Profesionalización y capacitación de elementos de la policía federal en el marco de la iniciativa Mérida (2009-2012) en el contexto de la reforma policial en México: estándares, mejores prácticas y rendición de cuentas en la democracia

Las exigencias del siglo XXI vienen acompañadas de un sinnúmero de requisitos para los aspirantes al puesto de policía. Las razones para ello son los nuevos retos que imponen los cambios a nivel mundial en la complejidad del fenómeno delictivo y su relación con el crimen trasnacional, así como la necesidad cada vez mayor de contar con evidencia basada en elementos científicos, a medida que la tecnología los ha redefinido, así como herramientas de investigación y metodologías para el desempeño de la función policial. Es común escuchar a los gobernantes de los países latinoamericanos afirmar que los problemas de inseguridad se resuelven automáticamente con “profesionalización policial” y en nombre de esta se han erogado grandes presupuestos sin lograr transformaciones profundas. La profesionalización y la capacitación policial desarrollados en contextos democráticos implican premisas que tienen que ver con valores éticos, con el respeto a los derechos humanos y con el ejercicio del criterio del policía para aplicar la ley. La conceptualización sobre lo que es un policía profesional ha llevado a muchos estudiosos del mantenimiento del orden a plantear marcos de referencia para el entendimiento del servicio policial en contextos democráticos. Las reformas policiales emprendidas por los países desarrollados y con democracias consolidadas tienen sus propias especificidades y características distintas a las de los países de la región latinoamericana. El camino hacia la profesionalización de las policías en países como los Estados Unidos de América, transitó por la limitación del poder que las corporaciones policiales ejercían para que rindieran cuentas ante la sociedad por casos de abuso de la fuerza o de brutalidad policial. Para ello, tuvieron que desarrollarse sistemas de control interno y externo, ante presiones de la sociedad para que las corporaciones rindieran cuentas sobre la conducta de sus integrantes...

El tercer principio de justicia: la encriptación del poder y la desestabilización de la justicia como equidad

El presente trabajo expone la urgencia de un tercer principio de justicia, el cual amplía y critica la concepción de la Justicia como Equidad de John Rawls. Desde la visión del célebre filósofo liberal, los principios y las ideales son eficientes para la formulación de una teoría normativa de la sociedad, la llamada “sociedad bien ordenada”. No obstante, conceptos como “posición original” y “velo de la ignorancia” de nada servirían ante la realidad de las injusticias sociales y que las instituciones que propenden por la justicia, las cuales son organizadas a partir del “consenso entrecruzado”, no logran un respaldo adecuado debido a un grave problema de diseño en la “estructura básica” de la sociead bien ordenada: la sociedad se desestabiliza por la acción de un inadvertido –por Rawls- “Segundo Velo de Ignorancia” (SVI). Además, la teoría rawlsiana de la Jusitica se basa en concepción de la racionalidad y la razonabilidad, pilares de la sociedad liberal y fundamento imprescindible para la realización de los Principios de Justicia. No obstante, éstas son inoperantes en la vida cotidiana, al ser los seres humanos sobredeterminados por las asimetrias del poder politico y económico, lo que empuja también la adopción de actitudes tales como la ambición, el miedo y el rencor. Estas características, llamadas por Rawls “psicologías especiales”, son incitadas también por la sensación de incertidumbre que viene ante nuestro desconocimiento de lo que sucederá en el futuro...

Responsabilidad del estado frente a los miembros de la fuerza pública por los hechos de la guerra y el terrorismo, análisis de la política pública de seguridad integral para la prosperidad

La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...

Visibilidad y tratamiento periodístico de la violencia juvenil y doméstica en la prensa hondureña

Esta investigación forma parte de las ciencias sociales ya que la comunicación es parte de ella, se determinó el papel desempeñaron los medios de comunicación escritos en la creación de una cultura de violencia en el país en el año 2002. Se investigó la visibilidad y el tratamiento periodístico que se le dio en la prensa escrita hondureña a la violencia juvenil y se comparó esta cobertura con la violencia doméstica. Se escogió este tema porque durante el año estudiado tomó posesión un nuevo presidente que llego al poder proponiendo la aplicación de una política de mano dura o cero tolerancia contra la criminalidad, la prensa contribuyo por medio de su cobertura, a que la gente sintiera la necesidad de políticas y acciones gubernamentales contra la violencia juvenil por miedo a las acciones que ellos realizaban. Se utilizaron ambos métodos cualitativo y cuantitativo, se entrevistaron a varios actores del proceso de emisión del comunicativo, reportero y una jefa de redacción de uno de los diarios, además se hizo una investigación documental para poder localizar las noticias que se referían a violencia juvenil y doméstica, los resultados se vaciaron en una base de datos que se diseñó en Filemaker 12. Para el análisis estadístico de los datos se trabajó con el SPSS y con el Excel...

La composición del consejo de administración en la sociedad cotizada

La composición del Consejo de Administración de las sociedades cotizadas responde a unas normas específicas que la diferencian del resto de sociedades mercantiles de capital por la amplitud de su masa accionarial, su significación económica y por los diferentes grupos de interés presentes en la compañía. Por ello, confluyen normas de carácter imperativo con otras de Derecho blando a través de las diferentes recomendaciones del Gobierno Corporativo. En este TFM, se analizan los principios del Derecho de sociedades aplicado a las cotizadas, las normas de Gobierno Corporativo y la estructura interna del Consejo de Administración ante la cuestión de las diferentes clases de consejeros y las distintas omisiones, y cómo todo ello ha supuesto una paulatina pérdida de poder de la Junta General.

Hacia la calificación como entidad asociativa prioritaria: Las diferentes formas de integración de las cooperativas agroalimentarias

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario ha creado una nueva figura, la “Entidad Asociativa Prioritaria”, cuyos requisitos para su reconocimiento han sido concretados recientemente a través del desarrollo reglamentario efectuado por el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio. Esta ley trata de promover el aumento de la dimensión de las cooperativas agroalimentarias para que sean más competitivas, puesto que sufren de una evidente atomización, sobre todo, si se comparan con las cooperativas de este sector en el norte de Europa. Para ello la Ley 13/2013 se vale del incentivo de la concesión de una situación preferencial en las ayudas de los Programas de Desarrollo Rural. En primer lugar realizaremos un análisis de los distintos requisitos que se exigen para poder obtener la calificación como “Entidad Asociativa Prioritaria”, como por ejemplo, el carácter supraautonómico de la entidad resultante, superar una determinada cifra de volumen de negocios, etc. Y, en segundo lugar, analizaremos las diversas vías de integración que pueden utilizarse para poder alcanzar la dimensión necesaria para ser reconocidas como “Entidad Asociativa Prioritaria”.

Foucault, el liberalismo y la critica de la filosofía política

Evitando las abstracciones dicotomizadas, de la filosofía política moderna y contemporánea, Michel Foucault no ha tratado de reconstruir una totalidad trascendental, racional y normativa, ni de legitimar racionalmente los valores, sino de estudiar las prácticas de sí en una sociedad dada y las transformaciones que generan. Poner el acento sobre las prácticas autoformadoras del individuo nos dibuja toda una visión dinámica del sujeto y de la libertad que componen una cara inversa de «los cuerpos dóciles», o del sujeto producido por el entramado poder/saber. La genealogía de Foucault se puede ampliar para demostrar que el liberalismo es un conjunto de prácticas para la constitución de los sujetos. Un liberalismo, que luego de formar el programa policial para producir categorías de personas, es capaz de aportar condiciones para el juego de la libertad y regular la conducta en términos de empresarialidad.