Las webs de los partidos políticos y candidatos durante la campaña presidencial de 2012 en México

Internet llegó a la comunicación política mexicana desde la década de los noventa, y aunque en un principio su uso fue limitado, centrado básicamente en mostrar una biografía y las actividades del político, para el año 2012, la utilización de las páginas personales online se había extendido entre quienes aspiraban a un cargo de elección popular. En 2012, alrededor de 40 millones de Méxicanos se conectaban a Internet, sin embargo, los políticos seguían enfocándose (principalmente) a los medios masivos como la radio, la prensa y principalmente la televisión para llegar a más ciudadanos, a pesar de que ya había cifras de crecimiento que indicaban que las condiciones de Internet en México estaban cambiando. Frente a estas circunstancias, la presente investigación se enfoca en indidagar el uso electoral y las funciones de 8 páginas webs, 4 de los candidatos y 4 de los principales partidos que los representaron en la elección presidencial mexicana de 2012. Es un estudio cualitativo que utiliza como modelo de indagación y comparación de datos el esquema que formuló el profesor José Luis Dader y su equipo en 2008, en las elecciones generales españolas. Para identificar el uso de las webs, se buscó determinar el cumplimiento de las siguientes funciones: 1) Función de organización y coordinación interna: Referencias a su Intranet en red abierta, 2) Función de Transparencia Informativa de Autopresentación, 3) Función de Difusión/Propagación Informativa, 4) Función persuasivo/emotiva, 5) Función de Movilización y Reclutamiento, 6) Función deliberativa/participativa, 7) Funciones de sencillez de uso y de ayuda instrumental (eficiencia auxiliar al servicio de las funciones restantes). Se buscó a su vez delimitar el modelo comunicativo empleado...

Derechos humanos y responsabilidad corporativa: vías para su articulación jurídica internacional

Hace décadas que los efectos de la actuación de las empresas sobre el disfrute los derechos humanos (DH) forman parte del debate jurídico internacional. En un contexto expansión transfronteriza de la actividad económica se han generado estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en ocasiones la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) a gobiernos y administraciones públicas y de incidir negativamente en el disfrute de los DH. Si bien estas situaciones pueden producirse en cualquier lugar del mundo, los países con un menor nivel de desarrollo o en situaciones de transición son más susceptibles de convertirse en escenarios de violaciones de DH. Además, en ellos es más difícil hacer efectiva la persecución y sanción de las conductas infractoras por una escasa o deficiente regulación nacional y/o por la debilidad de las estructuras administrativas y judiciales, imbuidas de corrupción en muchos casos. Jurídicamente, el estudio de posibilidades de articular y exigir responsabilidad a las empresas por violaciones de los DH requiere en primer lugar analizar la existencia y alcance de las obligaciones en materia de DH que repercuten sobre las empresas. Con este fin, y teniendo en cuenta las iniciativas y propuestas más novedosas, este trabajo aborda los distintos enfoques que permiten las dos disciplinas jurídico-internacionales: el Derecho internacional Público (DIP) y el Derecho internacional privado (DIPr) adoptando lo que, frente a la ya suficientemente estudiada perspectiva judicial (acceso a la justicia), puede calificarse como aproximación reguladora. Como es obvio, tanto las fuentes como las técnicas de reglamentación varían si tomamos como sujetos de referencia a los Estados o a las empresas que, por lo demás, operan en planos normativos y de responsabilidad distintos. Mientras el Estado incurre en responsabilidad internacional, ésta no es en principio atribuible a las empresas que, más allá de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa, incurren en responsabilidad civil establecida a escala nacional.

Conflicto socio-ambiental en el territorio U'wa: un análisis del conflicto entre indígenas y estado colombiano en torno al desarrollo, el medio ambiente y la cultura

El reconocimiento de los grupos étnicos, en América en general y en Colombia en particular, tomó auge a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, impulsado por organizaciones indígenas con la colaboración de diferentes estamentos sociales. Este proceso empezó por reconocer la diversidad cultural y continuó hasta elevarse al estatus de precepto constitucional, tal como quedó recogido en la Constitución Política colombiana expedida en 1991. Ello, sin embargo, no ha bastado para acabar con el proceso general de destrucción de la población y las culturas indígenas americanas, ahora amparado en modelos de desarrollo que vulneran su cultura y su territorialidad y protagonizado por grandes transnacionales mineras. Para el caso exclusivo de Colombia, los desplazamientos internos, principalmente de indígenas y campesinos, han sido producto del actual conflicto bélico que se ha mantenido por más de setenta años. Además, existen otros factores socioeconómicos, tales como la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, la existencia de latifundios improductivos y de campesinos sin tierra y la presencia de transnacionales mineras con negativo impacto ecológico e inquietantes repercusiones socio-ambientales. El objetivo de esta investigación, teniendo como referencia los anteriores hechos, es analizar la interacción de los grupos indígenas colombianos con la sociedad y la cultura nacionales, representadas por el Estado y las compañías multinacionales, y el modo en que los valores de esa cultura que aun cabe denominar como occidental cristiana –concepciones económicas, sociales y políticas, sus instituciones constitucionales y legales, y grupos ilegales– han afectado a la cultura ancestral y los derechos territoriales de estas colectividades...

La participación ciudadana y la democracia interna de los partidos políticos como proceso de legitimación democrática. El caso colombiano, 1990-2012

El triunfo de la democracia como el modelo político que mejor define los principios de libertad e igualdad política de los ciudadanos, exige que sus intereses sean efectivamente representados, por tal razón actualmente hay un predominio de la democracia representativa como el sistema que permite delegar el poder del demos en candidatos que personifican la voluntad y los deseos de los ciudadanos, lo que a su vez ha consolidado a los partidos políticos como las principales organizaciones que reúnen a los candidatos y quienes tienen dentro de sus funciones actuar como representantes de los ciudadanos. En este escenario la democracia representativa y los partidos políticos están íntimamente ligados, ya que tanto la una como el otro permiten el adecuado funcionamiento mutuo y su razón de ser. Sin embargo, y pese a existir implícitamente un compromiso entre los partidos políticos y los ciudadanos, entre los elegidos y los electores, por cumplir la voluntad delegada de los ciudadanos una vez accedan al poder, existen puntos en los cuales los representantes no poseen algún compromiso con sus electores, en un entorno que carece de mecanismos de control, quedando en libertad de actuar según sus propias ideas, de manera independiente, y que por su condición humana les limita la objetividad al momento de decidir acorde a la delegación recibida y que puede estar en contravía del querer de los ciudadanos. Por lo anterior, existe una baja credibilidad de la ciudadanía tanto en el sistema político como en los partidos políticos y el Congreso, hecho que también sucede en el caso colombiano donde si bien hay una democracia representativa ininterrumpida desde el momento mismo de la conformación del Estado, existe una baja percepción de los partidos políticos y del Congreso que afecta el sistema político. En tal sentido el objetivo de esta investigación es establecer si a través de una mejora en la democracia interna de los partidos políticos y en los mecanismos de participación ciudadana se relegitima la percepción del sistema democrático representativo en Colombia debido a la existencia de una relación entre la democracia y la necesidad de los partidos políticos para su desarrollo...

Identidad y empoderamiento para "liberar la palabra". Construcción de un sistema de comunicación indígena en los pueblos originarios del Cauca, Colombia

Los pueblos indígenas de América Latina han recuperado la palabra. Sin intermediarios ventrílocuos, son capaces de movilizar las distintas dimensiones en las que interviene la comunicación en los ámbitos intra e intercultural. Esto ha sucedido a partir de la emergencia del movimiento indígena en el continente, y ha evolucionado a la par que otros movimientos, estableciendo la diferencia identitaria como eje de su discurso. El hecho está inmerso además en la Sociedad de la Información, y son numerosos los retos que aún afrontan para relacionarse en este entorno desde una posición de autonomía; retos que se relacionan con su autorrepresentación y su emplazamiento en las relaciones de poder. Pero, más allá de presentar resistencia a la aculturación, los Sistemas de Comunicación Indígena se adentran en la articulación de proyectos. Entre ellos, el proyecto del Buen Vivir y su discurso ecosocial se sitúan como las estrategias comunicativas del futuro inmediato de los pueblos indígenas, y contiene los elementos adecuados para constituir un marco dominante de acción colectiva en el que puedan confluir otros movimientos sociales. La investigación adoptó una perspectiva cualitativa y de trabajo colaborativo, con un trabajo en terreno desarrollado de forma permanente durante tres años, por los participantes de las Mingas de Pensamiento –técnica grupal utilizada para la construcción colectiva de conocimiento entre los indígenas del Cauca- y con trabajo participante en periodos puntuales. Se han sistematizado los resultados de estas Mingas y se ha revisado un amplio acervo de fuentes secundarias. Con todo ello, se establece un panorama descriptivo de la forma en que se están construyendo estos Sistemas de Comunicación Indígena (SCI), y un abordaje interpretativo de los sentidos que contienen. La investigación sustenta, entre otras implicaciones, la necesidad de aceptar y valorar la existencia de la comunicación indígena y de establecer cauces oportunos para su ejercicio, por parte de los Estados, a través de políticas públicas que amplíen las garantías del derecho a la comunicación.