8 resultados para Administración de justicia España 1553 ordenanzas

em Universidade Complutense de Madrid


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Con un enfoque novedoso, este libro recoge las originales aportaciones que un grupo de universitarios españoles han elaborado acerca de la Administración pública en España. El objetivo es transmitir conocimientos desde el ámbito académico a cualquier ciudadano, para alentar la reflexión con criterio nuestras administraciones, sus cambios y sus previsibles dinámicas. También se dirige especialmente al funcionario, que no deja de ser una parte representativa de la sociedad, como una oportunidad para repensar su propia labor y desempeño en los servicios que ofrecen, que garantizan el bienestar de toda la ciudadanía.

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Los equipos psicosociales de la administración de justicia desde 1982 asesoran a los jueces en materia de conflictos familiares. El estudio que se presenta informa cómo se ha elaborado el discurso de este colectivo, y parte de la noción de discurso de Michel Foucault, desde su visión problemática.Luego recoge, a través de entrevistas y grupos de discusión, las opiniones de los trabajadores sociales y psicólogos de Madrid y Barcelona sobre la gestión del discurso. El estudio plantea un supuesto inicial sobre un menor protagonismo de los trabajadores sociales en la creación del relato que corresponde a una práctica común y busca una explicación y una descripción de lo sucedido. El trabajo que se presenta forma parte de una investigación académica básica y exploratoria de tipo cualitativo, basada en el principio fundamental de obtener los discursos principales para la resolución de los objetivos planteados como nuevas alternativas técnicas del trabajo psicosocial en los juzgados de familia y las tareas que desarrollarán los equipos psicosociales con las familias. Como conclusiones cabe resaltar que los trabajadores sociales forenses ven el futuro con optimismo, valoran su propia intervención en la ayuda a los jueces y creen que habría que impulsar una actuación profesional más propia. Los psicólogos y trabajadores sociales forenses entienden que hay un problema de falta de discurso psicosocial, por lo que es necesaria una mayor implicación en producir investigación en el área del discurso psicosocial. Aunque al evaluar la aportación de los trabajadores sociales la realidad resulta más pobre.

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¿Es hoy la Administración presupuestaria una realidad diferente tras sucesos tan importantes como la reforma política (años 70 del siglo XX), la reforma de la estructura del Estado (años 80) y el cambio regular de partidos gobernantes (consolidado en los años 90)? Antes de entrar a considerar cuestiones más metodológicas y de entrar en detalles exigibles académicamente, hay que decir que se trata de un estudio político de adminis-tración pública totalmente empírico. Es un estudio del poder público, en el que se consi-dera que la administración pública ejerce el poder público y cumple una universalidad de fines, se estudia qué es la administración pública y los grupos humanos que la integran y sirven. Aspira a contribuir a dar conocimiento para administrar adecuadamente en el sec-tor público1. Se estudia la administración presupuestaria central en España en el período que va de 4 de enero de 1977 (Ley General Presupuestaria) a 5 de mayo de 1996 (cambio de Go-bierno del PSOE a Gobierno del PP). No sólo es un estudio de Ciencia de la Administra-ción porque el objeto es un sector de la Administración pública, sino porque además es un estudio flagrantemente político, con consecuencias sobre el sistema político y sobre la administración pública simultáneamente. Se puede decir que incorpora dos visiones o ángulos aparentemente opuestos: una visión macro que nos lleva al sistema político global, y una visión micro que enlaza con el trabajo cotidiano de muchos funcionarios, con la política y con la gestión, difícilmente separables...

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La presente investigación trata acerca de la problemática de la vivienda y hábitat en Venezuela, desde una perspectiva política integral. La ausencia de definición de un modelo de Estado eficiente, en este país productor de petróleo, atípico en América Latina, conllevó a la formación de un Petro-Estado, endocentrico y dependiente de los ingresos que se obtienen dentro de los altibajos del Mercado energético mundial. Para analizar el problema de vivienda, se definió un periodo razonable de investigación: 1984-2012. Los últimos tres censos oficiales: 1990, 2001 y 2011, fueron tomados como base estadística. La distribución de la población a través del territorio fue estudiada y se encontró que no ha habido cambios significativos en el patrón histórico de distribución de la población en el territorio, ni por tanto de las viviendas, en las últimas décadas señaladas, reforzándose el modelo de concentración poblacional en el eje nortecostero del país. Adicionalmente por mayor comprensión se estudiaron los ejemplos de Chile, México y Colombia, y a España en el entorno de Europa Así se pudo facilitar la clarificación de factores y contrastar las experiencias y políticas en esta materia...

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El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública que sitúa la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como ejes primordiales para la acción política. El gobierno abierto fomenta que las administraciones y los gobiernos afronten el reto de recuperar la legitimidad y la confianza de la población a través de la transparencia y la responsabilidad, así como mediante la generación de espacios de intercambio y participación que promuevan la inteligencia colaborativa. Desde hace más de una década, el concepto de gobierno abierto ha formado parte de los estudios de Ciencias Políticas en relación a la transparencia, la participación, la modernización de la administración pública y el gobierno electrónico. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando alcanzó su máxima notoriedad debido a la presentación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto presentado por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como punto de partida orientado a cerrar la brecha existente entre el pueblo americano y su gobierno. Poco después, un pequeño grupo de países (Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido, bajo el liderazgo de Brasil y los EE.UU.) crearon la Alianza para el Gobierno Abierto u Open Government Partnership (OGP) una iniciativa destinada a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación gracias a las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías y la web 2.0. A partir de ese momento, el gobierno abierto entró a formar parte de la agenda internacional, ofreciendo prácticas y conocimientos en red basados en un nuevo esquema de relación entre gobierno y ciudadanía a través del uso de las nuevas tecnologías...

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En el presente artículo se analiza la importancia que tiene la formación para el fomento de la economía social, prestando especial atención a la caracterización de la oferta formativa de este tipo de estudios y diferenciándola respecto a la oferta formativa convencional en el área de Administración y Dirección de Empresas, emprendimiento e innovación. Previo a ello, se reflexiona, en base a un breve análisis bibliográfico, sobre las relaciones que se establecen entre educación y economía para, posteriormente, centrarnos en la caracterización de este tipo de formación, prestando especial atención a la que se centra en la Economía Social. Para ello, en primer lugar, se ha elaborado una base de datos en la que se incluyen todas las titulaciones de posgrado relacionadas con los estudios de Economía. Asimismo, se ha diseñado un cuestionario estructurado con el objetivo de caracterizar este tipo de formación. Se concluye la escasa importancia que tiene en el sistema universitario de posgrado español la formación en Economía Social, detectándose algunas diferencias significativas en la caracterización del proceso formativo entre las titulaciones de Economía Social y las convencionales de Administración y Dirección de Empresas, emprendimiento e innovación empresarial, en aspectos tales, como: los valores, las competencias, las habilidades, la forma de entender y transmitir el funcionamiento de la economía, etc. A partir de estas conclusiones se dan una serie de recomendaciones que pueden contribuir a fomentar y dinamizar, mediante la formación en posgrados, la Economía Social.

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El marco legal general en España está caracterizado por dos tendencias contrapuestas, por una parte el carácter globalizador de la legislación europea y por otro la proliferación y particularidad de las leyes nacionales y de ámbito regional (autonómicas). En un contexto en el que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aceleran su implantación y en que todas las recomendaciones de la Unión Europea son de convergencia en el ordenamiento contable , en España se aprueba recientemente las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, que tiene como objetivo adaptar las pautas de valoración y elaboración de las cuentas anuales a las condiciones concretas del sujeto contable. La normalización y regulación de la información contable española procede de la Ley 19/1989 de 25 de julio de Reforma de la Legislación Mercantil para su adaptación a las Directivas en materia de sociedades. Dicha reforma mercantil trata de trasladar a la normativa nacional las orientaciones de la IV Directiva de la Unión Europea, conteniendo modificaciones importantes en cuanto a la contabilidad se refiere. Así en España hay un verdadero derecho contable desde ese año, al desarrollarse una regulación contable autónoma, que establece entre otros unos principios contables que quedan reconocidos en una norma con rango de ley. El Plan General de Contabilidad constituye el desarrollo reglamentario en esta materia de la legislación mercantil y con él se inicia una nueva etapa en el proceso normalizador. Dicho Plan es obligatorio para todas las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea la forma de éstas últimas. Las diversas adaptaciones del Plan de Cuentas tratan de recoger de un modo más preciso las peculiaridades y aspectos diferenciales a fin de que la contabilidad sirva mejor a sus objetivos: recoger adecuadamente los hechos económicos que se producen y ofrecer una imagen fiel de los mismos y del patrimonio de cada empresa. Las normas de adaptación forman parte de un auténtico derecho contable de obligado cumplimiento que contiene criterios distintos a los prescritos en la normativa tributaria. Las adaptaciones sectoriales tienen una gran importancia en ciertas áreas de actividad, cuyas peculiaridades técnicas y legales exigen unas normas de contabilidad establecidas a su medida. Una vez que se aprueban estas normas, las empresas de cada sector deben adaptar sus sistemas contables. Se han publicado diez adaptaciones sectoriales referentes a empresas constructoras, federaciones deportivas, inmobiliarias, sociedades anónimas deportivas, empresas de asistencia sanitaria, sector eléctrico, entidades sin ánimo de lucro, sociedades concesionarias de autopistas, compañías del sector de abastecimiento de aguas y sector vitivinícola. En este contexto la reciente aparición de las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas constituye una importante novedad, al constituir una adaptación en razón de la forma jurídica del sujeto contable, y no en razón del sector de actividad. Es decir, aparece por primera vez una norma de adaptación de la regulación a las condiciones concretas del sujeto contable. El presente trabajo pretende estudiar y analizar la adecuación de esta norma en un contexto de economía globalizada y dentro del proceso normalizador de la Unión Europea, así como sus posibles repercusiones para los agentes implicados, y en concreto para las sociedades cooperativas españolas.

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El transporte ferroviario ha servido durante sus años de historia como principal medio de transporte en el siglo XIX. MZA es una de las grandes compañías que comenzó sus trabajos de constitución y ampliación para el desarrollo de la economía nacional a mediados del siglo XIX. Los primeros transportes se realizaron bajo las directrices de la Real Orden de 31 de diciembre de 1844, que establecía las reglas principales para los primeros ferrocarriles españoles y más tarde, la Ley General del Ferrocarril de 1855. La razón que obligó a estas compañías a construir el tendido fue la inexistencia previa de una red viaria que permita la prestación del servicio de transporte, lo que, efectivamente, exige un gran volumen de inversión y condiciona la fase de implantación y expansión del negocio. Santos, Fidalgo y Santos (2011b:745) señalan que “las primeras compañías españolas tuvieron que acometer, junto con el estado, a través de un modelo de concesión, la construcción de la infraestructura precisa para hacer viable la prestación del servicio, lo que supondría en la gestión de estas compañías un esfuerzo adicional al negocio principal. El importante volumen de inversión y recursos que exigía la construcción, hizo que algunas compañías considerasen esta actividad –según el objeto social que definen en sus Estatutos-­‐ como una fase dentro de su actividad principal”. Este trabajo está basado en el estudio de la Compañía española del Ferrocarril Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA) durante los años 1875 a 1900, siendo el principal motivo de constitución la creación de una red de transporte que facilitara la apertura de la economía nacional a través del mar; es decir, encontrar en su finalidad la unión del transporte ferroviario con el marítimo para desarrollar una mayor exportación del producto nacional. Uno de los objetivos del trabajo de investigación es intentar determinar qué procedimientos se han podido seguir en la elaboración de las cuentas y sus estados, qué criterios se han podido aplicar, y qué tipos de valoración se observan en los elementos que constituyen los estados contables para determinar si existe alguna posible normalización en la presentación de los mismos. Todo ello, con la finalidad última de evidenciar la flexibilidad del modelo ante los impactos del contexto social y económico español durante el último cuarto del siglo XIX. Ello implica, asimismo, investigar si el modelo contable de la compañía sirve como representación de su actividad y si es válido para la toma decisiones. El método de investigación elegido ha sido el análisis del caso histórico a lo largo del periodo 1875 a 1900. Las fuentes primarias que han servido como base documental esencial del trabajo, han sido las Memorias Anuales de la compañía, así como actas tanto de los Consejos de Administración como de las Juntas Generales de Accionistas. Utilizando, también, normativa legal y reglamentación interna disponible...