La relación de la autonomía política municipal y las modalidades de participación ciudadana en Nicaragua entre 1990 y 2012

La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...

Los EE.UU. en Centroamerica, 1980-1990: ¿ayuda económica o seguridad nacional?

El objeto de este trabajo es realizar una primera aproximación al fenómeno, en concreto a los orígenes, montos, canalización, implementación, objetivos e impacto de la asistencia norteamericana. Nos detendremos especialmente en las modalidades de asistencia denominadas “ayuda económica”; es decir, aquellas en las que el Congreso norteamericano ha prohibido expresamente un uso militar. Nuestra hipótesis es que tanto la estabilización como la transformación económica, han estado subordinadas a las prioridades de seguridad norteamericanas. En este contexto, los objetivos de la ayuda han sido sobre todo tres: a) El sostenimiento y los apoyos a los gobiernos amigos frente a la oleada insurreccional y los conflictos internos de finales de los setenta y la década de los ochenta; b) La implementación de la estrategia antisandinista, cercando al régimen nicaragüense y c) las transformaciones estructurales en las economías aquejadas de una crisis de carácter estructural. De ello deriva la hipótesis principal: en la medida que la ayuda en buena medida ha servido para alimentar los conflictos de la región, y se ha orientado al mantenimiento y consolidación de regímenes y modelos en crisis, se ha convertido más en un factor de la crisis que en un mecanismo para su resolución.

La inmigración como una prueba social y los márgenes legales del desencuentro. Políticas públicas, prácticas sociales y construcción de la persona

La redacción de las directrices y los procedimientos administrativos que hacen virtualmente posible la inmigración, contribuyen a construir no sólo los itinerarios personales sino también el imaginario social sobre la alteridad. El principal objetivo de este artículo es poner de relieve —mediante el análisis discursivo de las Hojas informativas publicadas en la WEB del Ministerio de Empleo y Seguridad Social— cómo la construcción social del emigrante/inmigrante y el proyecto migratorio topan con unas representaciones y envites, instituidos y refrendados en y por la propia formulación de la reglamentación, pero no del todo explícitos. Entendiendo el texto como una acción que genera otras acciones, se examinan las consecuencias que tiene sobre la práctica social de los inmigrantes. En suma, se trata de vislumbrar los elementos (terminología, fórmulas, esquemas y prácticas inducidas) que van constituyendo al inmigrante como agente social subordinado a micro-procesos y relaciones que se le escapan en gran parte, y van marcando su propia capacidad de acción. En conclusión y retomando la distinción sugerida por Foucault entre ‘principio de diferencia’ y ‘principio de indiferencia’, se muestra que mientras el primero rige las cláusulas generales, el segundo articula las específicas.

Concreción de las entidades de la economía social

El objeto de este estudio se centra en el análisis de los pormenores de las entidades de la Economía Social en España tras la entrada en vigor de la Ley 5/2011. No obstante, en primer lugar, se hace referencia a los antecedentes en la concreción de dichas entidades, con el objetivo de mostrar que no se trata de una labor sencilla. En segundo lugar, se lleva a cabo una primera aproximación a la regulación contemplada en la Ley 5/2011, de forma y manera que se sientan las bases que permiten comprender la estructura tenida en cuenta por el legislador a la hora de identificar las diez entidades que hasta la fecha pueden integrarse en la Economía Social. En concreto, se analiza desde una perspectiva de coherencia intranormativa el artículo 5, que más allá de mencionar expresamente las entidades consideradas de Economía social, establece también dos cláusulas abiertas a través de las cuales a futuro podrán incorporarse nuevas entidades. Finalmente, se profundiza en el estudio de cada una de las diez entidades identificadas, señalando sus principales rasgos característicos, que los acercan o alejan de la Economía Social.