7 resultados para Descentralización

em Universidade Complutense de Madrid


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Se tiende a contemplar la descentralización como una decisión que se toma en una coyuntura, y a evaluar sus resultados a partir de los efectos que se producen desde dicho hito. Aunque en los estudios no se asume la descentralización actual como un hecho emergente, es decir, como un hecho sin precedentes, si se le atribuyen las características que actualmente tiene, a las reformas de la década de los ochenta del siglo XX y a la Constitución de 1991, que dieron como resultado la que se considera la etapa con mayor descentralización de la República de Colombia. Antes de tales reformas, a las divisiones territoriales no se les reconoce un rol específico y determinante en la construcción y consolidación del Estado de Colombia. Visto así, la descentralización en Colombia es un proceso relativamente joven, de un poco más de 30 años. No obstante, los estudios sobre la descentralización en esas décadas no permiten observar cómo evolucionaron las reglas y organizaciones de la descentralización en el Estado Colombiano, de forma que se contribuya en la explicación del actual diseño de la descentralización y su desempeño La presente tesis doctoral titulada “Descentralización, Instituciones y Organizaciones. Trayectoria en Colombia”, tiene como como objeto de investigación, las instituciones, organizaciones de la descentralización en Colombia en el periodo de la República 1821 a 2014. El objetivo principal es identificar los elementos que contribuyen a la explicación y comprensión del rol jugado por las divisiones territoriales en la construcción y consolidación del Estado Colombiano, así como la configuración organizacional de la descentralización que resultó en dicho proceso. Los objetivos específicos de la investigación fueron: explorar, describir y analizar las instituciones que configuraron el poder público en la República de Colombia y su relación con las divisiones territoriales, desde el nacimiento de la República hasta el presente; identificar la trayectoria de las formas organizacionales que han actuado en la descentralización en Colombia desde el inicio de la República y que determinaron la actual configuración organizacional de la descentralización; e identificar la configuración de reglas y organizaciones que ejercen la vigilancia y el control de gestión fiscal y resultados de la descentralización en Colombia...

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La presente investigación analiza el proceso de descentralización de base municipal aplicada en Bolivia entre 1994 (promulgación de la Ley de Participación Popular) y 2006 (elección de prefectos y el referéndum por autonomías)1, planteando para este efecto una perspectiva analítica distinta a la generalmente utilizada en los tradicionales estudios sobre el tema en el país, esta vez centrada en las relaciones intergubernamentales como un enfoque que permite observar a las estructuras estatales en su funcionamiento concreto, es decir, el ‘ser’ del proceso, más allá de las imágenes estáticas que emergen de los estudios esencialmente normativos que reparan básicamente en el ‘deber ser’ del mismo. La hipótesis central del estudio vincula, en clave de causalidad, la existencia de un supuesto ‘déficit en el establecimiento de canales y mecanismos de relaciones intergubernamentales’ (variable independiente) como un factor que contribuyó a la ‘deslegitimación política del modelo de descentralización de base municipal en Bolivia’ (variable dependiente), planteamiento que pudo ser parcialmente corroborado a partir de la sistematización, interpretación y significación de la información obtenida, confirmando la existencia de un incipiente y endeble sistema de RIG que emerge tardíamente en el escenario nacional afincándose débilmente en un proceso de descentralización municipal que por entonces había reportado notables avances. Se produjo, en otros términos, un desarrollo asimétrico entre un sistema de RIG incipiente y por lo mismo débil y desestructurado, frente a un notable desarrollo normativo y discursivo del proceso de descentralización de base municipal por entonces en ebullición, lo que contribuyó, entre muchos otros factores, al debilitamiento del modelo y al surgimiento de demandas que propugnaban su reforma desde distintas vertientes y con intensidades variables, todo en el marco de la crisis general del sistema que se produjo en el país durante el periodo de estudio y que a la postre dio origen a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum nacional el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo.

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Las intervenciones dirigidas a fortalecer los sistemas de salud, en sus distintas tipologías y formas, han demostrado ser una herramienta esencial para mejorar y mantener la salud de la población. A pesar de esto, no está claro qué modelo de sistema de salud es más efectivo o qué organización estructural mejora la gobernanza global del sistema. Las reformas del sector salud basadas en atención primaria de salud (APS) han sido posiblemente las más extendidas de los últimos 30 años. La estrategia de APS se reconoció como el pilar fundamental para la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000, y se centró en dos elementos principales que se añadían al modelo de cuidados: la promoción de la salud basada en la lucha contra los determinantes sociales de la salud, y la descentralización de los servicios de salud asociado a participación comunitaria. Mientras la eficacia de las estrategias basadas en atención primaria ha sido ampliamente demostrada tanto en países de renta alta como en países de bajos recursos, no existe consenso entre los investigadores sobre si la descentralización, de forma aislada, es una reforma que mejora el desempeño de los sistemas de salud o si es una estrategia adecuada para países con bajos recursos. A pesar de ello, la mayor parte de los países africanos se embarcaron en los años 80 en procesos de descentralización a diferentes escalas con el aumentar la sostenibilidad del sistema y mejorar su eficiencia. Aunque las reformas han variado en la magnitud de la reforma, todas ellas han compartido dos elementos: descentralización del sistema de salud y utilización de fondos rotatorios para medicamentos esenciales...

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La educación es un derecho fundamental, cuya finalidad básica es el desarrollo humano, moral e intelectual de las personas que configuran la sociedad. Es necesario garantizar la igualdad en el acceso y en el desarrollo del derecho a la educación, resolviendo el problema del fracaso y abandono escolar, que afecta especialmente al alumnado que procede de las clases más desfavorecidas. En este sentido, la educación –en su condición de universal, pública y gratuita– se convirtió en un pilar del Estado de Bienestar clave para poder cohesionar una sociedad compleja y multicultural, encargándose de compensar los desequilibrios y desigualdades que el sistema económico pudiera generar por su propio funcionamiento. No obstante, se considera que en el momento a partir del cual la lógica neoliberal se hizo predominante en la economía mundial, la educación no quedó al margen, viéndose afectada tanto en la definición de sus objetivos como en el papel que dentro de ella quedaba reservado para el Sector Público, así como para los demás agentes que intervenían en ella. Todo este proceso ha venido marcado, a su vez, por el desencadenamiento de la crisis económica internacional de 2008. Por otro lado, los países de la UE-15 comparten la existencia de una educación obligatoria, que abarca entre diez y doce cursos, junto con la gratuidad de esta enseñanza en los centros de titularidad pública. No obstante, los países difieren en dos principales rasgos de sus modelos de financiación: el grado de descentralización de sus sistemas educativos y la existencia o no de subvenciones a los centros de titularidad privada. España, con un sistema educativo descentralizado desde el año 2000, representa un caso singular dentro del panorama internacional en lo referente a su red de centros privados, bajo regulación estatal, a los que se transfieren fondos públicos a través de los denominados conciertos educativos. A su vez, la descentralización regional de la gestión educativa supuso el traspaso de las funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, de forma que estas pasaron a ser las principales responsables de la asignación del gasto en educación...

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La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...

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Esta tesis examina desde una perspectiva histórica de larga duración cómo se han configurado diversos escenarios de disputa política en la Orinoquía colombiana, a través del colonialismo interno y la configuración de la región como margen del Estado, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores dominantes que han tenido presencia en la región, y las relaciones de dominación y poder que han entablado con un el pueblo sikuani como sujeto subalterno. Se presenta así, una línea de tiempo que permite visualizar temporalmente tanto las cosas que permanecen como aquellas que se transforman o que emergen en momentos concretos. En cada escenario se hacen visibles dispositivos de poder disciplinario utilizados por los actores dominantes, y de las acciones que el pueblo sikuani, como actor subalterno, ha utilizado para negociar y resistir su opresión. Nos encontramos entonces con una antropología de los contactos y los encuentros coloniales; entre los agentes dominantes –misiones católicas, misiones, evangélicas fundamentalistas, funcionarios del Estado, terratenientes, grupos paramilitares, entre otros- y subalternos – el pueblo sikuani- para entender los momentos de crisis, ruptura y su contraparte, la formación de alianzas. Se examina así la configuración de la hegemonía entendida no como “consenso” sino como un proceso hegemónico que genera un espacio de controversia, confrontación y colusión entre grupos dominantes y grupos subordinados. Asimismo hay una descentralización de la historia focalizada en el Estado central, girando la mirada hacia las márgenes donde se dan complejas relaciones de poder, en las que se insertan los sectores subalternos, en este caso el del pueblo sikuani. Además se exploran las disputas en el interior de las comunidades indígenas, es decir, de la hegemonía comunal para examinar los cambios de autoridad y disputas políticas a nivel comunitario. Desde una visión etnográfica e histórica, hay una aproximación a las prácticas cotidianas y políticas de una comunidad sikuani, a su manera de relacionarse con los grupos dominantes, pero también a sus dinámicas políticas internas.

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Presentamos una reflexión sobre el abismo existente entre el significado que tienen las declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO y la percepción e interpretación que le llega a la sociedad, transmitida por las declaraciones de los políticos que gestionan el Patrimonio y repetidas por los medios de comunicación. Desde que se proclamó la Convención de 1972 (París) el concepto de Patrimonio Mundial ha experimentado una evolución interesante visible a través de los avances que se han producido en materia de conservación y valoración del Patrimonio por parte de la sociedad y traducida en el reconocimiento de nuevas categorías patrimoniales además de los Monumentos y Sitios: Centros históricos, Itinerarios culturales y Paisajes culturales. Analizamos también los desvíos que afectan a los bienes declarados tales como la reproducción de los bienes patrimoniales, la reproducción del arte y la pérdida de autenticidad como ejemplo del gravísimo problema derivado de las implicaciones legales y económicas sobre la propiedad del Patrimonio. Es un problema cultural que afecta al comportamiento de los gestores cuando actúan con los valores colectivos de los bienes patrimoniales, comportamiento que se contrapone con el modo con que la sociedad quiere mantener la autenticidad de su memoria y tener acceso a su disfrute. El cambio de relación de los ciudadanos con los valores de los bienes Patrimonio Mundial, nos permite señalar que la sociedad ha llegado a considerar que el Patrimonio colectivo ya no nos pertenece ya que solo sirve para su utilización turística. Los cambios demográficos, la liberalización y la descentralización del mercado mundial, el turismo de masas, y la explotación comercial del Patrimonio, han acarreado un cambio de condiciones que lo someten a presiones y problemas asociados al desarrollo, antes inexistente. Si hasta el año 2000 los documentos legales y las recomendaciones de UNESCO habían creado un marco de referencia para la preservación de conjuntos urbanos históricos, las dificultades actuales, las presiones, exigen la formulación y aplicación de una nueva generación de políticas públicas que sirvan para reconocer y proteger la estratificación de valores culturales y naturales. Estas presiones han actuado para desarmar la protección del Patrimonio Mundial. Pero es preciso que la población no lo note. Por eso se explica el éxito del invento de Patrimonio Inmaterial como nueva categoría patrimonial.