5 resultados para Argentina. Administración Federal de Ingresos Públicos

em Universidade Complutense de Madrid


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Mexico is now one of the countries with better policies on transparency and access to public information, according to various indicators and academics. Just fifteen years ago, Mexico was a country that lacked legal instruments thereon, whereby the institutions were deeply opaque and citizens could not exercise this right of access to public information. The development of the right of access to public information, in both law and public policy, a milestone in the history of Mexico. It has been, therefore gestation, as its formulation and implementation. In Mexico there have existed diverse social movements that have promoted democratization and the defense of human rights. In the framework of these movements the fight registers for the right of access to the public information that one presents as a successful model of civic action and government intervention, without for it, not to know the challenges that his deepening has still and take root both in the company and in the political class in general. How was it achieved to construct a new institutional of transparency that was functional? How was it possible that the above mentioned change was achieved? These are questions that interests formulated to the political science and to the public administration for the analysis of the change and improvement of institutions. The study of the political change is relevant since the public policies precisely try to solve a problem, to transform a reality but not always the change is achieved, is not even realized of successful form. In a nascent democratic regime, it turns out important to know what factors can collaborate in the conformation of a public successful sustainable politics in the time. Even more, on having treated itself about a substantive politics that it gives content and viability itself to the democracy in a marked country historically and culturally for the opaqueness and the corruption...

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La presente investigación trata acerca de la problemática de la vivienda y hábitat en Venezuela, desde una perspectiva política integral. La ausencia de definición de un modelo de Estado eficiente, en este país productor de petróleo, atípico en América Latina, conllevó a la formación de un Petro-Estado, endocentrico y dependiente de los ingresos que se obtienen dentro de los altibajos del Mercado energético mundial. Para analizar el problema de vivienda, se definió un periodo razonable de investigación: 1984-2012. Los últimos tres censos oficiales: 1990, 2001 y 2011, fueron tomados como base estadística. La distribución de la población a través del territorio fue estudiada y se encontró que no ha habido cambios significativos en el patrón histórico de distribución de la población en el territorio, ni por tanto de las viviendas, en las últimas décadas señaladas, reforzándose el modelo de concentración poblacional en el eje nortecostero del país. Adicionalmente por mayor comprensión se estudiaron los ejemplos de Chile, México y Colombia, y a España en el entorno de Europa Así se pudo facilitar la clarificación de factores y contrastar las experiencias y políticas en esta materia...

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Las exigencias del siglo XXI vienen acompañadas de un sinnúmero de requisitos para los aspirantes al puesto de policía. Las razones para ello son los nuevos retos que imponen los cambios a nivel mundial en la complejidad del fenómeno delictivo y su relación con el crimen trasnacional, así como la necesidad cada vez mayor de contar con evidencia basada en elementos científicos, a medida que la tecnología los ha redefinido, así como herramientas de investigación y metodologías para el desempeño de la función policial. Es común escuchar a los gobernantes de los países latinoamericanos afirmar que los problemas de inseguridad se resuelven automáticamente con “profesionalización policial” y en nombre de esta se han erogado grandes presupuestos sin lograr transformaciones profundas. La profesionalización y la capacitación policial desarrollados en contextos democráticos implican premisas que tienen que ver con valores éticos, con el respeto a los derechos humanos y con el ejercicio del criterio del policía para aplicar la ley. La conceptualización sobre lo que es un policía profesional ha llevado a muchos estudiosos del mantenimiento del orden a plantear marcos de referencia para el entendimiento del servicio policial en contextos democráticos. Las reformas policiales emprendidas por los países desarrollados y con democracias consolidadas tienen sus propias especificidades y características distintas a las de los países de la región latinoamericana. El camino hacia la profesionalización de las policías en países como los Estados Unidos de América, transitó por la limitación del poder que las corporaciones policiales ejercían para que rindieran cuentas ante la sociedad por casos de abuso de la fuerza o de brutalidad policial. Para ello, tuvieron que desarrollarse sistemas de control interno y externo, ante presiones de la sociedad para que las corporaciones rindieran cuentas sobre la conducta de sus integrantes...

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Los partidos políticos son agrupaciones temporales que median entre los grupos de la sociedad y el Estado y participan en la lucha por el poder político, a través de los procesos electorales. Los partidos tienen la obligación de registrar una plataforma electoral, a través de la cual plantean propuestas preliminares que se someten a consideración de los ciudadanos con el propósito de convocar al diálogo y a la deliberación, las cuales son enriquecidas y profundizadas a lo largo de las campañas, que debieran convertirse posteriormente en la base del programa de gobierno del partido que resulte triunfador en las elecciones. Respecto a la relación que existe entre la Plataforma Electoral y las iniciativas legislativas del Ejecutivo Federal en materia político-electoral, cabe señalar que: El 15 de diciembre de 2009, el Presidente presentó la iniciativa de Reforma Política compuesta por 9 puntos, a saber: Permitir la elección consecutiva de legisladores federales, locales, miembros de los ayuntamientos y jefes delegacionales; reducir el número de integrantes de las cámaras, modificando los principios para la integración de la Cámara de Senadores; adoptar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente; incrementar a 4% el porcentaje mínimo de votación para que un partido político nacional conserve su registro; incorporar las candidaturas independientes; permitir a los ciudadanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentar iniciativas de ley; facultar al Presidente para presentar iniciativas preferentes y para observar, parcial o totalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos; así como para publicar parcialmente aquellas leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso...

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La Contratación Pública constituye una fuente muy importante de la demanda de bienes y servicios, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en donde el Gobierno Autonómico, también llamado la Administración General Vasca, desarrolla un papel capital como impulsor de dicha contratación pública. Por otro lado, la Economía Social, y especialmente el movimiento cooperativo, tiene en ese mismo ámbito geográfico un papel de gran peso en el conjunto de la Economía Vasca, por sus cifras de empleo y aportación al PIB, así como por tradición y arraigo social. Cabe preguntarse en tal caso, cuál es el papel que desempeñan las cooperativas en la Contratación Pública en aquella Comunidad Autónoma, cómo y cuáles son los contratos de los que resultan adjudicatarias, qué importes suponen esos contratos para las cuentas públicas y, en definitiva, si su papel de adjudicatarias se corresponde con el que desempeñan en el conjunto de la Economía Vasca. Del examen de los contratos publicados en el Perfil del Contratante del Gobierno Vasco, se obtienen datos suficientes que, una vez procesados y analizados, se visualizan en tablas y porcentajes que constituyen la base de un diagnóstico que responde a las preguntas planteadas y evidencia la situación de debilidad de las cooperativas en el campo de la contratación pública vasca.