Cambio y orden social en Venezuela, durante el "chavismo"

En Venezuela comienza un proyecto político en el año 1998, cuando gana las elecciones el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Que pretendió cambios en el sistema político corrupto, populista y clientelar. Para lo cual, en una primera etapa que denominamos Democracia Bolivariana, se da inicio a un proceso nacional constituyente, que cambió el sistema político venezolano de Democracia Representativa Liberal a Democracia Participativa y Protagónica. Un Estado federal, descentralizado, alternativo, plural, social, de derecho, con una economía social planificada, a través del Sistema Nacional de Planificación, que va desde el poder central hasta las comunidades organizadas. En una segunda etapa, en el año 2005, el mismo, Presidente Chávez, le dio cuerpo a la idea del Socialismo del Siglo XXI, como alternativa al capitalismo (salvaje neoliberal), en democracia y en busca de la igualdad social y en una tercera etapa, el gobierno desarrolla, a partir del año 2012, el concepto del Estado Comunal Bolivariano, que se basa en las organizaciones de base del llamado, por ley, Poder Popular. Cuyo objetivo, en su conjunto, es la transformación de la sociedad venezolana, para crear un hombre nuevo, humanista y socialista. A los efectos de esta investigación este tiempo político que abarca desde 1998 hasta ahora 2014, lo denominamos chavismo. Este proyecto se ha ido ejecutando en medio de una tensa lucha por el poder político, contradicciones, antagonismos y crisis económica. En efecto, está presente una sociedad que se ha ido denominando “democrática”, es decir, defiende la democracia que, según su perspectiva, se ha perdido en manos del chavismo, la cual ejecuta acciones para impedir que el gobierno se consolide...

El discurso antisemita en España (1936-1948)

Si bien es posible establecer un hilo de continuidad con los discursos y las actitudes antisemitas de la España de los siglos XV y XVI, fechas en las que la agresividad contra los judíos alcanza sus cotas más elevadas (no sólo por la expulsión colectiva de las comunidades hebreas en 1492, sino por la actuación represiva desplegada por la Iglesia Católica y la Monarquía, esto es, por la Inquisición y el nuevo Estado unificado tras la unión de las coronas de Aragón y Castilla y la conquista del último enclave musulmán en la Península), lo cierto es que la participación de nuestro país en el proyecto político alemán que culminó con la aniquilación de más de cinco millones de judíos europeos fue solamente tangencial. Tenía razón el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Abba Eban, cuando tomó la palabra el 16 de mayo de 1949 para explicar por qué el recién creado Estado de Israel no aceptaría al régimen de Franco en la comunidad internacional. Eban reconoció que España no tomó parte “directamente” en la política de exterminio llevada a cabo por Alemania con la colaboración de otros Estados europeos, pero su alineamiento ideológico con el Tercer Reich “contribuyó a la eficacia” de los objetivos que se proponía: hacer de una Europa bajo domino germano, un espacio “libre de judíos”. Quizá porque España, o al menos de ello presumían las autoridades del nuevo Estado franquista, como lo habían hecho, si bien con bastante más prudencia política, las republicanas en los años 30, ya era un país sin judíos. Efectivamente. Según las estimaciones aceptadas por la mayor parte de los historiadores en base a un censo elaborado en 1933, la comunidad judía en España no estaba compuesta por más de 6.000 personas, muchas de las cuáles decidieron emigrar al comienzo de la Guerra Civil. Y esa ausencia de judíos será la que determine no sólo la actuación política del régimen en los años de mayor persecución contra ellos en el continente, sino el discurso propagandístico que hacía del antisemitismo un punto de encuentro ideológico entre el nuevo Estado franquista y los Estados totalitarios consolidados en Europa en el período de entreguerras...

La Constitución Europea como respuesta a la ampliación

El proceso permanente de ampliación en el que ha entrado la Unión Europea y la aprobación de la Constitución Europea son parte de un mismo proceso político, en el que la Constitución se convierte en la clave del éxito de la ampliación. Ésta cuenta con los elementos necesarios para despejar las incógnitas que plantea la ampliación en relación con la vertebración política europea, la pervivencia del proyecto político y la capacidad de la Unión Europea para de hacer frente a sus nuevas responsabilidad internacionales.

El proceso político europeo en la laberíntica ratificación del Tratado Constitucional

Cuando nos acercamos al primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea del pasado 20 de febrero de 2005, tras las grandes expectativas levantadas, cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el “sí” y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a “resucitar”. El problema de la ratificación, a nuestro juicio, no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político en el cual está teniendo lugar la ratificación, o dicho de otra manera, los “noes” no han sido causados tanto por el texto como por el contexto. Para explicar esta proposición central, que el problema de la ratificación no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político, partimos de analizar la relevancia del proceso político desde la aprobación de Niza en 2001, en el que por primera vez se explicita la necesidad de revisar el procedimiento de reforma de los Tratados, surgiendo de la sociedad, a través del debate sobre el futuro de Europa. Será también la primera vez que la misma se deja de abordar únicamente a través de los Gobiernos y en secreto y se lleva a cabo a través de una Convención como recoge la Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En esa Convención Europea participa en la reforma de los Tratados por primera vez una doble legitimidad, europea y estatal, y dentro de esta los representantes de los Parlamentos Nacionales. De este método innovador surge la Constitución Europea como respuesta a las demandas de los ciudadanos de explicitación del modelo político, de hacerlo más democrático y transparente, más eficaz, más simple en los procedimientos y en las normas jurídicas, que desarrolle el modelo social europeo, y con más instrumentos para una mayor presencia en el mundo y la gestión de la globalización. Tendremos en cuenta como el Parlamento Europeo reconoce precisamente esta realidad por una amplia mayoría y por primera vez entiende que se han resuelto problemas estructurales básicos y que, en definitiva, responde a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades objetivas de Europa. Considera además la relevancia del simbolismo de la Constitución y el significado político que el Parlamento Europeo venía reivindicando como representante de la soberanía europea. Siguiendo el análisis del proceso político estudiaremos las catorce ratificaciones positivas, bien a través de los Parlamentos Nacionales, con votaciones mayoritarias, a través de referendos en los Estados miembros. Nos detendremos en los “noes” francés y neerlandés como problemas nacionales y no europeos, no de texto sino de contexto, que especialmente es un “no” a lo que había y no a lo que viene, pero que va a incidir negativamente en la percepción del desarrollo de la vida política europea en su conjunto. Tras explicar la decisión del Consejo Europeo por la que se paraliza la ratificación, presentaremos la percepción de la crisis y los efectos políticos del “no” francés y neerlandés, analizando a continuación qué es lo que ha fallado en el proceso de ratificación, teniendo en cuenta que se ha democratizado y europeizado la fase de propuesta y redacción de la Constitución pero que se deja todavía en manos de los Estados nacionales su aprobación definitiva. Abordaremos la inviabilidad institucional del Tratado de Niza, en vigor desde el 1 de febrero de 2003, especialmente desde la ampliación a veinticinco un año después, y con los ojos puestos en una Unión de unos treinta Estados miembros en no más de cinco años. A continuación explicaremos el “coste de la no Constitución”, es decir, lo que nos está costando a los europeos el que la Constitución no esté en vigor en los plazos previstos, y lo que nos estamos perdiendo con el retraso presumiblemente de al menos un año en el mejor de los casos. Después de tener en cuenta la atonía institucional, especialmente durante el semestre de Presidencia británica, se estudiará la salida material a la crisis, que no es otra que la reactivación del proceso político a través de la adopción de políticas concretas y de soluciones en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias con objeto de hacer funcionar las instituciones y de cambiar la percepción de los europeos sobre las mismas con la finalidad de visualizar la necesidad de “más Europa” y su expresión al día de hoy que no es otra que la Constitución Europea. Una vez tenidas en cuenta las vigencias anticipadas de la propia Constitución así como la irreversibilidad de las conquistas democráticas de este proceso político, estudiaremos la salida formal a la crisis a través de reanudar el proyecto constitucional y la forma de superar el laberinto de la ratificación, sus calendarios y sus decisiones, posiblemente en poco más de un año en el Consejo Europeo alemán de marzo o junio de 2007. En las últimas semanas se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado finalmente aprobar las perspectivas financieras. A la vez, se constata la necesidad de “más Europa” y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía. En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo Gobierno alemán y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa. Además, el 19 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobaba una nueva Resolución sobre el período de reflexión en la que ratifica su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanzan en cierta manera los posibles calendarios de la vigencia, al anunciar ya los Gobiernos alemán y portugués que ocuparán la Presidencia en 2007 que su objetivo compartido será la entrada en vigor de la Constitución Europea.

Pensamiento ético político en la Antigüedad Clásica, 2015

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente Convocatoria 2015 Nº de proyecto: 93 Título del proyecto: Pensamiento ético-político en la Antigüedad clásica Nombre del responsable del proyecto: Juan Antonio Fernández Manzano Centro: Facultad de Filosofía Departamento: Filosofía del Derecho, Moral y Política II (Ética y Sociología)

Los intelectuales socialistas en el primer bienio de la II República: Reforma o revolución. Proyecto educativo

La II República ha sido y es un periodo clave de la historia contemporánea de España debido, en buena parte, a su carácter innovador y rupturista respecto a los periodos que la antecedieron y sucedieron. De hecho, fue considerada la única esperanza modernizadora y regeneracionista para salir de un atraso político, económico y sociocultural del que se culpaba a una monarquía incapaz de ofrecer una profunda renovación a finales de los años veinte. Este sentimiento regeneracionista se instaló en ciertos sectores de la población, especialmente en políticos e intelectuales, uniéndoles, inicialmente, en pos de un objetivo común durante casi tres años e imprimiendo un espíritu reformista, revolucionario e -incluso- rupturista en la primera etapa republicana. Pero fueron especialmente los intelectuales los que tomaron conciencia de que un régimen democrático y parlamentario podía ser la solución a los grandes problemas de España. Por ese motivo se sintieron llamados a liderar la tan ansiada y anunciada regeneración que habían soñado desde el 98 los más mayores y, desde la Dictadura Primorriverista, los más jóvenes. Se implicaron juristas, escritores, profesores y filósofos junto a políticos profesionales; aunque, en aquel momento, éstos últimos ocuparon una segunda fila en el liderazgo de la concepción del proyecto republicano mientras los intelectuales socialistas adquirían un protagonismo especial...