10 resultados para Andreu Castillejos

em Universidade Complutense de Madrid


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La presente investigación denominada “Reincidencia y caracterización de los agresores sexuales en tratamiento penitenciario”, fue desarrollada desde el año 2006, en el Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero en Madrid-España, en convenio con el programa de Doctorado en Psicología Forense. Su objetivo fue evaluar el grado de reincidencia que presentan 73 agresores sexuales del Centro penitenciario Madrid IV de Navalcarnero, (España), de los cuales 37 han estado en tratamiento (un promedio de 200 sesiones) y comparar este grupo con otros 36, que no han estado en terapia. En los ámbitos penitenciarios, se requiere de la evaluación del riesgo de reincidencia y la valoración forense de los delincuentes violentos y agresores sexuales que ya la principal preocupación de los psicólogos y directivos de estos centros, es que se presente la reincidencia y que los victimarios puedan atacar nuevamente. Aunque hay avances en esta área, se requiere de mayor investigación, tanto en el tema de la evaluación de factores de riesgo, como en los programas de intervención penitenciaria. La tesis inicia con la definición de los agresores sexuales, y las características de este, así como las tipologías y modelos teóricos que intentan explicar la variedad de ofensas sexuales que predominan desde los estudiosos de esta área de trabajo, y lo relevante que resultan estas contextualizaciones para el desarrollo de los modelos de intervención que han resultado exitosos hasta el momento. Luego, se hace referencia a la prevalencia del problema de las agresiones sexuales en España, y la incidencia de la población penitenciaria, donde el incremento ha sido de 1.161 penados en el año 2000, y llegando a 3.131 a finales del año 2013. A la vez, ha incrementado el número de internos que han estado en tratamiento, ya que en el 2006, había 199 internos en tratamiento, y en el 2011 el número ascendía a 382 (Cifras del Ministerio del Interior España, 2008)...

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Los incendios forestales suponen un gran problema ecológico y social en España, siendo la cuestión medioambiental que más preocupa a la población. Constituyen además un tipo delictivo con una alta incidencia, habiéndose producido en el último decenio más de 15.000 incendios forestales al año. Por otro lado, no es relevante sólo el número de siniestros sino la superfície forestal afectada debido a que en los últimos 20 años ha podido verse dañada el 25% del total de la superfície en España. El mes con mayor superfície forestal afectada del decenio para el total nacional fue agosto de 2006 con 97.394 hectáreas de superfície forestal recorrida por el fuego, perteneciendo el 86% a la Comunidad Autónoma de Galicia, que en dicho mes registró un total de 2.253 siniestros. A partir de ese momento la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma impulsó el desarrollo de nuevas herramientas de investigación, como el perfil criminológico, abriendo las Diligencias de Investigación 58/2006. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) documenta en sus informes que un 55-60% de los incendios forestales parecen ser intencionados, asumiendo esa motivación distintas formas, siendo las más habituales la eliminación de matorral y resíduos agrícolas y la regeneración de pastizales (prácticas tradicionales inadecuadas), las quemas por “pirómanos”, la obtención de algún beneficio no agrícola ni forestal (como, por ejemplo, facilitar la caza) y la venganza. Las estadísticas medioambientales también informan de que sólo se identifica a un 2-3% de sus autores, por lo que cualquier esfuerzo que se haga por incrementar esta cifra deberia ser bienvenido, tanto para exigir las responsabilidades que correspondan como, lo que es más importante si cabe, para prevenir incendios futuros...

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La simulación de enfermedad ha estado siempre asociada a la evitación de deberes militares. Tanto es así, que la etimología de la palabra malingering (simulación en inglés) proviene de la vida militar. De hecho, los principales manuales de diagnóstico psiquiátrico todavía mantienen los contextos militares como indicio para sospechar simulación. Además, esta forma de evitar obligaciones públicas se concebía como un intento de deserción y, en consecuencia, se identificaba con la cobardía y la deslealtad. Los Códigos de Justicia Militar de diferentes países así lo han contemplado y, en consecuencia, condenado. Debido a que la mayoría de los problemas psicológicos carecen de sustrato biológico, esta área de la salud ha estado inmersa en la subjetividad, favoreciendo que se relacionara, más que otras, con la sospecha de perfiles psicológicos deshonestos. En este contexto de arbitrariedad, los problemas mentales en población militar han sufrido un doble estigma. Por una parte, la fortaleza guerrera era incompatible con este tipo de problemas, convirtiéndolos en signo de debilidad. Mientras que, por otra, cualquier intento de evitación del servicio militar (como podían ser los problemas psicológicos aparentemente simulados) se asimilaba a un acto desleal. Por lo tanto, los soldados con problemas psicológicos -reales o simulados- eran estigmatizados, bien por debilidad, bien por cobardía o deslealtad. Así, ante las necesidades públicas de Defensa Territorial y/o Nacional, cristalizadas en una estricta cadena de mando cuyos objetivos eran incompatibles con la debilidad mental y la cobardía, la percepción de los problemas psicológicos partía de una visión intuitiva, cargada de connotaciones carentes de empatía y afianzada en este doble estigma. El problema para la sanidad militar –o los expertos de cada momento histórico- era determinar la veracidad de los cuadros psicopatológicos de los soldados, pero sin pruebas objetivas en las que basarse y bajo la presión de la cadena de mando...

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El maltrato infantil y el abuso sexual, como tipo de maltrato en la infancia, supone un problema social que ha estado presente a lo largo de la historia, en todos los países, culturas, estratos sociales. El abuso sexual infantil ha presentado dificultades para su definición al no existir un acuerdo único y darse diferencias sobre los criterios definitorios. Las definiciones propuestas han sido múltiples, algunas son más restrictivas, mientras que otras tienen una perspectiva más amplia. Una de las definiciones más ampliamente usada y aceptada internacionalmente ha sido la propuesta por la OMS (2001), al incorporar los criterios de que el menor se encuentra inmerso en actividades o comportamientos para los que no se encuentra preparado ni física ni psicológicamente, sin disponer de la capacidad de consentimiento, transgrediendo la legislación vigente en cada país (Stoltenborgh, Van Ijendoorn, Euser y Bakermans-Kranenbirg, 2011, en Amado, Arce y Herraiz, 2015). En el campo de la investigación social, la mayoría de profesionales hacen uso de los criterios propuestos por Finkelhor y Hotaling (1984), ratificados en España por López (1994). Dichos conceptos han sido el de coerción y la asimetría de edad o diferencias a nivel madurativo, lo que conlleva a una incapacidad a una libre decisión. Dado que el abuso sexual se suele dar en la más estricta intimidad, resulta realmente complicado cuantificar y estimar su prevalencia e incidencia, dada la denominada “cifra negra” de este tipo de situaciones, puesto que parte de los casos no se han denunciado o ni siquiera se han notificado. A pesar de ello, algunos estudios, como el meta-analítico realizado por Pereda, Guilera, Forns y Gómez-Benito (2009), han notificado una prevalencia de entre 7,4% en el caso de los niños y del 19,2% en las niñas...

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Un número importante de jóvenes se involucran en comportamientos antisociales o disruptivos a lo largo de su adolescencia, aunque este tipo de conductas suelen estar limitadas a infracciones de escasa gravedad. Tan sólo una pequeña parte de los adolescentes comete actos delictivos graves y un número aún menor lo hacen de manera habitual y persistente (Farrington, 2008; Howell, 2009; Rechea, 2008; Redondo y Garrido, 2001). Sin embargo, es este reducido grupo de jóvenes el que suscita una mayor preocupación social y el que requiere de un nivel de intervención más elevado, de cara a evitar la cronificación de estos comportamientos delictivos en la edad adulta. La conducta antisocial y delictiva en la adolescencia es un fenómeno amplio y complejo, determinado por una gran cantidad de factores que interactúan entre sí (Loeber, 1990; Peña, 2011; Slattery y Meyers, 2014; Viding y Larsson, 2007), de manera que el abordaje global de todo el conjunto de factores de riesgo implicados, deberá ser complementado por un estudio concreto y pormenorizado de cada una de las múltiples variables intervinientes. Existe un importante cuerpo teórico que sugiere que la emisión de conductas agresivas o antisociales se produce como consecuencia de déficits o alteraciones en la percepción e interpretación de los estímulos sociales (Bandura, 1991a; Crick y Dodge, 1994; Sykes y Matza, 1957; Yochelson y Samenow, 1976). Así, desde esta perspectiva socio-cognitiva, la conducta antisocial es concebida como el fruto de una serie de mecanismos o procesos cognitivos distorsionados, los cuales han podido generarse a lo largo de la historia personal del sujeto en virtud de la interacción de determinados factores ambientales con sus condiciones biológicas. Una perspectiva integradora que ha intentado estructurar las aportaciones de estos modelos socio-cognitivos es la teoría sociomoral de Gibbs (2003). Desde este marco teórico se concibe que el comportamiento antisocial y agresivo de los jóvenes es el resultado de determinados déficits en sus habilidades sociales y en el desarrollo de su juicio moral, junto con la presencia de distorsiones cognitivas auto-sirvientes...

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En el momento actual nos encontramos desde el ámbito de la justicia juvenil, con la necesidad de mejorar las estrategias de abordaje que permitan minimizar el riesgo de conductas desviadas futuras, contribuyendo de este modo a la disminución de la delincuencia futura y su victimización asociada. Una de las formas en que podemos enmarcar mejor su situación es a través del criterio de la reincidencia delictiva y su valoración, y ello conlleva conocer muy bien todos aquellos factores estáticos o dinámicos que se asocian a la misma. De este modo, no sólo podremos valorar la posibilidad de reincidencia, si no que estaremos en disposición de influir sobre aquellos factores dinámicos, susceptibles de modificación mediante la intervención que se plantee, haciendo que ésta sea más eficaz y eficiente, ajustándonos así a un modelo de justicia juvenil moderno y más actualizado (Graña, Garrido y González, 2007). Sobre la etiología de la conducta delictiva y su explicación causal, han sido multitud las corrientes teóricas y autores que han planteado diferentes planteamientos y clasificaciones para describir el fenómeno de la delincuencia juvenil. En primer lugar debemos tener en cuenta que las conductas desviadas, e incluso antisociales, aparecen en la gran mayoría de adolescentes, configurando un aspecto evolutivo que se ha llegado a considerar pasajero, diferenciándose claramente dos grupos de entre estos menores, los que llevan a cabo comportamientos antisociales circunscritos a la adolescencia y aquellos cuyos comportamientos antisociales persisten tras esta etapa (Frick, 2006; McLeod, Grove y Farrington, 2012; Moffit, 1993;1997). Algunas clasificaciones han tenido en cuenta aspectos basados en la conducta delictiva (infractores vs. no infractores o según la tipología delictiva), otras se han basado en los síntomas clínicos o las clasificaciones diagnósticas, o han tenido en cuenta los rasgos de personalidad (Eysenck, 1964; Frick, 2006; Lykken, 1995; Millon, 1993; Quay, 1995)...

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En el presente trabajo de investigación se va a tratar la importancia que tiene la música en la vida de los adolescentes, y los estilos musicales que más cercanos están a ellos. La música está muy presente en la vida de los adolescentes ya que es un medio de expresión, identificación, relación con los demás, comunicación, etc. Por esta razón, resulta interesante reflexionar sobre la presencia en el aula entre la música popular, la tradicional y la clásica o culta, que se suele estudiar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. También se indaga en el porqué de la preferencia de la música popular antes que la clásica, para intentar averiguar dónde está el vacío entre los gustos musicales de los estudiantes y aquellas músicas que incluye el currículo. Por lo tanto, el principal propósito del presente trabajo de investigación es averiguar cuáles son las preferencias musicales de los estudiantes, conocer los hábitos musicales de los adolescentes y del entorno donde conviven, conocer su cultura y conducta musical y por último, relacionar esos gustos musicales con los que se escuchan en el aula de música.

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La verificación formal de un programa es la demostración de que este funciona de acuerdo a una descripción del comportamiento esperado en toda posible ejecución. La especificación de lo deseado puede utilizar técnicas diversas y entrar en mayor o menor detalle, pero para ganarse el título de formal esta ha de ser matemáticamente rigurosa. El estudio y ejercicio manual de alguna de esas técnicas forma parte del currículo común a los estudios de grado de la Facultad de Informática y del itinerario de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, como es el caso de la verificación con pre- y postcondiciones o lógica de Hoare. En el presente trabajo se explora la automatización de estos métodos mediante el lenguaje y verificador Dafny, con el que se especifican y verifican algoritmos y estructuras de datos de diversa complejidad. Dafny es un lenguaje de programación diseñado para integrar la especificación y permitir la verificación automática de sus programas, con la ayuda del programador y de un demostrador de teoremas en la sombra. Dafny es un proyecto en desarrollo activo aunque suficientemente maduro, que genera programas ejecutables.

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Cuando hacemos referencia a la conducta antisocial nos referimos a una serie de comportamientos que infringen las normas o leyes establecidos; en el momento actual con una repercusión a nivel individual, clínico, familiar y a nivel social esto nos lleva a tener que poner mucho más empeño en poder poner de manifiesto la necesidad de estudiar aquellos factores de riesgo que está influyendo en dicha conducta. Numerosos son los estudios que se han llevado a cabo sobre este asunto por distintos autores y conocedores de la materia, y en este recorrido ya se han podido vislumbran muchos factores no solo de riesgo sino de protección, que pueden llevarnos a comprender y entender de un modo más claro y conciso la naturaleza del fenómeno que estamos abordando. A pesar de todo lo anterior no existe, hasta el momento suficiente consenso sobre la conceptualización de la conducta antisocial, dado por ser un constructor complejo y su uso en la investigación es frecuentemente ambiguo ya que, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo alusión a diferentes conductas sin una clara delimitación terminológica (Rutter, Giller y Hagell, 2000). En general, la conducta antisocial hace referencia a una diversidad de actos que generan daño en los demás, frecuentemente en forma de agresión, o que violan las normas sociales y los derechos de los demás (Burt y Donnellan, 2009; Peña y Graña, 2006). Sin embargo, el que una conducta se conceptualice como antisocial también está en función del juicio o valoración social acerca de la gravedad de los actos cometidos y de su alejamiento de las pautas normativas en una sociedad en concreto (Kazdin y Buela-Casal, 2002). En esta valoración intervienen multitud de factores tales como la edad del menor, su sexo, la clase social y otras circunstancias socio-contextuales (Pahlavan y Andreu, 2009; Romero, Sobral y Luengo, 1999; Vázquez, 2003)...