y contribuir simultáneamente al bienestar de las generaciones presentes y futuras. De alguna manera, los principios y prácticas de RSC no serán desarrollados ni adoptados espontáneamente por las organizaciones sino en la medida de que las organizaciones dominantes (una élite, en el sentido del modelo del nuevo institucionalismo) encuentren interesante imponer su concepción particular sobre la calidad de la RSC (en el sentido de análisis de calidad de economía industrial). Existen estudios que demuestran que el respeto a mayores exigencias en materia de desarrollo sostenible por parte de una organización tiene un efecto positivo sobre su productividad, ya que existe una correlación positiva entre la Performance Social (PS) de las organizaciones y su Performance Financiera (PF) (Hitchens et al., 2001; Orlitzky et al., 2003; Allouche and Laroche, 2005; Margolis and Elfenbein, 2008). Y aunque los estudios empíricos no han encontrado un vínculo simple entre PS y PF, la hipótesis del “círculo virtuoso” prevalece: una mejor PS (prácticas de RSC) conduce a una mejor PF (Waddock and Graves, 1997). Por lo tanto la RSC se consolida como fuente de ventaja competitiva y herramienta de protección en momentos de crisis (Gomez Carrasco, 2012). Es así como, gracias a la mayor rentabilidad resultante de la implementación a nivel institucional de la RSC en el seno de su organización, las organizaciones dominantes del mercado impondrán sus principios y prácticas al resto de los actores del mercado...

La responsabilidad social corporativa y su relación con la rentabilidad: un análisis del sector bancario internacional

El estudio de la relación entre la RSC y el desempeño financiero (DEF) es complejo. En este sentido caben distintas hipótesis. En un extremo la hipótesis del impacto social (Freeman, 1984) defiende la existencia de un impacto positivo en la rentabilidad cuando se concilian los intereses y expectativas de la empresa y el conjunto de los grupos de interés. En el otro extremo, otros autores establecen una relación negativa entre la RSC y la rentabilidad (tradeoff hypothesis) mostrando que los costos asociados a la RSC exceden de los beneficios generados para la empresa (Friedman, 1962, 1970; Aupperle et al, 1985). En el medio algunos autores sostienen la existencia de mediadores o intangibles que explicarían los resultados a veces inconclusos y en definitiva sustentar una relación neutral entre ambas variables (Setó y Angla, 2011; Surroca, Tribó y Waddock, 2010; Gómez-García, 2008). Otros autores defienden la hipótesis de un círculo de valor virtuoso bidireccional o hipótesis de sinergia positiva entre la RSC y el DEF (McGuire et al, 1990; Waddock y Graves, 1997; Preston y ÓBannon, 1997; Orlitzky, et al., 2003, Orlitzky, 2005; Allouche y Laroche, 2005). De acuerdo a esta hipótesis, las compañías con resultados previos buenos liberan recursos para acometer actividades de RSC (hipótesis de la disponibilidad de recursos). Debido a ello, las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el impacto de la RSC en el DEF arrojaron resultados inconclusos y conclusiones diferentes dependiendo de la industria, la dimensión estudiada de la RSC y del horizonte temporal considerado (Ortlitzky et al, 2003; Allouche y Laroche, 2005; Marom, 2006; Peloza, 2009; Martínez-Campillo et al 2013). En esta misma línea apuntan Godfrey y Hatch (2007) cuando señalaron la importancia de resolver estas tres cuestiones para poder comparar resultados...