Adherencia al tratamiento con antineoplásicos orales

En los últimos años, la investigación del tratamiento del cáncer ha tenido como resultado el desarrollo de un gran número de medicamentos con el fin de curar la patología, prolongar la supervivencia de los pacientes o mejorar su calidad de vida. Entre estos fármacos se encuentran los antineoplásicos de administración por vía oral (ANEO). Las ventajas que la vía oral ofrece sobre la parenteral son múltiples: mayor autonomía para el paciente, posología más cómoda y minimización de los riesgos derivados del uso de catéteres periféricos o de reservorios en vías centrales (Consejería de Salud de La Rioja, 2010; Verbrugghe et al., 2013; Anderson et al., 2014; Trivedi et al., 2014). Los ANEO plantean también nuevos retos para los profesionales sanitarios, ya que precisan de una alta adherencia terapéutica y la realización de frecuentes ajustes posológicos en función de la eficacia conseguida y de la tolerancia al tratamiento (Consejería de Salud de La Rioja, 2010). La adherencia terapéutica es un fenómeno complejo, que está condicionado por múltiples factores. Los términos adherencia y cumplimiento se emplean, con frecuencia, de forma indistinta. En un principio, solamente se utilizaba el término cumplimiento para definir la toma correcta de los medicamentos, mientras que hoy día está completamente consensuado el uso del término adherencia, entendida como una actitud del paciente que implica su compromiso respecto a la medicación prescrita por el médico, con una participación activa en la elección y el mantenimiento del régimen terapéutico (OMS, 2004; Fontanals Martínez et al., 2011). Por tanto, es un comportamiento humano, modulado por componentes subjetivos, y en esta dimensión debe ser esencialmente comprendido, abordado e investigado. Se puede considerar que la adherencia engloba dos conceptos: cumplimiento de dosis y forma de administración, y persistencia en la duración del tratamiento prescrito (Nogués Solán et al., 2007)...

La argumentación en discursos jurídicos: análisis pragmagramatical del español

La convivencia entre los distintos miembros de una sociedad provoca la aparición de conflictos que pueden ser solucionados mediante el Derecho. En todo conflicto existen, al menos, dos versiones de una misma historia, pero solo una de ellas es la más verdadera. Por este motivo, y para demostrar su propia verdad, el abogado no solo debe conocer las normas que regulan la intervención judicial, sino que debe saber cómo utilizar la lengua de forma estratégica para lograr convencer al juez de que su punto de vista es mejor que el que ha planteado la oposición. Esto no significa, de ningún modo, que los abogados utilicen de forma incorrecta el lenguaje, sino que deben conocerlo en el sentido apuntado porque así aumentarán sus posibilidades de ganar el pleito. En este sentido, el fin último de esta investigación pretende demostrar que Lenguaje y Derecho son dos realidades estrechamente vinculadas, mientras que el propósito principal es investigar el discurso jurídico desde una perspectiva comunicativa, lingüística y argumentativa. Se trata de un enfoque novedoso que difiere de los que se han realizado hasta el momento en obras relacionadas con este tipo de discurso. Por un lado, queremos demostrar que los abogados recurren inconscientemente a distintas estrategias retórico-pragmáticas con la intención de probar que la parte contraria miente y de dañar su imagen pública, convenciendo de este modo al juez para que se pronuncie acerca de la inocencia o la culpabilidad del acusado. Por otro lado, mostramos que la parte que ejerce la defensa se encuentra claramente en desventaja durante todo el proceso judicial, motivo por el que prepara conscientemente su intervención. Para llevar a cabo esta investigación, analizamos algunas de las teorías sintácticas y pragmáticas más relevantes con el objetivo de proponer un modelo analítico que combine todas ellas y lo aplicamos a un corpus de estudio que contiene la transcripción íntegra de diez procesos judiciales reales tramitados por los Juzgados de Barcelona entre febrero de 2009 y junio de 2010 para comprobar si nuestras hipótesis son ciertas.