La violencia política de la izquierda Europea

1968 marca, en diversos países europeos, el fin de la hegemonía del marxismo ortodoxo; la izquierda occidental comienza a alejarse como reacción a su inmovilismo. En respuesta, surgen grupos cuya urgencia por la acción -además de la heterogeneidad social y política de los escenarios nacionales- da paso a la violencia política. Con especial énfasis en Italia y Alemania se analiza el surgimiento, la estructura, acciones e ideología de las organizaciones del terrorismo izquierdista europeo.

Elementos para una política de seguridad urbana

La seguridad es central en la agenda estatal por su relación con derechos ciudadanos en un Estado de Derecho. Este trabajo entra al debate sobre seguridad, aporta elementos en políticas públicas de seguridad urbana y da instrumentos metodológicos para su gestión. Además revisa la política de seguridad de Bogotá en 20 años, examina enfoques, identifica lecciones y formula recomendaciones para una política de seguridad urbana. El fin de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional generó una explosión en el concepto de seguridad. Surgen enfoques como Seguridad Humana, Ciudadana o Comunitaria que sitúan a la persona en el eje de las políticas de seguridad. De la seguridad del Estado se pasó a la seguridad de los ciudadanos. Luego – tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001 y el 11M de Madrid en 2004- el universo teórico y el ámbito de las políticas resultaron atrapados en la cruzada antiterrorista. A ello no escapa América Latina y Colombia, un país marcado por atávicas condiciones de violencia, predispuesto al miedo y con una sensación de inseguridad producto del conflicto armado, el narcotráfico y un Estado que no garantiza los derechos ciudadanos. Antanas Mockus (1995) en Bogotá marcó un antes y un después. Emergió el concepto de “cultura ciudadana”, se fortalecieron la institucionalidad y los programas de prevención. La seguridad fue un tema público prioritario y se produjo una disminución de delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio, por una acertada política de seguridad Distrital y un contexto nacional caracterizado por acuerdos de paz y el sometimiento de capos del narcotráfico...

Hacia una política pública de reconciliación social

Los largos períodos de conflicto y violencia que han vivido innumerables sociedades a lo largo y ancho del mundo, junto a sus consecuentes procesos conducentes a la paz en marcos de poca efectividad en materia de reconstrucción social, sobre todo en reformas estructurales que busquen la resolución de las raíces que originaron los enfrentamientos, presentan los contextos desde donde se plantea esta investigación. Más allá de marcos de actuación de estos grupos humanos, basados en diálogos conducentes a negociaciones, con miras a acuerdos hacia la paz, procesos de garantías para que los excombatientes dejen las armas y busquen el regreso a la vida civil, y hondos efectos de insatisfacción general expresados en reacciones contra la impunidad, la poca eficacia de las instituciones públicas y el retorno de oleadas de violencia, el vislumbrar el diseño e implementación de una política pública de reconciliación social se configura en uno de los mecanismos idóneos que puede garantizar la efectividad y lo justo en este tipo de procesos de pos-acuerdos y pos-conflictivos. Reconocemos que la democracia es el sistema de gobierno en el que se instauran mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del marco de los derechos y deberes sociales. Pero, las distintas experiencias de conflicto y violencia que el ejercicio del poder político contiene en la historia humana nos han demostrado que con procesos de negociación y firmas de tratados de paz no cesa esta tendencia humana en la que cada Estado busca defender su perspectiva política en su contexto determinado, más allá de esos acuerdos...

La relación de la autonomía política municipal y las modalidades de participación ciudadana en Nicaragua entre 1990 y 2012

La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...

Eficacia de las plataformas electorales en términos de la reforma política del ejecutivo federal del 2012

Los partidos políticos son agrupaciones temporales que median entre los grupos de la sociedad y el Estado y participan en la lucha por el poder político, a través de los procesos electorales. Los partidos tienen la obligación de registrar una plataforma electoral, a través de la cual plantean propuestas preliminares que se someten a consideración de los ciudadanos con el propósito de convocar al diálogo y a la deliberación, las cuales son enriquecidas y profundizadas a lo largo de las campañas, que debieran convertirse posteriormente en la base del programa de gobierno del partido que resulte triunfador en las elecciones. Respecto a la relación que existe entre la Plataforma Electoral y las iniciativas legislativas del Ejecutivo Federal en materia político-electoral, cabe señalar que: El 15 de diciembre de 2009, el Presidente presentó la iniciativa de Reforma Política compuesta por 9 puntos, a saber: Permitir la elección consecutiva de legisladores federales, locales, miembros de los ayuntamientos y jefes delegacionales; reducir el número de integrantes de las cámaras, modificando los principios para la integración de la Cámara de Senadores; adoptar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente; incrementar a 4% el porcentaje mínimo de votación para que un partido político nacional conserve su registro; incorporar las candidaturas independientes; permitir a los ciudadanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentar iniciativas de ley; facultar al Presidente para presentar iniciativas preferentes y para observar, parcial o totalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos; así como para publicar parcialmente aquellas leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso...

Visibilidad y tratamiento periodístico de la violencia juvenil y doméstica en la prensa hondureña

Esta investigación forma parte de las ciencias sociales ya que la comunicación es parte de ella, se determinó el papel desempeñaron los medios de comunicación escritos en la creación de una cultura de violencia en el país en el año 2002. Se investigó la visibilidad y el tratamiento periodístico que se le dio en la prensa escrita hondureña a la violencia juvenil y se comparó esta cobertura con la violencia doméstica. Se escogió este tema porque durante el año estudiado tomó posesión un nuevo presidente que llego al poder proponiendo la aplicación de una política de mano dura o cero tolerancia contra la criminalidad, la prensa contribuyo por medio de su cobertura, a que la gente sintiera la necesidad de políticas y acciones gubernamentales contra la violencia juvenil por miedo a las acciones que ellos realizaban. Se utilizaron ambos métodos cualitativo y cuantitativo, se entrevistaron a varios actores del proceso de emisión del comunicativo, reportero y una jefa de redacción de uno de los diarios, además se hizo una investigación documental para poder localizar las noticias que se referían a violencia juvenil y doméstica, los resultados se vaciaron en una base de datos que se diseñó en Filemaker 12. Para el análisis estadístico de los datos se trabajó con el SPSS y con el Excel...

La Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2004 ¿Es posible combatir la violencia de género sin que se vea afectado el derecho a la igualdad?

En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.