La cooperación sur-sur: entre la promoción del desarrollo y la funcionalidad política: los casos de Chile, Venezuela y Brasil

Las políticas de cooperación resultan fundamentales para tratar de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de los países en desarrollo y, a la vez, en un mundo crecientemente interdependiente y globalizado, también son cada vez más cruciales para conformar un mundo más justo, estable y seguro. En este sentido, es relevante someter a estudio las transformaciones que se están produciendo en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, siendo una de las más importantes la emergencia y elevada proliferación mostrada en los últimos años por la denominada cooperación Sur‐Sur, a través de la que dos países tradicionalmente considerados en desarrollo comparten entre sí sus recursos, capacidades y experiencias. Un fenómeno que, lejos de responder a una dinámica puntual y pasajera, parece estar en clara conexión con las transformaciones más profundas que está experimentando el sistema internacional y con los cambios que se están produciendo en la naturaleza y distribución del poder en este escenario. Al mismo tiempo, dentro de este marco general, la región en la que la cooperación Sur‐Sur está teniendo una mayor presencia y repercusión hasta la fecha es América Latina, lo que se relaciona con el hecho de que los países que componen esta región son en su práctica totalidad de ingreso medio, a diferencia de regiones como África Subsahariana o Asia meridional, cuyos países suelen presentar menores niveles de desarrollo. Esto permite a muchos países latinoamericanos jugar cada vez en mayor medida un rol dual en el que, a pesar de seguir demandando cooperación internacional en ámbitos específicos para poder continuar su propia senda de desarrollo, se encuentran en disposición de aportar a otros países sus propios recursos, conocimientos y capacidades en una serie de ámbitos donde han logrado registrar experiencias exitosas y superar importantes problemáticas...

La promoción de la seguridad de los periodistas en perspectiva histórica: el papel de Naciones Unidas de 1945 a 2014

La promoción de la seguridad de los periodistas es una cuestión por la que Naciones Unidas (NU) se interesó por primera vez a principios de los años setenta. No obstante, los primeros intentos de crear mecanismos que protegieran el ejercicio del periodismo fueron infructuosos. Los enfrentamientos propios de la Guerra Fría fueron la causa de este fracaso. El desgaste que supuso relegó a un segundo plano esta cuestión hasta finales de los años noventa. Ya en el Siglo XXI esta cuestión fue paulatinamente recobrando un espacio en los debates internacionales hasta que en el año 2012 se aprobó la primera Estrategia común en la historia del sistema de NU. El Plan de Acción de NU sobre la promoción de la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad ha sido un catalizador de nuevas iniciativas, especialmente en el ámbito normativo de NU. En menos de tres años se han puesto en marcha más acciones que en toda la historia de la organización. Los retos, sin embargo, son muchos. Promover la seguridad de los periodistas desde NU requiere del apoyo al establecimiento de políticas públicas, la creación y cumplimiento de normas legales, el establecimiento de mecanismos de protección, el fin de la impunidad, y, por encima de todo, voluntad política. internacional, desde su creación hasta la actualidad. Asimismo, se sirve de entrevistas a sus protagonistas para complementar la descripción y análisis de carácter histórico.

Los derechos humanos en la política diplomática española: un largo camino por recorrer

Un verdadero compromiso con el desarrollo humano, sostenible y equitativo debe trascender las limitadas capacidades de la política de ayuda y apostar por la promoción de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Si bien las políticas de ayuda mantienen un relevante papel que desempeñar en el sistema internacional, existe un conjunto más amplio de políticas ―como la comercial, la agrícola, la migratoria, la medioambiental o la de exportación de armas, entre otras― cuyos efectos condicionan en mayor medida las oportunidades reales de progreso de los países en desarrollo y contribuyen de forma más relevante a la conformación de un mundo más estable, justo y seguro. Así, lejos de recluir el trabajo por el desarrollo a la política de ayuda, la CPD reclama la necesidad de incorporar la visión del desarrollo en el conjunto de la acción pública, de tal forma que este objetivo impregne el diseño, ejecución, seguimiento e impacto del conjunto de las políticas desplegadas. De ahí la necesidad de someter progresivamente a estudio en qué medida determinadas políticas públicas integran cuestiones relativas al desarrollo o permanecen ajenas ―cuando no son contradictorias a ellas-.