12 resultados para Legitimidad monárquica

em Universidade Complutense de Madrid


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Edmund Burke is both the greatest and the most underrated political thinker of the last three hundred years. We could not agree more with this assertion of Jesse Norman. Very few political-statesmen have attainted the enormous repercussion both in politics and in history that Burke had deployed over the last centuries. Nevertheless, Burke remains unfairly unknown for a wider public. And what it is more, the vast majority tend to think of him as a conservative, if not a liberal-conservative. A prior precision has to be made before continuing regarding the term liberal for the sake of accuracy. Burke was a prominent Whig, what in Spanish language we describe as a liberal, in the sense that both Hayek and Milton Friedman uttered, far from the meaning “kidnapped” of the word liberal by the Anglo-Saxon left. The object of this thesis is to investigate the non-solved controversy on Burke`s figure and the liberal answer he provided with to the political crisis of legitimacy of the 18th century. There is an existing shared opinion by the academia that prior to the Reflections on the Revolution of France, his masterpiece, he was an outstanding and prominent Whig. Champion of liberty, justice and good governance, guardian of liberal virtues and the authentic developer of the efficient policy put in place by the Marquis of Rockingham in order to curb the corruption and influence emanating from the court of George the Third and his double cabinet.

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Sin lugar a dudas, la entronización de Mohamed VI conllevó la profundización del impulso reformista iniciado a finales de los años noventa de la década anterior. Sin embargo, dichas reformas no han supuesto una transformación profunda del régimen majzeniano, heredero de una ancestral tradición política que con base en la legitimidad religiosa, y centrado en la figura del soberano, ha demostrado una gran capacidad de supervivencia, configurándose como un régimen singular en la órbita árabo-islámica, en cuanto goza de una excepcional doble legitimidad: la religiosa por la condición del Príncipe de los Creyentes que ostenta el Rey, y la política, que deriva de la continuidad de la dinastía alauí, respaldada por los tributos del constitucionalismo occidental. Si observamos el proceso de democratización en Marruecos, percibimos una serie de mensajes y decisiones contrapuestos, y notamos que a menudo la reforma va unida a la represión. Para comprender qué significan los cambios que se han producido y su real alcance, se deben traspasar los paradigmas de transición que hacen hincapié nada más que en la validez de los procesos electorales, y los que establecen una correlación entre el grado de desarrollo económico, medido en PIB per cápita y las probabilidades de desarrollo de una democracia efectiva, ya que aunque exista tal vínculo, no resulta del todo determinante, como lo es la ausencia de una sociedad civil vibrante. De ahí que el principal objetivo de la presente tesis es destacar la importancia del rol que juega la cultura cívica en los procesos de transición y consolidación democrática, con la finalidad de avanzar en la articulación de una explicación del problema de la democratización de Marruecos, que supere los apriorismos de atribuir al islam una esencia o naturaleza autoritaria, sin tacharlo de anti-democrático. Es decir, sabiendo distinguir entre los principios éticos del islam, y la suma de formulaciones y modelos producidos por los musulmanes en el curso de su historia, los cuales, sí resultan poco democráticos o no tan afines al ideal democrático. En efecto, nuestro análisis de los obstáculos para la democratización de Marruecos ha revelado la consolidación de una cultura paternalista, de sumisión y acatamiento que ha entorpecido a lo largo de los siglos la conformación de una sociedad civil instruida y participativa, abierta al cambio y capaz de llevar a cabo una tarea tan gigantesca, tal es construir entre todos, un Estado marroquí unido, fuerte y democrático.

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Los análisis sobre estrategias y herramientas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) vienen centrando su atención en la cuestión relativa a la participación real de los actores implicados, como variable necesaria para la pertinencia e idoneidad del impacto de las intervenciones (Thérien, 2002; de Haan, 2009a y 2009b; OCDE, 2011). En la actualidad existe un consenso generalizado sobre la importancia de la participación de los “stakeholders” en los proceso de desarrollo, como se puede evidenciar en la definición de Desarrollo Humano Sostenible o en los postulados de la Declaración de París, aunque no siempre ha sido así y en la práctica se encuentren más límites. La participación ha sido central en las reflexiones que se han dado desde los diversos paradigmas y enfoques poniendo en cuestión las relaciones de poder o las relaciones funcionales habitualmente presentes en la “cadena de la ayuda”1. Esta tendencia también se ha plasmado en la emergencia de enfoques participativos en la práctica evaluativa que, por su naturaleza política, implican un trabajo de reflexión conjunta que debe involucrar a los diferentes actores implicados para que el proceso tenga legitimidad y sea de utilidad social (Monnier, 1995). La cooperación española otorga gran importancia al proceso de evaluación y reconoce la necesidad de integrar la participación como un pilar fundamental dentro de la misma: “La implicación de los políticos, gestores y técnicos en el proceso de evaluación, y la participación de las contrapartes y beneficiarios son condiciones indispensables para poder evaluar una intervención” (MAEC‐SECI, 2007ª:26)...

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El principal objetivo de esta tesis es el análisis del estrecho vínculo que se establece entre los intelectuales y la política a lo largo de buena parte del siglo XX español a través de estudio de caso que supone la biografía intelectual de Javier Conde, uno de los más destacados ideólogos del franquismo. En el primer bloque, titulado Sobre el concepto de intelectual, hemos expuesto cómo la definición de intelectual ha supuesto un esfuerzo de elaboración e interpretación continuo en las ciencias sociales. Se verá que no hay uniformidad ni linealidad en dicha construcción teórica, puesto que la idea del intelectual se concibe desde un principio como compleja e irreducible a una visión univoca. Según los distintos autores que han intentado definirla, pasamos de una concepción del intelectual puro a otra más flexible, integradora de figuras como la del artista, el pensador, el sabio, el escritor o el filósofo. Las distintas disciplinas sociales se han interesado por el papel político del intelectual, su función cultural y su carácter catalizador en los cambios sociales, en los procesos de legitimación o deslegitimación de los regímenes políticos. Situado en estos términos, Laura Baca Olamendi realiza una tipología normativa del intelectual y destaca, además, la idea de que el intelectual ha de ser analizado como una figura marcadamente política en cuanto que es la expresión inevitable de un sistema de valores. Este principio de expresión en el intelectual queda recogido en los planteamientos de Norberto Bobbio que sintetiza la naturaleza del intelectual formulada en las primeras páginas de este estudio. Mediante el diálogo, la comunicación de su pensamiento, la trasmisión de sus ideas, el hombre de cultura muestra a otros intelectuales y a sus coetáneos la posición adoptada frente a los problemas de su tiempo. Y es a través de ese debate desde donde el intelectual traslada sus planteamientos a la sociedad para influirla. El intelectual debe entenderse como una materialización histórica que interviene en la ideología y en los procesos de legitimidad y deslegitimación de las sociedades contemporáneas...

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El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública que sitúa la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como ejes primordiales para la acción política. El gobierno abierto fomenta que las administraciones y los gobiernos afronten el reto de recuperar la legitimidad y la confianza de la población a través de la transparencia y la responsabilidad, así como mediante la generación de espacios de intercambio y participación que promuevan la inteligencia colaborativa. Desde hace más de una década, el concepto de gobierno abierto ha formado parte de los estudios de Ciencias Políticas en relación a la transparencia, la participación, la modernización de la administración pública y el gobierno electrónico. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando alcanzó su máxima notoriedad debido a la presentación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto presentado por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como punto de partida orientado a cerrar la brecha existente entre el pueblo americano y su gobierno. Poco después, un pequeño grupo de países (Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido, bajo el liderazgo de Brasil y los EE.UU.) crearon la Alianza para el Gobierno Abierto u Open Government Partnership (OGP) una iniciativa destinada a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación gracias a las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías y la web 2.0. A partir de ese momento, el gobierno abierto entró a formar parte de la agenda internacional, ofreciendo prácticas y conocimientos en red basados en un nuevo esquema de relación entre gobierno y ciudadanía a través del uso de las nuevas tecnologías...

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El presente trabajo de investigación se ha centrado en las decisiones de las políticas sanitarias de los modelos de National Health Service descentralizados, cuyo study case se ha focalizado en los casos de la Comunidad de Madrid y la Región de Lombardía. La política sanitaria constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, siendo una de las políticas públicas de mayor peso e importancia en términos de legitimidad política. Su formulación, programación y puesta en marcha dependen de la voluntad política de los gobiernos, de la existencia de alternativas y recursos, pero también de la interacción de una pluralidad de actores, que se encuentran implicados en los mecanismos de decisión. Varios países europeos iniciaron un largo recorrido en la transformación de sus propios modelos sanitarios en las últimas décadas del siglo pasado, coincidiendo con la crisis del Estado de Bienestar. De hecho desde mediados de la década de los 70 a mediados de los 90, varios países europeos emprendieron reformas de signo neoliberal en campo sanitario, endureciendo los criterios de elegibilidad para poder beneficiarse de los servicios o introduciendo copagos. Las decisiones tomadas al respecto han derivado en múltiples expresiones, en cuanto a modelos sanitarios se refiere, pero también en diferentes procesos de reformas, llevadas a cabo con una flexibilidad distinta, adaptándose al terreno concreto y circunstancias de cada país. Es necesario recordar que los sistemas sanitarios europeos se forjaron en el periodo de maduración del Wefare State (1960-19752), cuando éste asumió la responsabilidad de la producción directa de bienes y servicios. Pero al entrar en crisis, el Estado del Bienestar tuvo que afrontar su propia transformación adecuándose a las exigencias del contexto económico y social, sin desatender el compromiso generado en su origen con los ciudadanos. Sin embargo, hoy día esa transformación, está ligada al surgimiento de nuevos problemas colectivos (Dente y Subirats, 2014, pag.44). Concretamente y en relación a la política sanitaria, estos problemas son derivados del aumento de los costes asistenciales, a su vez ocasionados por la innovación de las nuevas tecnologías, pero también por el envejecimiento de la población...

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Cuando nos acercamos al primer aniversario del referéndum español sobre la Constitución Europea del pasado 20 de febrero de 2005, tras las grandes expectativas levantadas, cabe preguntarse qué es lo que ha pasado con los resultados del mismo, cómo se ha gestionado el “sí” y en qué circunstancias concretas se encuentra el proceso político y cuáles son las perspectivas futuras. En un año ha cambiado completamente la percepción de la opinión pública en torno al futuro de Europa. Se ha pasado de la percepción de un claro apoyo al proyecto constitucional europeo a decir que la Constitución estaba muerta y, ahora, a sostener que empieza a “resucitar”. El problema de la ratificación, a nuestro juicio, no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político en el cual está teniendo lugar la ratificación, o dicho de otra manera, los “noes” no han sido causados tanto por el texto como por el contexto. Para explicar esta proposición central, que el problema de la ratificación no está en el Tratado Constitucional sino en el proceso político, partimos de analizar la relevancia del proceso político desde la aprobación de Niza en 2001, en el que por primera vez se explicita la necesidad de revisar el procedimiento de reforma de los Tratados, surgiendo de la sociedad, a través del debate sobre el futuro de Europa. Será también la primera vez que la misma se deja de abordar únicamente a través de los Gobiernos y en secreto y se lleva a cabo a través de una Convención como recoge la Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En esa Convención Europea participa en la reforma de los Tratados por primera vez una doble legitimidad, europea y estatal, y dentro de esta los representantes de los Parlamentos Nacionales. De este método innovador surge la Constitución Europea como respuesta a las demandas de los ciudadanos de explicitación del modelo político, de hacerlo más democrático y transparente, más eficaz, más simple en los procedimientos y en las normas jurídicas, que desarrolle el modelo social europeo, y con más instrumentos para una mayor presencia en el mundo y la gestión de la globalización. Tendremos en cuenta como el Parlamento Europeo reconoce precisamente esta realidad por una amplia mayoría y por primera vez entiende que se han resuelto problemas estructurales básicos y que, en definitiva, responde a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades objetivas de Europa. Considera además la relevancia del simbolismo de la Constitución y el significado político que el Parlamento Europeo venía reivindicando como representante de la soberanía europea. Siguiendo el análisis del proceso político estudiaremos las catorce ratificaciones positivas, bien a través de los Parlamentos Nacionales, con votaciones mayoritarias, a través de referendos en los Estados miembros. Nos detendremos en los “noes” francés y neerlandés como problemas nacionales y no europeos, no de texto sino de contexto, que especialmente es un “no” a lo que había y no a lo que viene, pero que va a incidir negativamente en la percepción del desarrollo de la vida política europea en su conjunto. Tras explicar la decisión del Consejo Europeo por la que se paraliza la ratificación, presentaremos la percepción de la crisis y los efectos políticos del “no” francés y neerlandés, analizando a continuación qué es lo que ha fallado en el proceso de ratificación, teniendo en cuenta que se ha democratizado y europeizado la fase de propuesta y redacción de la Constitución pero que se deja todavía en manos de los Estados nacionales su aprobación definitiva. Abordaremos la inviabilidad institucional del Tratado de Niza, en vigor desde el 1 de febrero de 2003, especialmente desde la ampliación a veinticinco un año después, y con los ojos puestos en una Unión de unos treinta Estados miembros en no más de cinco años. A continuación explicaremos el “coste de la no Constitución”, es decir, lo que nos está costando a los europeos el que la Constitución no esté en vigor en los plazos previstos, y lo que nos estamos perdiendo con el retraso presumiblemente de al menos un año en el mejor de los casos. Después de tener en cuenta la atonía institucional, especialmente durante el semestre de Presidencia británica, se estudiará la salida material a la crisis, que no es otra que la reactivación del proceso político a través de la adopción de políticas concretas y de soluciones en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias con objeto de hacer funcionar las instituciones y de cambiar la percepción de los europeos sobre las mismas con la finalidad de visualizar la necesidad de “más Europa” y su expresión al día de hoy que no es otra que la Constitución Europea. Una vez tenidas en cuenta las vigencias anticipadas de la propia Constitución así como la irreversibilidad de las conquistas democráticas de este proceso político, estudiaremos la salida formal a la crisis a través de reanudar el proyecto constitucional y la forma de superar el laberinto de la ratificación, sus calendarios y sus decisiones, posiblemente en poco más de un año en el Consejo Europeo alemán de marzo o junio de 2007. En las últimas semanas se han producido una serie de señales políticas nuevas, por lo que puede vislumbrarse a lo lejos la salida del laberinto. Así, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 ha logrado finalmente aprobar las perspectivas financieras. A la vez, se constata la necesidad de “más Europa” y el propio Consejo Europeo ha acordado la necesidad de crear una política común de migraciones y una política común de energía. En ese mismo Consejo Europeo se ha clarificado el liderazgo del nuevo Gobierno alemán y se han clarificado las incógnitas sobre cuáles son sus preferencias en relación a Europa. Además, el 19 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobaba una nueva Resolución sobre el período de reflexión en la que ratifica su apoyo a que la Constitución entre en vigor antes de 2009. Igualmente se avanzan en cierta manera los posibles calendarios de la vigencia, al anunciar ya los Gobiernos alemán y portugués que ocuparán la Presidencia en 2007 que su objetivo compartido será la entrada en vigor de la Constitución Europea.

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Chile ha aumentado la cobertura en la Educación Media Técnico–Profesional, sin embargo existen problemas que impiden mejorar su calidad: excesiva desregularización, favoreciendo el crecimiento inorgánico de especialidades; desconexión con las necesidades de competencias del trabajo; centros deficientes; carencias de evaluaciones de calidad de la educación y docentes poco capacitados (Sepúlveda, 2009). El año 2005, se validaron diez competencias transversales de la administración pública, que cumplen con los criterios de pertinencia y legitimidad, con alta transversalidad horizontal (todas las instituciones públicas) y vertical (todos los estamentos) (Vergara y Meneses, 2005). Esta tesis se orienta al conocimiento del enfoque de competencias laborales y de la teoría social cognitiva, en específico de la creencia de autoeficacia, con el fin de generar un instrumento que permita plasmar creencias de autoeficacia, en relación a las competencias transversales identificadas por la Administración Pública Chilena para técnicos-profesionales...

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El ascenso de los países emergentes y la cooperación Sur Sur plantea un escenario de adversidad para la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Afecta a su posición de liderazgo, influencia, legitimidad y normatividad. Este artículo examina este desafío y la respuesta de la UE a través de las importantes reformas adoptadas a partir de 2011 y, en particular, del «Programa para el cambio» de la política de desarrollo y los nuevos instrumentos que vinculan comercio y desarrollo. El artículo concluye que la UE se ha situado entre un difícil acomodamiento y el atrincheramiento en un paradigma de ayuda Norte-Sur tradicional, que impide buscar fórmulas de cooperación triangular y nuevas asociaciones para el desarrollo de carácter horizontal con los países de renta media.

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El trabajo se centra Transición a la democracia en la España. Concretamente, se indaga sobre las representaciones sociales del proceso y las construcciones de discursos que han servido de marco de interpretación colectiva y del relato histórico transicional. La lucha por la representación, como cualquier conflicto político y social, no deja de ser una pugna por el poder. La existencia de un discurso dominante es parte de la legitimidad que estableció y mantuvo en el tiempo el sistema político, económico y social que emergió en las últimas décadas del siglo pasado. En los últimos años, España es el escenario de una profunda crisis política, económica y social, donde los cimientos del sistema se han tambaleado, afectando incluso a su legitimidad democrática, especialmente desde el surgimiento del Movimiento 15M. Podemos hablar de un proceso de cambio social, incluso político, donde la representación hegemónica de nuestro país desde la Transición y durante las décadas siguientes, está en un proceso de transformación. Mi hipótesis principal de trabajo es que el discurso dominante tradicional de la Transición española está obsoleto, es decir, la representación del periodo ya no coincide con la “oficial”, que ha perdurado durante las últimas décadas. Con esto quiero señalar que dicho discurso, en primer lugar, nunca fue el único. Siempre se enfrentó a otras interpretaciones. En segundo lugar, estas representaciones alternativas se han sumado en cierto modo a los procesos de cambio social surgidos en el contexto de crisis. Este cambio supone que se esté reconstruyendo el imaginario colectivo de la Transición y del régimen democrático que surgió del proceso. Para la primera parte del trabajo, que enmarca el Mito de la Transición, he seleccionado fuentes que me ayuden a delimitar los elementos fundamentales del discurso dominante, desarrollado principalmente desde las élites políticas (discursos políticos), los medios de comunicación (noticias y documentales) y la academia (artículos). En la búsqueda de relatos alternativos he investigado los datos de diferentes fuentes secundarias, tanto audiovisuales (documentales, reportajes, películas, etc.) como investigaciones y entrevistas que tratan el tema: entrevistas ARMH, miembros del Foro por la Memoria, PCE, Plataforma contra la impunidad del franquismo, etc. Entre las conclusiones se afirma que, efectivamente, hay en movimiento diferentes concepciones y significados de democracia y ciudadanía, así como el proceso transicional esñaol, y que dichos discursos alternativos al relato oficial se han reactivado en el momento de crisis y las movilizaciones de los últimos años en nuestro país.

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Partiendo del debate sobre la legitimidad democrática de la UE y del déficit de esfera publica a escala transnacional europea, los autores de este texto revisan algunas de las iniciativas de dialogo con la sociedad civil, así como diferentes procesos de deliberación y participación a escala transnacional promovidos por las autoridades comunitarias en los últimos 10 años. Este recorrido teórico e histórico permitirá analizar cuales han sido y son sus implicaciones a la hora de democratizar el espacio de la UE y cuales son las posibilidades que abre para la acción de la sociedad civil europea la Iniciativa Ciudadana Europea, que se podrá poner en marcha desde abril del 2012.

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A fin de luchar contra la exclusión social y la pobreza, La Unión Europea reconoce la legitimidad de las ayudas destinadas a facilitar el acceso a un alojamiento digno. Por diversas razones, las características de la producción y gestión del parque de viviendas han estado marcadas en los diferentes países de la Unión Europea por sus características nacionales, y de modo particular la denominada vivienda social. No existe una definición única de vivienda social en Europa. El presente trabajo prentende realizar una aproximación a dicho concepto, así como a las características de las cooperativas de vivienda en la Unión Europea, y sus relaciones con la producción de vivienda social, así como la comparación con el resto de promotores sociales. Se va a tratar de analizar por qué las cooperativas de vivienda, independientemente de su forma jurídica, son alineadas frecuentemente con otros promotores de vivienda social en cuanto a actividad y productos, y en cuanto dirigidas a los más débiles económicamente.