12 resultados para Cuestiones de seguridad de los reactores

em Universidade Complutense de Madrid


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La promoción de la seguridad de los periodistas es una cuestión por la que Naciones Unidas (NU) se interesó por primera vez a principios de los años setenta. No obstante, los primeros intentos de crear mecanismos que protegieran el ejercicio del periodismo fueron infructuosos. Los enfrentamientos propios de la Guerra Fría fueron la causa de este fracaso. El desgaste que supuso relegó a un segundo plano esta cuestión hasta finales de los años noventa. Ya en el Siglo XXI esta cuestión fue paulatinamente recobrando un espacio en los debates internacionales hasta que en el año 2012 se aprobó la primera Estrategia común en la historia del sistema de NU. El Plan de Acción de NU sobre la promoción de la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad ha sido un catalizador de nuevas iniciativas, especialmente en el ámbito normativo de NU. En menos de tres años se han puesto en marcha más acciones que en toda la historia de la organización. Los retos, sin embargo, son muchos. Promover la seguridad de los periodistas desde NU requiere del apoyo al establecimiento de políticas públicas, la creación y cumplimiento de normas legales, el establecimiento de mecanismos de protección, el fin de la impunidad, y, por encima de todo, voluntad política. internacional, desde su creación hasta la actualidad. Asimismo, se sirve de entrevistas a sus protagonistas para complementar la descripción y análisis de carácter histórico.

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El objetivo principal de esta investigación es contribuir al debate académico sobre la problemática de seguridad/inseguridad que afecta a los Estados árabes de Oriente Medio, indagando sobre sus causas y reflexionando sobre sus consecuencias desde el enfoque de los estudios de seguridad y, más concretamente, desde la corriente que aborda la cuestión de la seguridad en el Tercer Mundo. Una perspectiva novedosa tanto desde el punto de vista de las investigaciones llevadas a cabo en nuestro país sobre la región de Oriente Medio, como de las investigaciones existentes en lengua árabe. El punto de partida de nuestra investigación consiste en cuestionar la capacidad explicativa de las teorías tradicionales y dominantes de seguridad al ser aplicadas al análisis de la seguridad nacional en el contexto particular del Tercer Mundo y, como parte de este, al mundo árabe en general. En nuestra opinión, este enfoque tradicional no permite entender las causas de la inestabilidad permanente que azota el Oriente Medio, al no conseguir captar la naturaleza esencial de dicha problemática. La razón fundamental es que los estudios de seguridad surgieron para explicar y dar respuesta a los problemas de la seguridad occidental. Aplicar indiscriminadamente los postulados de la definición de seguridad dominante a cualquier escenario no sólo limita enormemente el alcance del análisis, sino que distorsiona la realidad objeto de estudio. Esta limitación es aplicable también al explicar el escenario de inestabilidad e inseguridad del Oriente Medio. Con el propósito de abordar el vacío existente dentro de los estudios de seguridad relativos a la problemática de la seguridad en el Tercer Mundo, y de poder llegar a entender lo que no alcanzan a explicar las teorías clásicas sobre seguridad surge la corriente del Realismo Subalterno. Dentro del marco de la teoría realista, el Realismo Subalterno no se ha limitado únicamente a ser una manifestación más de contestación del concepto de seguridad tradicional, sino que se presenta como un instrumento analítico alternativo a los paradigmas y teorías dominantes sobre seguridad –tanto de la concepción realista tradicional como de los nuevos intentos de revisión del concepto-. Una perspectiva útil para explicar problemas contemporáneos de seguridad frente a la insuficiente capacidad de las teorías de seguridad clásicas, especialmente frente a los nuevos desafíos surgidos tras el final de la Guerra Fría...

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Los planteamientos sobre el Mediterráneo que se realizan en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 son unos planteamientos en buena parte deficientes que no tienen encuenta profundos cambios acontecidos en el Mediterráneo y su espacio de seguridad en los últimos años. El artículo expone las principales modificaciones que habría que introducir para hacer frente a las simplificaciones y omisiones que la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 presenta con respecto al Mediterráneo.

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La seguridad es central en la agenda estatal por su relación con derechos ciudadanos en un Estado de Derecho. Este trabajo entra al debate sobre seguridad, aporta elementos en políticas públicas de seguridad urbana y da instrumentos metodológicos para su gestión. Además revisa la política de seguridad de Bogotá en 20 años, examina enfoques, identifica lecciones y formula recomendaciones para una política de seguridad urbana. El fin de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional generó una explosión en el concepto de seguridad. Surgen enfoques como Seguridad Humana, Ciudadana o Comunitaria que sitúan a la persona en el eje de las políticas de seguridad. De la seguridad del Estado se pasó a la seguridad de los ciudadanos. Luego – tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001 y el 11M de Madrid en 2004- el universo teórico y el ámbito de las políticas resultaron atrapados en la cruzada antiterrorista. A ello no escapa América Latina y Colombia, un país marcado por atávicas condiciones de violencia, predispuesto al miedo y con una sensación de inseguridad producto del conflicto armado, el narcotráfico y un Estado que no garantiza los derechos ciudadanos. Antanas Mockus (1995) en Bogotá marcó un antes y un después. Emergió el concepto de “cultura ciudadana”, se fortalecieron la institucionalidad y los programas de prevención. La seguridad fue un tema público prioritario y se produjo una disminución de delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio, por una acertada política de seguridad Distrital y un contexto nacional caracterizado por acuerdos de paz y el sometimiento de capos del narcotráfico...

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La reciente aprobación de la ley Sinde en medio de un profundo y profuso debate público ha puesto de manifiesto que las ambiciones de las industrias de la cultura no están en sintonía con las de consumidores y ciudadanos. Se ha discutido la necesidad de reformular las leyes de propiedad intelectual, contraponiendo el derecho de los creadores a rentabilizar su trabajo con los derechos de los ciudadanos a la circulación de la cultura. Se hace necesario analizar los términos de este debate, además de los elementos ausentes en la discusión. La participación de los ciudadanos parece limitarse meramente a circular materiales culturales fuera de los cauces comerciales, pero no aparecen tematizadas las prácticas creativas, cada vez más comunes, que también infringen las leyes de propiedad intelectual. Los blogs mantenidos por fans sobre personajes de comic, las versiones dobladas de trailers de películas, el uso de samplers o mashups en la música popular, etc… Prácticas que implican la reelaboración creativa de textos preexistentes que cuestionan la centralidad del autor en su acepción clásica (la protegida por la legislación de derechos de autor). Proponemos contrastar los discursos en torno al derecho de los ciudadanos a la cultura que entienden este ejercicio como mero intercambio de archivos con las citadas prácticas intertextuales que suponen una forma de empoderamiento de las ciudadanos que discuten los límites de la creatividad y la originalidad. El análisis pretende dar algunas pistas para entender dos cuestiones: a) el alcance los derechos culturales de la ciudadanía democrática en la sociedad de la información y b) la necesidad de reelaborar las leyes de propiedad intelectual para dar cabida a las nuevas prácticas de la cultura digital.

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A principios del siglo XII se fundó la Orden del Temple cuya función original era proteger a los peregrinos y facilitar la peregrinación a los Santos Lugares en Jerusalén, garantizando la seguridad en los caminos. En el Concilio de Troyes de 1129, la Orden recibió su consagración oficial y su propia regla (Regla primitiva). Los privilegios de la Orden fueron confirmados por sucesivas bulas papales entre los años 1139 y 1145, confiriendo a la Orden de una autonomía que le permitía actuar con independencia. De esta forma la Orden tenía sobre sus rivales laicos la gran ventaja de constituir una potencia prácticamente independiente, no sometida a las autoridades locales y que gozaba de la protección de Roma, sin aceptar su tutela. A finales de los años treinta del siglo XII, el Temple ya se había convertido en una orden militar dotada de una estructura jerárquica. La Orden evolucionó hasta convertirse en una de las instituciones militares más poderosas de la Edad Media. Durante el resto del siglo XII y principios del XIII la fama y dimensiones de la Orden siguieron creciendo. Las múltiples donaciones que recibía hicieron que la Orden llegara a ser extremadamente rica. Capaz de garantizar tanto la seguridad de los transportes de fondos como la de los depósitos que los poderosos les confiaban y poseyendo una organización administrativa ciertamente más desarrollada que la de la mayoría de los estados que recurrían a sus servicios, la Orden se convirtió pronto en banquera de reyes y altos dignatarios, así como en intermediaria de sus operaciones financieras. La caída de la Orden se produce el 22 de marzo de 1313 cuando el Papa Clemente V pronunció la abolición de la Orden del Temple, poniendo fin a una Orden militar surgida dos siglos antes con el fin de combatir en Tierra Santa, que desarrolló una potente red financiera. El objetivo general de esta investigación es describir, analizar e interpretar el modelo contable de una de las órdenes religiosas y militares de mayor relevancia por sus hazañas militares y su inmenso poder político y económico. Esta investigación se realiza a través del análisis del caso histórico de la Orden del Temple durante el siglo XIII (1221-1295). Con la finalidad de contribuir con esta investigación al conocimiento de las características generales del modelo contable del Temple se ha recopilado la escasa documentación disponible hasta la fecha sobre las cuentas del tesoro del Rey en el Temple para realizar un análisis descriptivo del detalle, contenido y presentación, así como, un análisis comparativo entre dichos documentos...

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Las consecuencias de la especulación con derivados financieros en la seguridad alimentaria se han ido progresivamente clarificando. El artículo enfatiza la excesiva especulación y la desregulación que se produjo a partir del año 2000, señalando que los factores que afectan a la oferta y la demanda no pueden explicar por sí solos la extremada volatilidad y la subida de los precios producida desde 2007. La financiarización de los mercados agrícolas impide que agricultores y comerciantes utilicen el mercado de futuros como una forma de seguro tal como habían venido haciendo y perjudica muy seriamente a los consumidores, especialmente en los Estados más pobres. En otro orden, una alta volatilidad de precios agrícolas conduce a menores beneficios de la producción agrícola, desalienta la inversión, la innovación y la búsqueda de una mayor productividad en la agricultura. El artículo explica los procesos de regulación realizados en Estados Unidos y la Unión Europea, así como el papel del G-20.

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En la presente tesis, titulada “La política exterior y de seguridad de la Unión Europea hacia África Subsahariana: Estudio de caso de Sudán (1956-2011) e implicaciones para la política de la UE”, estudiamos la política exterior y de seguridad de la UE hacia el continente africano, centrando nuestro interés en las políticas de desarrollo y de seguridad formuladas e implementadas en el caso sudanés. El trabajo de investigación se apoya sobre un gran corpus de fuentes primarias (150 entrevistas semiestructuradas) y secundarias, siendo de importancia fundamental los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado en Sudán durante 2010-2011, así como en Bruselas y otras capitales europeas durante 2011 y 2013. La literatura sobre la política exterior y de seguridad de la UE se ha centrado habitualmente en cuestiones predominantemente orientadas hacia asuntos de impacto, efectividad y coherencia de la UE como actor internacional, y en elucidar la brecha entre las expectativas como actor global y las capacidades limitadas efectivas en el terreno. Sin embargo, esta aproximación no responde a preguntas cruciales sobre los verdaderos factores que impulsan la política exterior y de seguridad europea y que contribuyen a su vez al desarrollo institucional de la UE y al proceso de integración europea. De esta forma, las cuestiones predominantes sobre la política exterior y de seguridad de la UE han tratado la fase a posteriori, es decir, los efectos de la implementación de la política exterior del actor UE y su relación con la política internacional (la dimensión exterior de la UE), alejándose de las motivaciones internas o raison d’être auténtica de tal acción exterior...

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La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...

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Un verdadero compromiso con el desarrollo humano, sostenible y equitativo debe trascender las limitadas capacidades de la política de ayuda y apostar por la promoción de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Si bien las políticas de ayuda mantienen un relevante papel que desempeñar en el sistema internacional, existe un conjunto más amplio de políticas ―como la comercial, la agrícola, la migratoria, la medioambiental o la de exportación de armas, entre otras― cuyos efectos condicionan en mayor medida las oportunidades reales de progreso de los países en desarrollo y contribuyen de forma más relevante a la conformación de un mundo más estable, justo y seguro. Así, lejos de recluir el trabajo por el desarrollo a la política de ayuda, la CPD reclama la necesidad de incorporar la visión del desarrollo en el conjunto de la acción pública, de tal forma que este objetivo impregne el diseño, ejecución, seguimiento e impacto del conjunto de las políticas desplegadas. De ahí la necesidad de someter progresivamente a estudio en qué medida determinadas políticas públicas integran cuestiones relativas al desarrollo o permanecen ajenas ―cuando no son contradictorias a ellas-.

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El objeto de este trabajo es realizar una primera aproximación al fenómeno, en concreto a los orígenes, montos, canalización, implementación, objetivos e impacto de la asistencia norteamericana. Nos detendremos especialmente en las modalidades de asistencia denominadas “ayuda económica”; es decir, aquellas en las que el Congreso norteamericano ha prohibido expresamente un uso militar. Nuestra hipótesis es que tanto la estabilización como la transformación económica, han estado subordinadas a las prioridades de seguridad norteamericanas. En este contexto, los objetivos de la ayuda han sido sobre todo tres: a) El sostenimiento y los apoyos a los gobiernos amigos frente a la oleada insurreccional y los conflictos internos de finales de los setenta y la década de los ochenta; b) La implementación de la estrategia antisandinista, cercando al régimen nicaragüense y c) las transformaciones estructurales en las economías aquejadas de una crisis de carácter estructural. De ello deriva la hipótesis principal: en la medida que la ayuda en buena medida ha servido para alimentar los conflictos de la región, y se ha orientado al mantenimiento y consolidación de regímenes y modelos en crisis, se ha convertido más en un factor de la crisis que en un mecanismo para su resolución.

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El caso GOWEX ha obligado a plantearse ciertas cuestiones sobre el MaB y, de manera más general, sobre los sistemas multilaterales de negociación, en especial, en torno a la seguridad y fiabilidad del sistema.