13 resultados para Derecho Social

em Universidade Complutense de Madrid


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Las sentencias del TJUE de 2015 y 2016 plantean, de nuevo, el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación por razón da nacionalidad en el acceso a las prestaciones sociales, en especial, a las de subsistencia. La actual interpretación restrictiva del TJUE deriva de la concepción ambigua en el derecho de la Unión Europea sobre el estatuto de "Ciudadanía de la Unión"; posición que, al respecto, parece asumir el Consejo Europeo de febrero de 2016.

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El Empowerment se convierte en la herramienta estratégica que fortalece el liderazgo de la persona desde una filosofía motivacional. La persona decide sobre cómo se hacen las cosas y asume la responsabilidad en el proceso. Proponemos una reflexión profunda en torno a la relación que surge entre los trabajadores sociales y los usuarios “sujetos” reales de los Servicios Sociales y de Salud haciendo hincapié en ese fortalecimiento personal que queremos resaltar. De este modo, pretendemos recuperar en la intervención social con “el otro”, precisamente a ese “otro”, a ese sujeto, a su propio potencial; todo ello desde la perspectiva que engloba nuestro trabajo profesional como trabajadores sociales ejerciendo el Trabajo Social o la gestión de éste, inmerso en las instituciones ya sean de carácter público, privado, mixto, concertados, confesionales... y, en su relación con el ciudadano sobre el que definitivamente revierten y se materializan los efectos (por concesión, denegación u omisión) de los tan ampliamente deseados derechos sociales en el Estado de Bienestar del siglo XXI. Analizaremos el marco legal en materia de Servicios Sociales y Salud destacando fundamentalmente todas aquellas referencias al derecho que tiene el usuario, ciu- dadano, objeto y sujeto de la red de Servicios Sociales y de Salud, a disponer de la documentación técnica que sujeta su historia social clínica en su relación con los profesionales del campo social; además apostamos por la práctica profesional y la intervención psicocial con el cliente, desde el empowerment.

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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, hoy y cada vez más, es asumida e incorporada por las organizaciones como un valioso instrumento estratégico, en el cual la RSC engloba todas las decisiones organizacionales que son adoptadas y que tienen en cuenta tanto la dimensión económica como la dimensión social y la ambiental, de manera que sea posible generar valor económico y contribuir simultáneamente al bienestar de las generaciones presentes y futuras. De alguna manera, los principios y prácticas de RSC no serán desarrollados ni adoptados espontáneamente por las organizaciones sino en la medida de que las organizaciones dominantes (una élite, en el sentido del modelo del nuevo institucionalismo) encuentren interesante imponer su concepción particular sobre la calidad de la RSC (en el sentido de análisis de calidad de economía industrial). Existen estudios que demuestran que el respeto a mayores exigencias en materia de desarrollo sostenible por parte de una organización tiene un efecto positivo sobre su productividad, ya que existe una correlación positiva entre la Performance Social (PS) de las organizaciones y su Performance Financiera (PF) (Hitchens et al., 2001; Orlitzky et al., 2003; Allouche and Laroche, 2005; Margolis and Elfenbein, 2008). Y aunque los estudios empíricos no han encontrado un vínculo simple entre PS y PF, la hipótesis del “círculo virtuoso” prevalece: una mejor PS (prácticas de RSC) conduce a una mejor PF (Waddock and Graves, 1997). Por lo tanto la RSC se consolida como fuente de ventaja competitiva y herramienta de protección en momentos de crisis (Gomez Carrasco, 2012). Es así como, gracias a la mayor rentabilidad resultante de la implementación a nivel institucional de la RSC en el seno de su organización, las organizaciones dominantes del mercado impondrán sus principios y prácticas al resto de los actores del mercado...

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El año 2011 marcó a Chile con el movimiento social más relevante de los últimos 25 años. El movimiento estudiantil por la “educación pública gratuita y de calidad” fue una respuesta ante el proceso de mercantilización de la educación, estableciendo como demandas fundamentales el fortalecimiento y gratuidad de la educación pública (su re-significación como derecho social), el fin al lucro (su desmercantilización) y la democratización de las entidades educativas (su constitución como espacios de participación cívica). Su relevancia superó el ámbito educacional y adquirió el carácter socio-histórico de una demanda fundacional, al plantear la necesidad de una transformación educativa, político-institucional y cultural. La pregunta de investigación que guía la tesis es ¿Qué alcance, características y consecuencias tuvieron las jornadas de movilización social estudiantil del año 2011?Con ella se busca contribuir a poblar algunos vacíos. Un primer vacío se refiere a las consecuencias de la protesta estudiantil en Chile, cuyos intentos a la fecha habían abordado en términos generales sus implicancias para la sociedad, y aquí son analizadas sistemáticamente y en tres campos complementarios: el político-institucional, el entorno social y el subjetivo (en los activistas)...

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El contrato de maternidad subrogada está declarado nulo de pleno derecho en España en base a la Ley 14/2006 referida a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida. En primer lugar, afrontaremos el problema del reconocimiento de la inscripción de la filiación de los menores nacidos por esta técnica, para luego, con el fin de analizar el tema objeto de este trabajo, estudiar si existe derecho a las prestaciones por maternidad en el supuesto de la maternidad subrogada. De esta manera, tras un análisis de la doctrina científica y jurisprudencial, exponemos la necesidad de regulación del contrato de maternidad subrogada en España.

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Muchas Constituciones en el mundo atribuyen una función social a las sociedades cooperativas y prevén que el legislador las promueva. La ley y las instituciones europeas suelen incluir a las cooperativas en las entidades de la economía social que los poderes públicos tienen la tarea de fomentar. Para que estas normas puedan considerarse legítimas a la luz del principio constitucional de igualdad ante la ley, las cooperativas deberán poseer una identidad jurídica distinta de la de otras sociedades. Este artículo se propone identificar los principales elementos de la identidad jurídica de la cooperativa que la hacen un tipo de sociedad digna de específica tutela y trato privilegiado en la Constitución y por parte de la ley. Además, el artículo tratará de la distinción entre cooperativas mutualistas y cooperativas de interés general a la luz del problema de la regulación de la “empresa social”.

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Mexico is now one of the countries with better policies on transparency and access to public information, according to various indicators and academics. Just fifteen years ago, Mexico was a country that lacked legal instruments thereon, whereby the institutions were deeply opaque and citizens could not exercise this right of access to public information. The development of the right of access to public information, in both law and public policy, a milestone in the history of Mexico. It has been, therefore gestation, as its formulation and implementation. In Mexico there have existed diverse social movements that have promoted democratization and the defense of human rights. In the framework of these movements the fight registers for the right of access to the public information that one presents as a successful model of civic action and government intervention, without for it, not to know the challenges that his deepening has still and take root both in the company and in the political class in general. How was it achieved to construct a new institutional of transparency that was functional? How was it possible that the above mentioned change was achieved? These are questions that interests formulated to the political science and to the public administration for the analysis of the change and improvement of institutions. The study of the political change is relevant since the public policies precisely try to solve a problem, to transform a reality but not always the change is achieved, is not even realized of successful form. In a nascent democratic regime, it turns out important to know what factors can collaborate in the conformation of a public successful sustainable politics in the time. Even more, on having treated itself about a substantive politics that it gives content and viability itself to the democracy in a marked country historically and culturally for the opaqueness and the corruption...

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En Venezuela comienza un proyecto político en el año 1998, cuando gana las elecciones el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Que pretendió cambios en el sistema político corrupto, populista y clientelar. Para lo cual, en una primera etapa que denominamos Democracia Bolivariana, se da inicio a un proceso nacional constituyente, que cambió el sistema político venezolano de Democracia Representativa Liberal a Democracia Participativa y Protagónica. Un Estado federal, descentralizado, alternativo, plural, social, de derecho, con una economía social planificada, a través del Sistema Nacional de Planificación, que va desde el poder central hasta las comunidades organizadas. En una segunda etapa, en el año 2005, el mismo, Presidente Chávez, le dio cuerpo a la idea del Socialismo del Siglo XXI, como alternativa al capitalismo (salvaje neoliberal), en democracia y en busca de la igualdad social y en una tercera etapa, el gobierno desarrolla, a partir del año 2012, el concepto del Estado Comunal Bolivariano, que se basa en las organizaciones de base del llamado, por ley, Poder Popular. Cuyo objetivo, en su conjunto, es la transformación de la sociedad venezolana, para crear un hombre nuevo, humanista y socialista. A los efectos de esta investigación este tiempo político que abarca desde 1998 hasta ahora 2014, lo denominamos chavismo. Este proyecto se ha ido ejecutando en medio de una tensa lucha por el poder político, contradicciones, antagonismos y crisis económica. En efecto, está presente una sociedad que se ha ido denominando “democrática”, es decir, defiende la democracia que, según su perspectiva, se ha perdido en manos del chavismo, la cual ejecuta acciones para impedir que el gobierno se consolide...

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En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

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The focus of this article is to explain the state of research work with regard to the specialty of forensic social work in Spain. The study was carried out as part of the activities developed by Research Team 940102 ‘Observatory for Social Intervention in Organizations’ from the University Complutense of Madrid and funded by this university.

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Se presenta la utilización de narrativas apreciativas como estrategia para intervenir en la construcción del espíritu innovador que debe tener un estudiante universitario para participar como profesional en la sociedad. Esta capacidad está incluida en las competencias transversales de resolución de problemas y toma de decisiones de la mayoría de las disposiciones legales y planes de estudios universitarios. La investigación realizada en un grupo de estudiantes pone de relieve la necesidad percibida por parte de los estudiantes de esta competencia. La elaboración de nuevas narrativas permite conectar con la posibilidad de emprender proyectos que respondan a las necesidades actuales.

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Las tarifas sociales son, junto con la transferencia de rentas y las medidas de eficiencia energética, uno de los instrumentos para paliar la pobreza energética. A la tarifa social española, creada en el año 2009 se le denomina “bono social”. Para acceder al bono social, aparte de cumplir los requisitos socioeconómicos estipulados por ley, hay que tener contratada la electricidad con alguna comercializadora de referencia, las cuales tienen la obligación de ofrecer el bono social. Las cooperativas energéticas verdes, un fenómeno reciente, al no ser comercializadoras de referencia, no están obligadas a ofrecer el bono social. Esto no quiere decir que entre los socios de estas cooperativas no haya personas vulnerables o en riesgo de pobreza energética. Este trabajo centra su análisis en dos objetivos. El primero es trazar el perfil socioeconómico del socio de las cooperativas verdes. El segundo es observar si estos socios tienen derecho al bono social actual, así como a otras tarifas sociales alternativas con requisitos diferentes a los del bono social. Para ello, se realiza una encuesta a los socios de la mayor cooperativa energética verde de España. Los resultados evidencian que sí existe riesgo de pobreza energética entre los socios de las cooperativas energéticas verdes, si bien su incidencia depende de cómo se defina al consumidor vulnerable.