Profesionalización y capacitación de elementos de la policía federal en el marco de la iniciativa Mérida (2009-2012) en el contexto de la reforma policial en México: estándares, mejores prácticas y rendición de cuentas en la democracia

Las exigencias del siglo XXI vienen acompañadas de un sinnúmero de requisitos para los aspirantes al puesto de policía. Las razones para ello son los nuevos retos que imponen los cambios a nivel mundial en la complejidad del fenómeno delictivo y su relación con el crimen trasnacional, así como la necesidad cada vez mayor de contar con evidencia basada en elementos científicos, a medida que la tecnología los ha redefinido, así como herramientas de investigación y metodologías para el desempeño de la función policial. Es común escuchar a los gobernantes de los países latinoamericanos afirmar que los problemas de inseguridad se resuelven automáticamente con “profesionalización policial” y en nombre de esta se han erogado grandes presupuestos sin lograr transformaciones profundas. La profesionalización y la capacitación policial desarrollados en contextos democráticos implican premisas que tienen que ver con valores éticos, con el respeto a los derechos humanos y con el ejercicio del criterio del policía para aplicar la ley. La conceptualización sobre lo que es un policía profesional ha llevado a muchos estudiosos del mantenimiento del orden a plantear marcos de referencia para el entendimiento del servicio policial en contextos democráticos. Las reformas policiales emprendidas por los países desarrollados y con democracias consolidadas tienen sus propias especificidades y características distintas a las de los países de la región latinoamericana. El camino hacia la profesionalización de las policías en países como los Estados Unidos de América, transitó por la limitación del poder que las corporaciones policiales ejercían para que rindieran cuentas ante la sociedad por casos de abuso de la fuerza o de brutalidad policial. Para ello, tuvieron que desarrollarse sistemas de control interno y externo, ante presiones de la sociedad para que las corporaciones rindieran cuentas sobre la conducta de sus integrantes...

La participación social en la protección y gestión de los bienes agrarios inscritos en la lista del patrimonio mundial : ejemplos de buenas prácticas y estrategias de futuro

La participación de las personas y las comunidades que viven en lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (o que se ven directamente afectadas por la inscripción) en la toma de decisiones respecto a su identificación, protección y gestión, es uno de los principales retos que debe afrontar la Convención de Patrimonio Mundial para alcanzar su anhelada credibilidad. Esta participación real y activa, exigible en todos los tipos de bienes culturales y naturales (independientemente de su categoría de protección), es especialmente necesaria en el caso de los pertenecientes al Patrimonio agrario. En primer lugar porque la gestión de los sitios y paisajes agrarios debe respetar las técnicas de manejo tradicionales y basarse en los derechos y conocimientos de las comunidades locales, imprescindibles para asegurar la supervivencia e integridad de sus valores tangibles e intangibles. Y en segundo lugar porque la continuidadv de estos espacios depende íntegramente de las actividades – y por lo tanto de las personas- que les han dado forma y sin las cuales se convertirían en lugares inertes y faltos de sustancia y autenticidad. Partiendo de estas premisas,este estudio analiza y compara los principios de la Carta de Baeza sobre el Patrimonio agrario y los planes de gestión de los bienes agrarios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial para identificar ejemplos de buenas prácticas en la materia y proponer estrategias que mejoren el reconocimiento y la participación de los agricultores, ganaderos y silvicultores en su protección, manejo y promoción.

De la muerte del autor al colapso de la industria. Prácticas y discursos en la música digital

La reciente aprobación de la ley Sinde en medio de un profundo y profuso debate público ha puesto de manifiesto que las ambiciones de las industrias de la cultura no están en sintonía con las de consumidores y ciudadanos. Se ha discutido la necesidad de reformular las leyes de propiedad intelectual, contraponiendo el derecho de los creadores a rentabilizar su trabajo con los derechos de los ciudadanos a la circulación de la cultura. Se hace necesario analizar los términos de este debate, además de los elementos ausentes en la discusión. La participación de los ciudadanos parece limitarse meramente a circular materiales culturales fuera de los cauces comerciales, pero no aparecen tematizadas las prácticas creativas, cada vez más comunes, que también infringen las leyes de propiedad intelectual. Los blogs mantenidos por fans sobre personajes de comic, las versiones dobladas de trailers de películas, el uso de samplers o mashups en la música popular, etc… Prácticas que implican la reelaboración creativa de textos preexistentes que cuestionan la centralidad del autor en su acepción clásica (la protegida por la legislación de derechos de autor). Proponemos contrastar los discursos en torno al derecho de los ciudadanos a la cultura que entienden este ejercicio como mero intercambio de archivos con las citadas prácticas intertextuales que suponen una forma de empoderamiento de las ciudadanos que discuten los límites de la creatividad y la originalidad. El análisis pretende dar algunas pistas para entender dos cuestiones: a) el alcance los derechos culturales de la ciudadanía democrática en la sociedad de la información y b) la necesidad de reelaborar las leyes de propiedad intelectual para dar cabida a las nuevas prácticas de la cultura digital.

Prácticas artísticas contextuales y comunitarias: cuatro casos en Colombia, 1991-2012

Desde mediados del siglo XX se manifiestan en el universo artístico propuestas caracterizadas por la falta de reflexión y la ausencia de compromiso con el entorno social y político. Prevalece en los artistas una actitud individualista y el desprendimiento de un interés por lo social, lo que ha significado un ejercicio de construcción estética desde su propio universo subjetivo. De otro lado, el conjunto de relaciones que determinan y gobiernan las prácticas artísticas configuran una institucionalidad fuertemente cimentada, desde donde se imponen modos de producción y circulación del arte que favorecen la persistencia de un distanciamiento entre el artista y su acontecer. Mayoritariamente la formalización de la obra artística transita de forma obligada hacia la mera circulación y exhibición en espacios institucionales, es destinada a un espectador recogido y silencioso. La obra en estos casos busca sustraer al espectador de su entorno habitual para contactarlo pasivamente con las obras presentadas. Sin embargo, contrarias a estos planteamientos, asoman actitudes en cierta comunidad artística que defiende la necesidad de socializar sus prácticas y de alimentar un intercambio directo con el conglomerado social, principalmente con comunidades urbanas, llegando incluso a proponer la promoción de las cualidades sociales en los individuos...