12 resultados para Conflictos Territoriales

em Universidade Complutense de Madrid


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El artículo detalla el proceso de negociación llevado a cabo para solucionar el conflicto creado por las pretensiones nucleares de Irán y la República Popular de Corea, así como el contexto político y de seguridad regional. El artículo está dividido en dos partes. La primera parte que se publica en este número detalla, en lo posible, el proceso negociador, las propuestas presentadas y las posiciones contrapuestas. Para su recto entendimiento se explican los dilemas y las líneas rojas establecidas por la Administración estadounidense, que van más allá de lo que establece el Tratado de No Proliferación; así como las razones de esta postura: el programa nuclear clandestino de Irán, la “admisión” de la existencia de un programa de enriquecimiento nuclear clandestino en el caso de la República Popular de Corea. Se analizan así los presupuestos, las carencias negociadoras, la falta de garantías de seguridad y la profunda desconfianza existente en estos dos Estados con respecto a las políticas e intenciones de los Estados Unidos. Una segunda parte explicará con más detalle las implicaciones políticas y de seguridad regional.

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Son tres los factores que básicamente inciden en la redefinición de la función militar en el área latinoamericana: los cambios en el escenario estratégico global; los procesos de consolidación democrática y la nueva relación entre civiles y militares; y los cambios en la política de EE.UU. hacia la región. Las fuerzas armadas expanden sus funciones a nuevos campos y surge un «neonacionalismo» que torna difícil la desmilitarización. Un debate nacional y regional sobre seguridad y el rol de las fuerzas armadas debería contribuir a una mejor articulación política e institucional del sector.

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Since relatively a few years ago research work regarding the genesis and evolution of agrarian organizations in our country has been carried out. Studies with a marked regional emphasis that, rarely were able to reference the true state of the associational framework during the nineteenth century, exception made of the Sociedades Económicas and of very concrete monographic studies. It is necessary to go back to the first years of the past century to find the first descriptions and working papers alluding the agrarian associational framework in Spain. On this respect, José Elías de Molins already did a study entitled La Asociación y Cooperación Agrícolas, published in the year of 1912, in which a recount of confraternities and brotherhoods verified by the Consejo de Castilla in 1770 was done. The first of modern references related to the agrarian organizations, properly speaking, corresponds to Juan Pan-Montojo in his well known work “La naissance des associations agraries en Espagne 1833-1898”, in which the consequences and changes effected in economic power structures were reflected, once the suppression of privileges linked to the land had started, as a consequence of the strengthening of liberalism in a large portion of the state’s farms. After him, came he important works of, among others, Jordi Planas and Germán Rueda. On a comparative level, the formation of agrarian societies with mobilization capacity in other European states certainly took the same amount of time to happen. Thus, the Société des Agriculteurs de France or the Société Nationale et Centrale d’Agriculture, in 1867 and 1871, respectively, came to remind the Sociedades Económicas de Amigos del País in Spain...

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Los estudios de “balanzas fiscales” territoriales son ejercicios de estimación de la incidencia geográfica de los programas de ingresos y gastos públicos en un periodo de tiempo determinado, que permiten calcular el saldo fiscal imputable a cada territorio. En este trabajo se lleva a cabo una descripción de las principales características y problemas metodológicos que presentan los estudios de “balanzas fiscales” territoriales, así como una panorámica muy general de sus antecedentes en España. Se revisan también los estudios más recientes –con aportaciones muy relevantes tanto en el terreno metodológico como en el de la estimación– y se ofrecen algunas conclusiones.

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El conflicto puede generarse cuando el equilibrio de poder entre las partes interesadas se desplaza, empoderando a unos y desempoderando a otros (McKercher et al. 2005). El Patrimonio, entendido como una valoración social incorporada a la realidad (Barreiro en prensa)1, forma un entramado ideal para convertirse en un inductor de conflictos, pues incluye la percepción de diferentes grupos, o individuos, con diferentes posiciones de poder en torno a los procesos de su gestión y su impacto. En 2012 y tras diez años de cierre preventivo de la Cueva de Altamira, se aprobó el Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira, generando un activo debate en torno a la dicotomía cierreapertura. Con el objeto de profundizar en la caracterización de Altamira como enclave patrimonial, el Programa incorporó un estudio de Valor Social, cuyos resultados deberían servir, como los de los restantes proyectos del Programa, para optimizar las condiciones de gestión del sitio. Como parte del equipo de trabajo, a través de la presente comunicación, pretendemos analizar Altamira como espacio de conflicto durante el proceso de ejecución del Programa, convirtiéndonos a su vez en actores integrantes de dicho conflicto. Con la pretensión de obtener una idea global e integrada de Altamira, implementamos diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, a través de una aproximación interdisciplinar. Desde técnicas antropológicas y sociológicas, identificamos una variedad significativa de actores sociales(comunidad local, visitantes, personal del museo, especialistas en conservación, actores políticos, investigadores, empresarios, etc.) de diversos ámbitos territoriales (municipal, autonómico y estatal) que encarnaban las aristas de un conflicto poliédrico. Nuestro fin era analizar las distintas posiciones de poder desde las que los actores conformaban sus valoraciones sobre Altamira. Entre los múltiples resultados del estudio destacamos una normalización de la importancia del “valor” de Altamira en relación a otros espacios patrimoniales; una instrumentalización de dicho espacio desde la política para potenciar el valor económico de la zona; y una idealización del papel de los expertos en Patrimonio para decidir sobre la apertura-cierre de Altamira.

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El papel de la pobreza y la desigualdad como potenciadores del riesgo de conflictos armados ha sido objeto de creciente atención por parte de la academia y de las políticas tanto las referidas al desarrollo socioeconómico como a la seguridad. Este capítulo analiza la vinculación entre pobreza, desarrollo, paz y seguridad desde tres grandes ángulos: la evolución de los principales indicadores relativos a la pobreza y la desigualdad internacional; los modelos interpretativos que analizan ese vínculo y en particular sus relaciones de causalidad, y los marcos de política con los que la comunidad internacional ha tratado de abordar esa relación desde la posguerra fría.

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La Teoría del conflicto, desde una perspectiva psicológica y centrada en los estilos de afrontamiento del mismo y el constructo Personalidad Eficaz se funden en este trabajo para aportarnos conocimiento sobre cómo y desde qué competencias personales y sociales afrontan y resuelven los adolescentes sus conflictos. La etapa adolescente es de interés relevante en contextos educativos, tanto por lo que concierne a la construcción de la identidad, como por la demanda de atención y alternativas que los profesionales y familias realizan respecto a los problemas de convivencia. Desde este interés se selecciona la muestra de 1031 adolescentes que conforma este trabajo. El constructo Personalidad Eficaz, formulado por Martín del Buey hace más de una década, integra diversas dimensiones o competencias personales y sociales: autoconcepto, autoestima, motivación, atribución, expectativas, afrontamiento de problemas, toma de decisiones, empatía, asertividad y comunicación. Todas ellas, estrechamente relacionadas, se agrupan en cuatro esferas del Yo: fortalezas del Yo, demandas del Yo, retos del Yo y relaciones del Yo. Para la realización del estudio, se han utilizado dos instrumentos. El primero, Cuestionario Personalidad Eficaz –CPE-Es/Ch- , elaborado por Dapelo, Marcone, Martín del Buey, Martín Palacio y Fernández (2006), con una fiabilidad de .85 y 23 items, se ha aplicado a estudiantes adolescentes españoles y chilenos. Constatamos que es un válido y útil instrumento evaluador de la Personalidad Eficaz para este tipo de población adolescente. Ya ha sido utilizado en otras investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Orientación y Atención a la Diversidad (GOYAD), dirigido por Martín del Buey y Martín Palacio, en distintos niveles y contextos educativos y laborales...

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Esta tesis titulada La intervención arteterapéutica en el ámbito educativo: una herramienta para la solución de conflictos parte de la hipótesis de que La arteterapia es una herramienta válida para resolver los conflictos de violencia escolar en los centros educativos de Floridablanca (Santander del Sur, Colombia), y para comprobarla, se realiza la apropiación de algunas de las diferentes manifestaciones artísticas (música, danza, literatura, teatro y artes plásticas y visuales) como una herramienta pedagógica para bajar los índices de violencia y agresividad en el aula de clase, indagando en como esto propicia que los estudiantes mejoren su comportamiento. Por ello, al comenzar la tesis, nos planteamos el siguiente objetivo principal: Estudiar los hechos reales de una comunidad educativa con altos índices de violencia, verificar su transformación a través de la aplicación de herramientas terapéuticas y creativas para comprobar la mejora de la calidad de vida por medio de las experiencias humanas y el trabajo en equipo. Y para alcanzar el mismo, elaboramos tres objetivos específicos:  Investigar que experiencias artísticas realizadas en terapia se pueden implementar con menores en situaciones de riesgo y atención a la diversidad.  Determinar que herramientas y recursos pueden facilitar el trabajo pedagógico con estudiantes en dificultades, violencia y conflicto para un proceso de transformación a nivel individual y grupal.  Verificar si es posible aplicar una metodología innovadora que afiance procesos formativos de convivencia pacífica y cultura ciudadana...

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En este artículo, el autor sostiene que la actuación disciplinaria de las universidades, siempre sometida al principio de legalidad, es incompatible con la mediación u con otros alternativos de resolución de conflictos (ADR). Esta labor sancionadora, que suele ser coordinada por los Servicios de Inspección, e irrenunciable para cualquier universidad pública, no puede amparar, ni mucho menos potenciar, la solución negociada de una infracción punible. En concreto, la mediación, como forma de solución de controversias, solo puede tener una función preventiva en el ámbito universitario, y debe ser gestionada, con mucha prudencia, por otros órganos o unidades administrativas, en ámbitos en los que previsiblemente no debe aplicarse, ex lege, ninguna actuación sancionadora. La institución de la mediación (o de otros ADR, como la conformidad o la conciliación) cohonesta muy mal con el principio de legalidad, característico del Derecho sancionador, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Si toda conducta infractora debe ser castigada, tras la prosecución del correspondiente procedimiento administrativo, pero resulta que, por una negociación más o menos disimulada, se soslaya la aplicación del texto sancionador (total o parcialmente) –en función de que la Inspección de Servicios decida «acusar» de una u otra forma sobre la base de la previsible, o segura, actitud posterior del infractor–, se está haciendo saltar por los aires dicho principio de legalidad, que se ve desplazado por el «principio de oportunidad; siendo el de «legalidad» el único principio que debe regir la actuación de la Administración, tal y como establecen los artículos 25.1 y 103 de nuestra Carta Magna. Muchas veces olvidamos que el interés público constituye la razón de ser del procedimiento administrativo disciplinario, verdadero instrumento para el ejercicio del ius puniendi delegado por el Estado, donde no debiera tener cabida sustancial el principio dispositivo, ya que las partes no tienen ningún margen de negociación.