La Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2004 ¿Es posible combatir la violencia de género sin que se vea afectado el derecho a la igualdad?

En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

Coordinación de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil con la legislación especial

I. Normas especiales y ámbito de aplicación de la nueva Ley. II. Aplicación judicial del Derecho extranjero. III. Reconocimiento incidental y exequátur. IV. Condiciones del reconocimiento

La reforma de los sistemas multilaterales de negociación por la Ley 5/2015. Consecuencias del escándalo Gowex.

Este estudio examina la reforma de la regulación de los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN) por la Ley 5/2015 que estuvo, en parte, provocada por el escándalo de Gowex. Para ello, comienza exponiendo las características generales de los mercados alternativos de valores y su regulación en el Derecho comunitario y en el Derecho español, con especial referencia a la regulación especial de los principales SMN que operan en España, que son el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) dentro de Bolsas y Mercados Españoles (BME). A continuación, el estudio analiza el escándalo de Gowex de julio de 2014 -que puede definirse como la falsificación contable de un modelo de negocio fantasioso- y las enseñanzas que deben extraerse. Seguidamente, trata de la reforma de la regulación de los SMN por la ley 5/2015 y su reflejo en el TRLMV para alcanzar los objetivos de facilitar el tránsito desde la negociación en los SMN a los MSO y de garantizar la conducta adecuada de los sujetos que operan en ellos. El estudio se cierra con unas conclusiones deducidas del análisis efectuado.

La reforma del régimen legal de obligaciones introducida en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento a la financiación empresarial.

Principales novedades del régimen legal de obligaciones tras la publicación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento a la financiación empresarial.

Ley de la Jurisdicción Voluntaria y Derecho internacional privado

En materia de Derecho internacional privado la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria opta básicamente por remitirse de manera genérica a otras disposiciones de nuestro ordenamiento, incluidos los convenios internacionales y los instrumentos de la UE. La aplicación de las normas de competencia internacional puede plantear significativas particularidades en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en especial, con respecto a la concreción de las reglas relevantes, el alcance de ciertos mecanismos de flexibilización, la actividad de los operadores no jurisdiccionales y la coordinación con las reglas de competencia interna. En el ámbito del Derecho aplicable, la peculiar vinculación entre normativa material y procesal dificulta su delimitación y aconseja la coordinación entre los criterios de competencia y la determinación de la ley aplicable. Los intereses objeto de protección en los expedientes de jurisdicción voluntaria pueden justificar un tratamiento parcialmente diferenciado en lo relativo a la aplicación del Derecho extranjero. En materia de reconocimiento de resoluciones, ámbito en el que la nueva Ley sí incluye ciertas disposiciones específicas, presenta gran interés el análisis de las resoluciones susceptibles de reconocimiento, el régimen de inscripción registral, los motivos de denegación del reconocimiento y la coordinación con las normas incluidas en otras recientes reformas.

Reflexiones sobre la modificación del régimen de retribución de los administradores por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo pretende, entre otras cuestiones, la mejora del régimen retributivo de los administradores para que las remuneraciones reflejen adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente alineadas con el interés de la sociedad y sus accionistas. A este respecto, se plantean en el presente documento algunos de los principales problemas detectados en la reforma que pueden cuestionar la eficiencia de las medidas adoptadas, sobre todo en sociedades cerradas.

Problemática de la enseñanza de la religión en la ley orgánica del sistema educativo (LOGSE). Propuesta de un área curricular

En el marco de la política educativa española y en el contexto de la España del último tercio del siglo XX, la presente investigación pretende conocer la situación de la enseñanza de la Religión en el Sistema Educativo y la problemática que se plantea con la promulgación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) En este estudio se analizan los aspectos jurídicos, sociales y políticos en torno a la enseñanza de la Religión. El leitmotiv, el tema fundamental (el motivo) de esta tesis es eminentemente pedagógico, puesto que el asunto central es la Enseñanza Religiosa Escolar. Estudios y trabajos anteriores, la investigación actual en estos últimos años y la experiencia y vivencia personal nos ha llevado a elaborar: Una propuesta para la integración curricular de la enseñanza de la Religión. Su aportación a la educación integral. Así se intitulan las conclusiones. Es esta nuestra aportación, respetuosa siempre con otras convicciones a una problemática tan secular como actual. Para realizar esta investigación ha sido preciso mirar atrás, acotar un tiempo y un espacio. Contextualizar desde la memoria histórica. La Constitución de Cádiz (1812) como referencia inicial hasta la promulgación de una decisiva Ley de Educación en lo relativo a la presencia curricular de la enseñanza de la Religión, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE (1990). Y un espacio, España con sus gentes: sus ciudadanos y sus políticos, sus gobernantes y sus gobernados El pasado nos muestra y constatamos a lo largo de este trabajo de investigación, tras estudiar y analizar las fuentes originales legislativas, documentos históricos, documentos episcopales, boletines oficiales, bibliografía, que la enseñanza de la Religión ha sido y es una cuestión controvertida. Hemos comprobado que en los países de nuestro entorno han sabido abordar la cuestión de la integración de la Religión en el currículo básico de los alumnos con total normalidad, salvo en Francia...

Valoración Barón de Ley S.A

Este trabajo tiene por objeto valorar la empresa “Barón de Ley, S.A”. Por tanto, el objeto de estudio pretende dar respuesta a una serie de preguntas necesarias para entender la empresa y poder realizar hipótesis razonables a la hora de valorar la compañía. Esas preguntas son, entre otras: ¿a qué se dedica?, ¿quiénes son sus accionistas y directivos?, ¿cuál es su situación actual en el sector (debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades)?, ¿qué trayectoria está siguiendo?, ¿qué estructura financiera mantiene?, ¿qué rentabilidades logra?. Al ser Barón de Ley una compañía que cotiza en el mercado continuo español (bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia), se pretende analizar si está bien valorada por el mercado o por el contrario se encuentra infra/sobrevalorada. Para ello, se comparará la capitalización bursátil de la compañía 425.915 Mn€2 con el valor de los recursos propios de la misma (Equity value) que surgen de la valoración.