5 resultados para K Leyes en General

em Universidade Complutense de Madrid


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El presente trabajo se centra en el análisis del dios K’awiil dentro de la sociedad y de la religión mayas. Para poder llevar a cabo dicho análisis se utilizó un enfoque interdisciplinario que empleó la Arqueología, la Iconografía, la Epigrafía, la Etnohistoria y la Etnología. Después de la realización del estudio se ha podido comprobar que K’awiil es la representación del fuego celeste, es decir el rayo, que como uno de los responsables de la llegada de las lluvias acaba siendo a su vez, la deidad responsable de la abundancia presente en la naturaleza a través de la cual la sociedad maya se proveía de alimentos. Está relacionado especialmente con el dios maya asociado al maíz y a la vegetación, pero también con las aquellos dedicados a la protección de los animales. Además de con el maíz, también se asocia a otra planta especialmente importante para la élite maya, el cacao. K’awiil está presente en varios mitos en los que estas capacidades de potenciación y protección de la naturaleza están presentes, como el mito del surgimiento de la semilla del maíz y el de la obtención de los alimentos de la Montaña del Sustento. Asimismo, está presente en múltiples rituales calendáricos, como son las ceremonias del Año Nuevo, el calendario de 819 días, donde aparece como una advocación en la que se mezcla con el Señor de los Animales, en celebraciones de conmemoración de Tuun y de K’atuun y en relación al planeta Venus, siempre empleando este aspecto de proveedor de alimentos y primando su relación con la planta del maíz. Uno de sus aspectos más interesantes es el de protector de la naturaleza, el cual comparte una deidad dedicada a la protección y cuidado de los animales denominada Sip. Este carácter de protector y de proveedor de los bienes naturales para beneficio del hombre fue quizás el motivo por el cual fue elegido como símbolo del poder real, ya que su imagen fue empleada por los gobernantes mayas, primero surgiendo de barras ceremoniales, y más tarde, en forma de cetro. Este símbolo perdurará hasta el periodo Posclásico y su último ejemplo aparece durante la colonia. Asimismo fue empleado por los gobernantes en múltiples ceremonias, entre las que se encuentra la toma de dicho cetro, la invocación de seres sobrenaturales y bailes en donde su forma de cetro era empleada...

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Los medios de comunicación dan cuenta diariamente de hechos noticiosos relativos a asesinatos de mujeres cometidos principalmente por varones que mantenían o habían mantenido relaciones afectivas con las fallecidas. La relevancia de este tipo de noticias ha cobrado significado, y es de obligado cumplimiento su publicación por la profesión periodística desde la muerte de Ana Orantes, en diciembre de 1997. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla diversas medidas de prevención de este tipo de violencia en los ámbitos público y privado; creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se encargan de los procesos penales relativos a este tipo de violencias y, en general, protege a las mujeres contra los malos tratos, las lesiones, las amenazas, las vejaciones y las coacciones. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, refuerza la ley anterior, para lo que incluye mecanismos que favorecen la igualdad de género en la vida laboral y social. Pero, ¿qué cambios ha experimentado la información periodística relativa a la igualdad de género y a la violencia de género que pueden ser atribuibles a las leyes de igualdad y violencia de género? Se parte de la hipótesis de que las informaciones periodísticas no explican por qué siguen muriendo anualmente entre 50 y 70 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La teoría feminista inscribe estas muertes en la desigualdad de género y en la cultura del patriarcado, que subordina a las mujeres culturalmente a los varones, sin embargo las informaciones periodísticas no relacionan desigualdad de género con violencia de género. Al abordar este trabajo de investigación, se entendía que tendrían que haberse producido cambios en el tratamiento informativo de este tipo de violencia porque ambas leyes contemplan cierta responsabilidad de los medios de comunicación en la trasmisión de la imagen de las mujeres y de los hombres más acorde con la realidad. Por lo quese trató de averiguar cuáles han sido esos cambios...

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Cuando hacemos referencia a la conducta antisocial nos referimos a una serie de comportamientos que infringen las normas o leyes establecidos; en el momento actual con una repercusión a nivel individual, clínico, familiar y a nivel social esto nos lleva a tener que poner mucho más empeño en poder poner de manifiesto la necesidad de estudiar aquellos factores de riesgo que está influyendo en dicha conducta. Numerosos son los estudios que se han llevado a cabo sobre este asunto por distintos autores y conocedores de la materia, y en este recorrido ya se han podido vislumbran muchos factores no solo de riesgo sino de protección, que pueden llevarnos a comprender y entender de un modo más claro y conciso la naturaleza del fenómeno que estamos abordando. A pesar de todo lo anterior no existe, hasta el momento suficiente consenso sobre la conceptualización de la conducta antisocial, dado por ser un constructor complejo y su uso en la investigación es frecuentemente ambiguo ya que, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo alusión a diferentes conductas sin una clara delimitación terminológica (Rutter, Giller y Hagell, 2000). En general, la conducta antisocial hace referencia a una diversidad de actos que generan daño en los demás, frecuentemente en forma de agresión, o que violan las normas sociales y los derechos de los demás (Burt y Donnellan, 2009; Peña y Graña, 2006). Sin embargo, el que una conducta se conceptualice como antisocial también está en función del juicio o valoración social acerca de la gravedad de los actos cometidos y de su alejamiento de las pautas normativas en una sociedad en concreto (Kazdin y Buela-Casal, 2002). En esta valoración intervienen multitud de factores tales como la edad del menor, su sexo, la clase social y otras circunstancias socio-contextuales (Pahlavan y Andreu, 2009; Romero, Sobral y Luengo, 1999; Vázquez, 2003)...

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Entre los deberes de los miembros de los órganos de gobierno de las diferentes entidades, vinculados al buen gobierno de éstas, destaca el deber de lealtad, derivado del deber de buena fe, y consistente en la obligación de actuar en interés de la entidad en caso de conflicto de intereses con ésta, subordinando los propios a favor de aquélla, salvo que se autorice tal situación. Se trata de un deber predicable tanto respecto de los miembros del órgano de administración, que deben gestionar el interés de la sociedad, como de los socios, tomando en consideración el fin común que deriva del contrato de sociedad. Este deber, al mismo tiempo se concreta en una serie de normas más precisas, relativas a la transparencia, la remuneración, la prohibición de competencia, la autocontratación, etc. Partiendo de lo anterior, este estudio recoge una comparativa de la regulación del deber de lealtad y sus distintas concreciones en las Leyes de cooperativas en España, tanto en relación con los administradores sociales, como de los socios en general, comparando ésta al mismo tiempo con la regulación de estos aspectos en el Derecho de sociedades en general, y en la Ley de Sociedades en General en particular, con el objetivo de obtener una visión general de la cuestión, base necesaria para poder profundizar en ella, planteando una serie de conclusiones o valoraciones preliminares.

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La crisis ambiental que atravesamos actualmente es consecuencia del avance vertiginoso de las diferentes actividades humanas, lo cual se constituye en una amenaza constante a la biodiversidad. Los problemas ambientales afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza, es decir: el aire, el agua, el suelo, los bosques y la cobertura vegetal en general, los animales, la energía, el clima y las personas; y ello está amenazando a la vida de las presentes y futuras generaciones. Ecuador, a pesar de su riqueza ecológica y cultural, durante las últimas décadas ha ejercido cada vez mayor presión sobre el ambiente a raíz de: el incremento acelerado de la población, la migración del campo a la ciudad, los modelos de consumo insostenibles, la explotación del llamado oro negro o petróleo, la degradación y pérdida directa de bosques, humedales y otros ecosistemas. Aspectos que constituyen un riesgo, no solo para el ambiente, sino también para la sociedad y el bienestar humano, pues la biodiversidad representa la base para la vida en nuestro planeta y es uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible. Aún cuando los grandes problemas ambientales que estamos atravesando son comunes a los del resto del mundo, en Ecuador encontramos cuatro grandes problemas o macroproblemas ambientales: la destrucción y fragmentación de los hábitats, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación. A éstos podríamos sumar uno más: el cambio climático global, cuyos efectos a mediano y largo plazo ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de toda la humanidad. Ante la magnitud de los problemas ambientales que nos afectan, el universo tiene los ojos puestos en la búsqueda de alternativas a los mismos. Por esta razón, se vienen desarrollando una serie de eventos, reuniones, conferencias a nivel nacional e internacional, con el propósito de aunar esfuerzos en el diseño de políticas y estrategias generales y particulares, que permitan aproximarse al equilibrio en las relaciones del ser humano con la naturaleza...