25 resultados para Política europea de desarrollo

em Universidade Complutense de Madrid


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La ayuda al desarrollo constituye un pequeño capítulo dentro de las políticas públicas con efectos sobre los países en desarrollo. Otras políticas, como la comercial, agrícola o migratoria, por sólo citar algunas, pueden tener efectos de desarrollo de mayor entidad que la propia ayuda internacional. De poco servirá, por tanto, disponer de una política de cooperación comprometida si el resto de las decisiones que adoptan los gobiernos operan en sentido contrario. Por ello, si se quieren alcanzar logros económicos y sociales en los países más pobres, será necesario incrementar los niveles de coherencia de las políticas de los países donantes. Este propósito ha sido asumido como doctrina por la Unión Europea y la OCDE, que elaboran informes de seguimiento al respecto (UE, 2009; OCDE, 2008).

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Aunque no cabe identificar el desarrollo con el mero crecimiento económico, la ampliación de las capacidades productivas de un país constituye una dimensión obligada de toda senda sostenible de progreso social. Ampliar las capacidades productivas exige, a su vez, la promoción del tejido productivo y empresarial en los países en desarrollo, potenciando la capacidad de la sociedad para convertir las iniciativas creativas en emprendimientos generadores de renta y empleo. Es esta convicción la que convierte a este sector en una de las obligadas prioridades de las políticas de desarrollo.

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Una de las aportaciones fundamentales del proceso constitucional que ha vivido la Unión Europea desde 2001 reside en la cristalización de un amplio consenso sobre el diseño de una defensa propia de la Unión. Hasta el día de hoy la Política Europea de Seguridad y Defensa se caracteriza por dirigirse exclusivamente a la gestión de crisis en terceros Estados pero no se había planteado la posibilidad de desarrollar una defensa propia de la Unión. El Tratado Constitucional, especialmente tras la Conferencia Intergubernamental, desarrolla instituciones que siendo generales o abiertas a los Estados que lo deseen avanzan en este sentido. Entre ellas pueden citarse la Agencia de Defensa, la cláusula de defensa mutua, la cooperación reforzada o la cláusula de solidaridad.

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La realización de política europea de emigración se mueve en un arduo equilibrio en-tre el diálogo con la orilla sur del Mediterráneo, la política de vecindad hacia el Este y la ambigüedad de la relación entre la migración y el desarrollo. Las contradicciones de la UE en la materia son profundas pues nos hallamos ante una materia de naturaleza poliédrica y en estrecha dependencia a procesos que se están desarrollando en el orden internacional, por ello las respuestas requieren el empleo de instrumentos eficaces tanto en el plano interno como en el externo. Una perspectiva europea de la inmigración no puede prescindir de una pretensión de multilateralidad basada en la cooperación entre todos los actores que, de un modo u otro, participan y son parte activa de los procesos migratorios. Ello requiere abordar estrategias para el desarrollo de carácter amplio, que incidan sobre las causas que motivas los flujos migratorios, generando oportunidades y expectativas de vida digna en los países de origen. Para ello es menester apurar las posibilidades abiertas por el Tratado de Lisboa insistiendo en la aplicación del principio de solidaridad, fomentando la responsabilidad compartida y teniendo muy presentes los derechos fundamentales previstos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Habida cuenta que los Estados miembros no son autosuficientes para resolver eficientemente las cuestiones derivadas del control de las fronteras, del asilo y de la inmigración resulta menester que la UE diseñe una política común de manera coordina-da con ellos, de manera que se sientan suficientemente acompañados y respaldados. A este respecto la Agenda Europea de Migración propone acciones tales como la lucha contra la migración irregular, los traficantes de seres humanos y la protección de las fronteras exteriores de Europa que deben ir acompañadas de una eficaz política común de asilo, así como una nueva política europea en materia de migración legal. Al mismo tiempo la política de redistribución no debe considerarse como una opción desinteresa-da o altruista sino como una respuesta común que impide las actuaciones unilaterales de ciertos Estados miembros para reducir los flujos migratorios. Por estas razones resulta de suma importancia restar protagonismo a las acciones me-ramente represivas y que la UE progrese en su intervención en un sector dominado por las competencias exclusivas de los Estados miembros. Dicha intervención puede reali-zarse eficazmente en dos líneas de actuación de carácter complementario. De un lado, a través de un enfoque transversal, que favorezca la cooperación con terceros países, la gestión integrada de las fronteras exteriores y una política justa en materia de repatria-ciones, de canalización de la emigración legal y de integración de los inmigrantes en la sociedad. De otro lado, con el concurso del principio de solidaridad y del reparto equi-tativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, extensivo al aspecto financiero (art. 80 TFUE), fomentando entre ellos una cooperación más eficaz el reparto de res-ponsabilidades. Ambas líneas serán susceptibles de garantizar en la práctica una mejor gestión de los flujos migratorios y una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros.

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El proceso permanente de ampliación en el que ha entrado la Unión Europea y la aprobación de la Constitución Europea son parte de un mismo proceso político, en el que la Constitución se convierte en la clave del éxito de la ampliación. Ésta cuenta con los elementos necesarios para despejar las incógnitas que plantea la ampliación en relación con la vertebración política europea, la pervivencia del proyecto político y la capacidad de la Unión Europea para de hacer frente a sus nuevas responsabilidad internacionales.

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Cuando nos acercamos al primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea del pasado 20 de febrero de 2005, tras las grandes expectativas levantadas, cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el “sí” y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a “resucitar”. El problema de la ratificación, a nuestro juicio, no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político en el cual está teniendo lugar la ratificación, o dicho de otra manera, los “noes” no han sido causados tanto por el texto como por el contexto. Para explicar esta proposición central, que el problema de la ratificación no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político, partimos de analizar la relevancia del proceso político desde la aprobación de Niza en 2001, en el que por primera vez se explicita la necesidad de revisar el procedimiento de reforma de los Tratados, surgiendo de la sociedad, a través del debate sobre el futuro de Europa. Será también la primera vez que la misma se deja de abordar únicamente a través de los Gobiernos y en secreto y se lleva a cabo a través de una Convención como recoge la Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En esa Convención Europea participa en la reforma de los Tratados por primera vez una doble legitimidad, europea y estatal, y dentro de esta los representantes de los Parlamentos Nacionales. De este método innovador surge la Constitución Europea como respuesta a las demandas de los ciudadanos de explicitación del modelo político, de hacerlo más democrático y transparente, más eficaz, más simple en los procedimientos y en las normas jurídicas, que desarrolle el modelo social europeo, y con más instrumentos para una mayor presencia en el mundo y la gestión de la globalización. Tendremos en cuenta como el Parlamento Europeo reconoce precisamente esta realidad por una amplia mayoría y por primera vez entiende que se han resuelto problemas estructurales básicos y que, en definitiva, responde a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades objetivas de Europa. Considera además la relevancia del simbolismo de la Constitución y el significado político que el Parlamento Europeo venía reivindicando como representante de la soberanía europea. Siguiendo el análisis del proceso político estudiaremos las catorce ratificaciones positivas, bien a través de los Parlamentos Nacionales, con votaciones mayoritarias, a través de referendos en los Estados miembros. Nos detendremos en los “noes” francés y neerlandés como problemas nacionales y no europeos, no de texto sino de contexto, que especialmente es un “no” a lo que había y no a lo que viene, pero que va a incidir negativamente en la percepción del desarrollo de la vida política europea en su conjunto. Tras explicar la decisión del Consejo Europeo por la que se paraliza la ratificación, presentaremos la percepción de la crisis y los efectos políticos del “no” francés y neerlandés, analizando a continuación qué es lo que ha fallado en el proceso de ratificación, teniendo en cuenta que se ha democratizado y europeizado la fase de propuesta y redacción de la Constitución pero que se deja todavía en manos de los Estados nacionales su aprobación definitiva. Abordaremos la inviabilidad institucional del Tratado de Niza, en vigor desde el 1 de febrero de 2003, especialmente desde la ampliación a veinticinco un año después, y con los ojos puestos en una Unión de unos treinta Estados miembros en no más de cinco años. A continuación explicaremos el “coste de la no Constitución”, es decir, lo que nos está costando a los europeos el que la Constitución no esté en vigor en los plazos previstos, y lo que nos estamos perdiendo con el retraso presumiblemente de al menos un año en el mejor de los casos. Después de tener en cuenta la atonía institucional, especialmente durante el semestre de Presidencia británica, se estudiará la salida material a la crisis, que no es otra que la reactivación del proceso político a través de la adopción de políticas concretas y de soluciones en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias con objeto de hacer funcionar las instituciones y de cambiar la percepción de los europeos sobre las mismas con la finalidad de visualizar la necesidad de “más Europa” y su expresión al día de hoy que no es otra que la Constitución Europea. Una vez tenidas en cuenta las vigencias anticipadas de la propia Constitución así como la irreversibilidad de las conquistas democráticas de este proceso político, estudiaremos la salida formal a la crisis a través de reanudar el proyecto constitucional y la forma de superar el laberinto de la ratificación, sus calendarios y sus decisiones, posiblemente en poco más de un año en el Consejo Europeo alemán de marzo o junio de 2007. En las últimas semanas se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado finalmente aprobar las perspectivas financieras. A la vez, se constata la necesidad de “más Europa” y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía. En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo Gobierno alemán y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa. Además, el 19 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobaba una nueva Resolución sobre el período de reflexión en la que ratifica su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanzan en cierta manera los posibles calendarios de la vigencia, al anunciar ya los Gobiernos alemán y portugués que ocuparán la Presidencia en 2007 que su objetivo compartido será la entrada en vigor de la Constitución Europea.

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Los dramáticos cambios y avances tecnológicos, científicos y en las comunicaciones de los pasados 50 años han enfrentado a Puerto Rico con escenarios marcadamente complejos. A pesar de que la globalización tiende a ser considerada como un conjunto de variables económicas, este concepto trasciende esos límites y abarca otros aspectos fundamentales de la sociedad, tales como la política, la ideología, la comunicación, el medioambiente y la cultura, cuyos efectos han sido, y previsiblemente serán, críticos en muchos ámbitos en Puerto Rico. Por otro lado, desde su colonización en 1507 hasta el presente, Puerto Rico ha mantenido un estatus político de territorio o colonia bajo España o Estados Unidos de América y no han existido acuerdos para su autodeterminación como nación soberana o para su completa anexión a los Estados Unidos. El propósito principal de esta investigación es indagar en este marco general y analizar cuáles han sido los efectos de la globalización sobre el sector económicoindustrial y laboral de Puerto Rico, haciendo un recorrido por la macroeconomía, la cultura, la sociedad y la situación política. Ello nos ha llevado a documentar cómo la situación política afecta al desarrollo del sector industrial y, en consecuencia, al progreso de la Isla. El trabajo concluye evidenciando la relación que se establece entre los factores económicos, sociales y políticos y mostrando la necesidad de resolver la encrucijada del estatus colonial de Puerto Rico, lo cual implica la puesta en marcha de un proceso de reflexión colectiva, al que este trabajo pretende contribuir, que en última instancia culmine con la puesta en práctica de reformas en lo social, político y económico...

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En este trabajo se pasa revista al camino recorrido en cuanto a acuerdos ambientales internacionales hasta llegar a la cumbre de Copenhague. Se examina y valora el Acuerdo de Copenhague y se avanzan algunas ideas sobre el camino tras Copenhague.

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El marco legal europeo con la intención de proteger al medio ambiente y a las personas, y para preservar los recursos materiales y energéticos, desarrolla la llamada Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La RAP obliga al fabricante de un bien o producto a que el tratamiento de gestión final que se hace a dichos productos al final de su vida útil sea el adecuado y cumpla con los objetivos que, en cada categoría de producto, marca la normativa. Pese a estar bajo el mismo principio, no todos los productores han adoptado el mismo sistema para cumplir con dichas normas. Así, en el caso de España, para los envases y embalajes se optó por crear un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que crease toda la estructura de recogida, clasificación y preparación para la gestión de dichos residuos. De este modo nace Ecoembalajes España que crea desde cero todo un sistema de recogida de envases a partir del llamado contenedor amarillo. Se encarga de construir y gestionar las necesarias plantas de selección de envases y de obtener en ellas un material seleccionado que subasta a los consumidores de dichos materiales. El sistema resulta caro, pues ha de crearse toda una estructura nueva que inicialmente no tiene en cuenta las iniciativas preexistentes de recogida y reciclaje de envases que existían previamente. La financiación de Ecoembes se lleva a cabo a través del llamado punto verde que pagan los envasadores y productores en virtud de la cantidad de envases puestos en el mercado cada año. Las plantas de selección no funcionan bajo parámetros de rentabilidad económica sino como un servicio público y su objetivo es cumplir con los porcentajes de materiales seleccionados que Ecoembes les exige. Finalmente los materiales clasificados que salen de las plantas de selección adolecen de una falta de calidad que penalizan su valor en el mercado de materias primas secundarias obligando en muchos casos a los gestores que adquieren dichos materiales a reprocesarlos para poder venderlos a los consumidores de materiales cumpliendo con los estándares de mercado...

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En la presente tesis, titulada “La política exterior y de seguridad de la Unión Europea hacia África Subsahariana: Estudio de caso de Sudán (1956-2011) e implicaciones para la política de la UE”, estudiamos la política exterior y de seguridad de la UE hacia el continente africano, centrando nuestro interés en las políticas de desarrollo y de seguridad formuladas e implementadas en el caso sudanés. El trabajo de investigación se apoya sobre un gran corpus de fuentes primarias (150 entrevistas semiestructuradas) y secundarias, siendo de importancia fundamental los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado en Sudán durante 2010-2011, así como en Bruselas y otras capitales europeas durante 2011 y 2013. La literatura sobre la política exterior y de seguridad de la UE se ha centrado habitualmente en cuestiones predominantemente orientadas hacia asuntos de impacto, efectividad y coherencia de la UE como actor internacional, y en elucidar la brecha entre las expectativas como actor global y las capacidades limitadas efectivas en el terreno. Sin embargo, esta aproximación no responde a preguntas cruciales sobre los verdaderos factores que impulsan la política exterior y de seguridad europea y que contribuyen a su vez al desarrollo institucional de la UE y al proceso de integración europea. De esta forma, las cuestiones predominantes sobre la política exterior y de seguridad de la UE han tratado la fase a posteriori, es decir, los efectos de la implementación de la política exterior del actor UE y su relación con la política internacional (la dimensión exterior de la UE), alejándose de las motivaciones internas o raison d’être auténtica de tal acción exterior...

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La presente investigación parte de la hipótesis de que la política de Información y Comunicación es una estrategia insuficiente para cerrar la brecha que hay entre la UE y sus ciudadanos. El distanciamiento entre las instituciones europeas y la ciudadanía, reconocido desde los años 70, ha sido atribuido a una brecha de comunicación, es decir, a la forma en que los asuntos de la UE se reflejan en los medios de comunicación, y a la aparente falta de intereses de las élites nacionales para transmitir la importancia de Europa. Así cada vez que ha habido una baja participación en los comicios europeos o en los distintos referenda, la Comisión Europea ha respondido con nuevos enfoques de las Políticas de Información y Comunicación de la UE para cubrir ese hueco. El desarrollo de nuestra hipótesis principal pasa por el análisis de toda la Política de Información y Comunicación (PIC) de la UE, haciendo hincapié en el período 2001 a 2006, que es cuando se institucionaliza y da un importante salto cualitativo. La PIC evolucionará en paralelo a la construcción europea que se debate entre lo intergubernamental y lo comunitario. El peso de una u otra tendencia influirá en el desarrollo de esa política. El trabajo se desarrolla en tres partes. Primero, se analiza el nacimiento y desarrollo de las estrategias de información y comunicación de la UE hasta 2005. Tras el fracaso constitucional, se incide en la institucionalización de la PIC, durante esta última década y, por último, se detectan los problemas y se buscan las soluciones para cerrar la brecha entre ciudadanía e instituciones...

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Desde que entrara en vigor del Tratado de Lisboa, la UE ha avanzado de forma considerable, aunque claramente insuficiente, en el desarrollo y aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) durante estos últimos casi seis años. A pesar de que se ha agravado el empeoramiento de los riesgos y amenazas internacionales, los países miembros han disminuido sus presupuestos de defensa, debido a diferentes razones, especialmente a la crisis económica, en estos mismos años. Por ello, la única respuesta posible es mejorar la eficiencia a través de medidas de Pooling and Sharing, es decir, incrementando las respuestas comunes, especialmente a través del desarrollo y profundización de la Política Común de Seguridad y Defensa. Ésta debe empezar por la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente, siendo ésta compatible con la Alianza Atlántica, tal y como establece el Tratado.

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Las políticas de cooperación resultan fundamentales para tratar de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de los países en desarrollo y, a la vez, en un mundo crecientemente interdependiente y globalizado, también son cada vez más cruciales para conformar un mundo más justo, estable y seguro. En este sentido, es relevante someter a estudio las transformaciones que se están produciendo en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, siendo una de las más importantes la emergencia y elevada proliferación mostrada en los últimos años por la denominada cooperación Sur‐Sur, a través de la que dos países tradicionalmente considerados en desarrollo comparten entre sí sus recursos, capacidades y experiencias. Un fenómeno que, lejos de responder a una dinámica puntual y pasajera, parece estar en clara conexión con las transformaciones más profundas que está experimentando el sistema internacional y con los cambios que se están produciendo en la naturaleza y distribución del poder en este escenario. Al mismo tiempo, dentro de este marco general, la región en la que la cooperación Sur‐Sur está teniendo una mayor presencia y repercusión hasta la fecha es América Latina, lo que se relaciona con el hecho de que los países que componen esta región son en su práctica totalidad de ingreso medio, a diferencia de regiones como África Subsahariana o Asia meridional, cuyos países suelen presentar menores niveles de desarrollo. Esto permite a muchos países latinoamericanos jugar cada vez en mayor medida un rol dual en el que, a pesar de seguir demandando cooperación internacional en ámbitos específicos para poder continuar su propia senda de desarrollo, se encuentran en disposición de aportar a otros países sus propios recursos, conocimientos y capacidades en una serie de ámbitos donde han logrado registrar experiencias exitosas y superar importantes problemáticas...

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En la presente obra se aborda el Desarrollo Territorial desde los prismas de las teorizaciones que lo informan, las metodologías que lo hacen operativo y las políticas y prácticas que permiten su implementación. Dicho abordaje se realiza partiendo de una premisa, la de la Sustentabilidad, entendida como el prerrequisito ético que debe impulsar la acción humana que conduzca a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la humanidad, atendiendo sus necesidades básicas de forma equilibrada con el sistema ecológico en el que se sustenta nuestra existencia y sin comprometer la atención de esas necesidades para las generaciones futuras. La premisa de la Sustentabilidad opera por tanto como el marco referencial desde el que proceder a la aplicación de los análisis sobre el objeto de estudio, sirviendo de elemento de contraste de las teorías, metodologías y prácticas analizadas. La finalidad última de esta investigación es aportar una propuesta de modelo de Desarrollo Territorial Sustentable. Para ello se hace una revisión crítica de las principales teorizaciones que han abordado esta temática desde distintas disciplinas como la Economía, la Ecología, la Geografía y la Gestión Pública, teniendo a la Sociología como eje vertebrador del análisis. Esas teorizaciones se concentran en el ámbito de la Economía Regional, la Economía Ecológica y las teorías de las Necesidades Humanas, con aportaciones de la perspectiva Eco-feminista. Así mismo, se procede a la revisión de los programas europeos centrados en el desarrollo territorial y más en concreto se analiza la política regional de la Unión Europea, con el objetivo de extraer elementos operativos que resulten útiles para terminar de completar la propuesta de modelo de Desarrollo Territorial Autocentrado Sustentable, en orden a desplegar los elementos referenciales y operativos de la metodología de aplicación de dicho modelo. Para este último objetivo se procede también a la revisión de los diversos referentes teóricos y metodológicos que pueden informar una metodología participativa reflexivo dialógica para el Desarrollo Territorial Sustentable. Esta investigación incluye el estudio más pormenorizado de la aplicación de programas europeos de desarrollo en dos territorios. Uno respecto a programas de desarrollo rural desarrollados por la asociación “In Loco” en la Serra do Caldeirâo (Algarve portugués), y otro en el ámbito urbano, en el barrio de La Mina (Área metropolitana de Barcelona), liderado por Fundación CIREM. Como conclusión central de la investigación se mantiene que, desde el paradigma de la Sustentabilidad, es necesario que las teorizaciones sobre el desarrollo territorial y las metodologías y prácticas que lo implementan, se incrusten sistémicamente en un cambio axiológico histórico que propicie políticas para construir de forma reflexiva y dialógica un nuevo Contrato Social Sustentable para el conjunto de la Humanidad.