5 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991

em Universidade Complutense de Madrid


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La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...

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El reconocimiento de los grupos étnicos, en América en general y en Colombia en particular, tomó auge a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, impulsado por organizaciones indígenas con la colaboración de diferentes estamentos sociales. Este proceso empezó por reconocer la diversidad cultural y continuó hasta elevarse al estatus de precepto constitucional, tal como quedó recogido en la Constitución Política colombiana expedida en 1991. Ello, sin embargo, no ha bastado para acabar con el proceso general de destrucción de la población y las culturas indígenas americanas, ahora amparado en modelos de desarrollo que vulneran su cultura y su territorialidad y protagonizado por grandes transnacionales mineras. Para el caso exclusivo de Colombia, los desplazamientos internos, principalmente de indígenas y campesinos, han sido producto del actual conflicto bélico que se ha mantenido por más de setenta años. Además, existen otros factores socioeconómicos, tales como la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, la existencia de latifundios improductivos y de campesinos sin tierra y la presencia de transnacionales mineras con negativo impacto ecológico e inquietantes repercusiones socio-ambientales. El objetivo de esta investigación, teniendo como referencia los anteriores hechos, es analizar la interacción de los grupos indígenas colombianos con la sociedad y la cultura nacionales, representadas por el Estado y las compañías multinacionales, y el modo en que los valores de esa cultura que aun cabe denominar como occidental cristiana –concepciones económicas, sociales y políticas, sus instituciones constitucionales y legales, y grupos ilegales– han afectado a la cultura ancestral y los derechos territoriales de estas colectividades...

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Se tiende a contemplar la descentralización como una decisión que se toma en una coyuntura, y a evaluar sus resultados a partir de los efectos que se producen desde dicho hito. Aunque en los estudios no se asume la descentralización actual como un hecho emergente, es decir, como un hecho sin precedentes, si se le atribuyen las características que actualmente tiene, a las reformas de la década de los ochenta del siglo XX y a la Constitución de 1991, que dieron como resultado la que se considera la etapa con mayor descentralización de la República de Colombia. Antes de tales reformas, a las divisiones territoriales no se les reconoce un rol específico y determinante en la construcción y consolidación del Estado de Colombia. Visto así, la descentralización en Colombia es un proceso relativamente joven, de un poco más de 30 años. No obstante, los estudios sobre la descentralización en esas décadas no permiten observar cómo evolucionaron las reglas y organizaciones de la descentralización en el Estado Colombiano, de forma que se contribuya en la explicación del actual diseño de la descentralización y su desempeño La presente tesis doctoral titulada “Descentralización, Instituciones y Organizaciones. Trayectoria en Colombia”, tiene como como objeto de investigación, las instituciones, organizaciones de la descentralización en Colombia en el periodo de la República 1821 a 2014. El objetivo principal es identificar los elementos que contribuyen a la explicación y comprensión del rol jugado por las divisiones territoriales en la construcción y consolidación del Estado Colombiano, así como la configuración organizacional de la descentralización que resultó en dicho proceso. Los objetivos específicos de la investigación fueron: explorar, describir y analizar las instituciones que configuraron el poder público en la República de Colombia y su relación con las divisiones territoriales, desde el nacimiento de la República hasta el presente; identificar la trayectoria de las formas organizacionales que han actuado en la descentralización en Colombia desde el inicio de la República y que determinaron la actual configuración organizacional de la descentralización; e identificar la configuración de reglas y organizaciones que ejercen la vigilancia y el control de gestión fiscal y resultados de la descentralización en Colombia...

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La preocupación y la responsabilidad por la protección social de los ciudadanos presentan hoy diferentes matices entre los países en el mundo. Mientras que en las democracias avanzadas de Europa el Estado ha asumido una gran responsabilidad en la protección de los ciudadanos frente a riesgos como el desempleo, la enfermedad, la dependencia, la vejez y la muerte; la responsabilidad social del Estado mexicano en cuanto a política de bienestar se refiere, ha sido limitada. La estructura actual de la política de bienestar en México ha sido incapaz de garantizar el acceso efectivo a los servicios básicos de bienestar. Si bien la Constitución Política y el discurso nacional de los gobiernos mexicanos reconocen una serie de derechos sociales, grandes sectores de la población se encuentran desprotegidos y sin posibilidades de acceder a ellos. A inicios del tercer milenio, el futuro de la democracia en México se encuentra estrechamente relacionado con las funciones y responsabilidades sociales que el Estado asuma para garantizar el bienestar de sus ciudadanos bajo el principio de ciudadanía social. México es un país con profundas desigualdades y con amplios sectores sociales viviendo en situaciones de pobreza y de exclusión, por ello, es posible sostener que el Estado ha sido deficitario en cuanto a funciones y responsabilidades sociales se refiere, ya que no ha logrado garantizar el acceso universal a los servicios básicos de bienestar como derechos sociales; en lugar de ello, ha construido un andamiaje institucional de beneficios diferenciados para grupos poblacionales...

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La presente investigación analiza el proceso de descentralización de base municipal aplicada en Bolivia entre 1994 (promulgación de la Ley de Participación Popular) y 2006 (elección de prefectos y el referéndum por autonomías)1, planteando para este efecto una perspectiva analítica distinta a la generalmente utilizada en los tradicionales estudios sobre el tema en el país, esta vez centrada en las relaciones intergubernamentales como un enfoque que permite observar a las estructuras estatales en su funcionamiento concreto, es decir, el ‘ser’ del proceso, más allá de las imágenes estáticas que emergen de los estudios esencialmente normativos que reparan básicamente en el ‘deber ser’ del mismo. La hipótesis central del estudio vincula, en clave de causalidad, la existencia de un supuesto ‘déficit en el establecimiento de canales y mecanismos de relaciones intergubernamentales’ (variable independiente) como un factor que contribuyó a la ‘deslegitimación política del modelo de descentralización de base municipal en Bolivia’ (variable dependiente), planteamiento que pudo ser parcialmente corroborado a partir de la sistematización, interpretación y significación de la información obtenida, confirmando la existencia de un incipiente y endeble sistema de RIG que emerge tardíamente en el escenario nacional afincándose débilmente en un proceso de descentralización municipal que por entonces había reportado notables avances. Se produjo, en otros términos, un desarrollo asimétrico entre un sistema de RIG incipiente y por lo mismo débil y desestructurado, frente a un notable desarrollo normativo y discursivo del proceso de descentralización de base municipal por entonces en ebullición, lo que contribuyó, entre muchos otros factores, al debilitamiento del modelo y al surgimiento de demandas que propugnaban su reforma desde distintas vertientes y con intensidades variables, todo en el marco de la crisis general del sistema que se produjo en el país durante el periodo de estudio y que a la postre dio origen a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum nacional el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo.