El Mediterráneo en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013

Los planteamientos sobre el Mediterráneo que se realizan en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 son unos planteamientos en buena parte deficientes que no tienen encuenta profundos cambios acontecidos en el Mediterráneo y su espacio de seguridad en los últimos años. El artículo expone las principales modificaciones que habría que introducir para hacer frente a las simplificaciones y omisiones que la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 presenta con respecto al Mediterráneo.

La política exterior de España hacia el Mediterráneo en la última década. Una evaluación

La política de España hacia el Mediterráneo ha tenido desde mediados de los años noventa un componente bilateral y un fuerte componente multilateral. El artículo explica los cambios y transformaciones producidos en el espacio mediterráneo en la última década y explica las políticas puestas en práctica y los errores y carencias detectables. El artículo señala la necesidad de repensar y planificar de forma más rigurosa las políticas a desarrollar por España en los próximos años.

La declaración conjunta en la Cumbre de París para el Mediterráneo. Un documento claramente mejorable en asuntos de seguridad.

La iniciativa Unión para el Mediterráneo adoptada en julio de 2008 en Paris y que fue acogida de una forma bastante favorable, supone un cambio significativo en aspectos fundamentales con respecto al proceso de Barcelona. El capítulo de aspectos políticos y de seguridad ha quedado profundamente devaluado. Esto podría tener sentido dentro de un contexto teórico bien articulado en fases y reaseguros que dimanara del documento. Este no es el caso. Las importantes innovaciones introducidas, con la inclusión de proyectos comunes como línea vertebral y la densa institucionalización del proceso no quedan bien articuladas en un conjunto armónico y teóricamente consistente en los tres tradicionales cestos o capítulos que se mantienen en la Unión para el Mediterráneo.

Los bombardeos aéreos de poblaciones civiles en 1938: los límites de la independencia de la diplomacia vaticana con respecto a las políticas de Francia y el Reino Unido

La política del Vaticano con relación a los bandos contendientes en el conflicto español no fue sencilla. Cabe incluso afirmar que fue complicada. La complicación venía determinada por la estructura de relaciones establecidas con las grandes potencias del momento que, a su vez, tenían unas peculiares relaciones con los dos bandos en guerra, y, sobre todo, por la política de exterminio de todo lo religioso católico que se había llevado a cabo en la zona republicana. Hay que hacer notar que desde el punto de vista diplomático, las buenas relaciones que el Vaticano mantenía con Francia y el Reino Unido, frente a las relaciones tirantes con los países fascistas imponían un acercamiento mayor al bando republicano. También hay que resaltar que la Unión Soviética pudo actuar en el conflicto en tanto en cuanto se mantuvo la política de no intervención franco-británica, y en tanto en cuanto no se produjo un acuerdo del Reino Unido con Italia sobre el Mediterráneo.

Control de fronteras, asilo e inmigración en la Unión Europea: un conflicto competencial no resuelto.

La realización de política europea de emigración se mueve en un arduo equilibrio en-tre el diálogo con la orilla sur del Mediterráneo, la política de vecindad hacia el Este y la ambigüedad de la relación entre la migración y el desarrollo. Las contradicciones de la UE en la materia son profundas pues nos hallamos ante una materia de naturaleza poliédrica y en estrecha dependencia a procesos que se están desarrollando en el orden internacional, por ello las respuestas requieren el empleo de instrumentos eficaces tanto en el plano interno como en el externo. Una perspectiva europea de la inmigración no puede prescindir de una pretensión de multilateralidad basada en la cooperación entre todos los actores que, de un modo u otro, participan y son parte activa de los procesos migratorios. Ello requiere abordar estrategias para el desarrollo de carácter amplio, que incidan sobre las causas que motivas los flujos migratorios, generando oportunidades y expectativas de vida digna en los países de origen. Para ello es menester apurar las posibilidades abiertas por el Tratado de Lisboa insistiendo en la aplicación del principio de solidaridad, fomentando la responsabilidad compartida y teniendo muy presentes los derechos fundamentales previstos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Habida cuenta que los Estados miembros no son autosuficientes para resolver eficientemente las cuestiones derivadas del control de las fronteras, del asilo y de la inmigración resulta menester que la UE diseñe una política común de manera coordina-da con ellos, de manera que se sientan suficientemente acompañados y respaldados. A este respecto la Agenda Europea de Migración propone acciones tales como la lucha contra la migración irregular, los traficantes de seres humanos y la protección de las fronteras exteriores de Europa que deben ir acompañadas de una eficaz política común de asilo, así como una nueva política europea en materia de migración legal. Al mismo tiempo la política de redistribución no debe considerarse como una opción desinteresa-da o altruista sino como una respuesta común que impide las actuaciones unilaterales de ciertos Estados miembros para reducir los flujos migratorios. Por estas razones resulta de suma importancia restar protagonismo a las acciones me-ramente represivas y que la UE progrese en su intervención en un sector dominado por las competencias exclusivas de los Estados miembros. Dicha intervención puede reali-zarse eficazmente en dos líneas de actuación de carácter complementario. De un lado, a través de un enfoque transversal, que favorezca la cooperación con terceros países, la gestión integrada de las fronteras exteriores y una política justa en materia de repatria-ciones, de canalización de la emigración legal y de integración de los inmigrantes en la sociedad. De otro lado, con el concurso del principio de solidaridad y del reparto equi-tativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, extensivo al aspecto financiero (art. 80 TFUE), fomentando entre ellos una cooperación más eficaz el reparto de res-ponsabilidades. Ambas líneas serán susceptibles de garantizar en la práctica una mejor gestión de los flujos migratorios y una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros.