Las webs de los partidos políticos y candidatos durante la campaña presidencial de 2012 en México

Internet llegó a la comunicación política mexicana desde la década de los noventa, y aunque en un principio su uso fue limitado, centrado básicamente en mostrar una biografía y las actividades del político, para el año 2012, la utilización de las páginas personales online se había extendido entre quienes aspiraban a un cargo de elección popular. En 2012, alrededor de 40 millones de Méxicanos se conectaban a Internet, sin embargo, los políticos seguían enfocándose (principalmente) a los medios masivos como la radio, la prensa y principalmente la televisión para llegar a más ciudadanos, a pesar de que ya había cifras de crecimiento que indicaban que las condiciones de Internet en México estaban cambiando. Frente a estas circunstancias, la presente investigación se enfoca en indidagar el uso electoral y las funciones de 8 páginas webs, 4 de los candidatos y 4 de los principales partidos que los representaron en la elección presidencial mexicana de 2012. Es un estudio cualitativo que utiliza como modelo de indagación y comparación de datos el esquema que formuló el profesor José Luis Dader y su equipo en 2008, en las elecciones generales españolas. Para identificar el uso de las webs, se buscó determinar el cumplimiento de las siguientes funciones: 1) Función de organización y coordinación interna: Referencias a su Intranet en red abierta, 2) Función de Transparencia Informativa de Autopresentación, 3) Función de Difusión/Propagación Informativa, 4) Función persuasivo/emotiva, 5) Función de Movilización y Reclutamiento, 6) Función deliberativa/participativa, 7) Funciones de sencillez de uso y de ayuda instrumental (eficiencia auxiliar al servicio de las funciones restantes). Se buscó a su vez delimitar el modelo comunicativo empleado...

Derechos humanos y responsabilidad corporativa: vías para su articulación jurídica internacional

Hace décadas que los efectos de la actuación de las empresas sobre el disfrute los derechos humanos (DH) forman parte del debate jurídico internacional. En un contexto expansión transfronteriza de la actividad económica se han generado estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en ocasiones la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) a gobiernos y administraciones públicas y de incidir negativamente en el disfrute de los DH. Si bien estas situaciones pueden producirse en cualquier lugar del mundo, los países con un menor nivel de desarrollo o en situaciones de transición son más susceptibles de convertirse en escenarios de violaciones de DH. Además, en ellos es más difícil hacer efectiva la persecución y sanción de las conductas infractoras por una escasa o deficiente regulación nacional y/o por la debilidad de las estructuras administrativas y judiciales, imbuidas de corrupción en muchos casos. Jurídicamente, el estudio de posibilidades de articular y exigir responsabilidad a las empresas por violaciones de los DH requiere en primer lugar analizar la existencia y alcance de las obligaciones en materia de DH que repercuten sobre las empresas. Con este fin, y teniendo en cuenta las iniciativas y propuestas más novedosas, este trabajo aborda los distintos enfoques que permiten las dos disciplinas jurídico-internacionales: el Derecho internacional Público (DIP) y el Derecho internacional privado (DIPr) adoptando lo que, frente a la ya suficientemente estudiada perspectiva judicial (acceso a la justicia), puede calificarse como aproximación reguladora. Como es obvio, tanto las fuentes como las técnicas de reglamentación varían si tomamos como sujetos de referencia a los Estados o a las empresas que, por lo demás, operan en planos normativos y de responsabilidad distintos. Mientras el Estado incurre en responsabilidad internacional, ésta no es en principio atribuible a las empresas que, más allá de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa, incurren en responsabilidad civil establecida a escala nacional.