3 resultados para Iglesia Católica en Checoslovaquia

em Universidade Complutense de Madrid


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La Guerra civil española supuso una complicación importante para la diplomacia vaticana. La situación de los primeros meses en la zona republicana donde se produjo una situación de exterminio de lo religioso católico en prácticamente toda la zona de su jurisdicción, la persecución que continuó, una vez consolidado el gobierno del Frente Popular, y la ausencia de garantías para la libertad de cultos hasta prácticamente el final de la guerra fueron factores condicionantes que impidieron un acercamiento entre el Vaticano y el gobierno del Frente Popular. El gobierno del General Franco, por el contrario, apoyó a la Iglesia Católica. Ello no obsta para que existiesen importantes puntos de fricción entre el Vaticano y el gobierno de Franco. La cuestión del reconocimiento, el fusilamiento de sacerdotes vascos, los intentos de que el Vaticano condenase la alianza del PNV con el gobierno del Frente Popular, los intentos de mediación, los bombardeos de poblaciones, el apoyo diplomático de Alemania e Italia al gobierno de Franco fueron puntos de especial fricción y preocupación. Esto explicará que el nombramiento del Cardenal Pacelli como Papa Pío XII fuese acogido por el gobierno de Franco con extrema frialdad.

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La presente investigación trata de responder la siguiente pregunta: ¿hay un proceso de confluencia ideológica a lo largo de los siglos XIX y XX de los liberales y conservadores mexicanos en un proyecto educativo nacionalista? Para responderla, el trabajo analiza la disputa ideológica de tipo histórico en torno a la educación entre la élite liberal y la conservadora católica (incluida la jerarquía católica) mexicanas, con referencia a las relaciones Iglesia-Estado y al proceso de construcción de la nación. Dicho en otros términos, este trabajo analiza la construcción de la nación en México a través de la educación durante el periodo 1857-1982. En este estudio se considera que el origen de la nación mexicana es resultado de un proceso de construcción orquestado por las élites. El proceso se inició formalmente con la independencia de España en 1821. Desde entonces, las élites consideraron a la educación como una herramienta fundamental para trasmitir sus valores y construir los emblemas representativos de la nación. Las élites políticas percibieron que el monopolio de la educación les dotaba de ventajas sobre sus competidores, ya que proporcionaba diversos recursos institucionales para el ejercicio del poder y su conservación. En la disputa por el control de la educación, la Iglesia Católica (y el conservadurismo católico) proponía que la orientación moral del Estado, así como los valores de la democracia y la participación política, deberían sustentarse sobre una educación integral que incluyera la religión católica como parte de la regeneración moral de los individuos. Por su parte, la élite liberal dedicó el quehacer público a la secularización de la educación y a crear una sociedad racional que se liberara del oscurantismo y del fanatismo religioso. El conflicto se agudizó cuando la Iglesia Católica perdió el monopolio educativo con las Leyes de Reforma (1855-1863); entonces comenzó una fuerte competencia con el Estado (el Gobierno) por el control ideológico y político de la sociedad. Por su parte, la élite política liberal impidió el avance del conservadurismo católico y se hizo con los recursos institucionales (formales e informales) para conservar y legitimar su control del poder...

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Si bien es posible establecer un hilo de continuidad con los discursos y las actitudes antisemitas de la España de los siglos XV y XVI, fechas en las que la agresividad contra los judíos alcanza sus cotas más elevadas (no sólo por la expulsión colectiva de las comunidades hebreas en 1492, sino por la actuación represiva desplegada por la Iglesia Católica y la Monarquía, esto es, por la Inquisición y el nuevo Estado unificado tras la unión de las coronas de Aragón y Castilla y la conquista del último enclave musulmán en la Península), lo cierto es que la participación de nuestro país en el proyecto político alemán que culminó con la aniquilación de más de cinco millones de judíos europeos fue solamente tangencial. Tenía razón el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Abba Eban, cuando tomó la palabra el 16 de mayo de 1949 para explicar por qué el recién creado Estado de Israel no aceptaría al régimen de Franco en la comunidad internacional. Eban reconoció que España no tomó parte “directamente” en la política de exterminio llevada a cabo por Alemania con la colaboración de otros Estados europeos, pero su alineamiento ideológico con el Tercer Reich “contribuyó a la eficacia” de los objetivos que se proponía: hacer de una Europa bajo domino germano, un espacio “libre de judíos”. Quizá porque España, o al menos de ello presumían las autoridades del nuevo Estado franquista, como lo habían hecho, si bien con bastante más prudencia política, las republicanas en los años 30, ya era un país sin judíos. Efectivamente. Según las estimaciones aceptadas por la mayor parte de los historiadores en base a un censo elaborado en 1933, la comunidad judía en España no estaba compuesta por más de 6.000 personas, muchas de las cuáles decidieron emigrar al comienzo de la Guerra Civil. Y esa ausencia de judíos será la que determine no sólo la actuación política del régimen en los años de mayor persecución contra ellos en el continente, sino el discurso propagandístico que hacía del antisemitismo un punto de encuentro ideológico entre el nuevo Estado franquista y los Estados totalitarios consolidados en Europa en el período de entreguerras...