La participación ciudadana y la democracia interna de los partidos políticos como proceso de legitimación democrática. El caso colombiano, 1990-2012

El triunfo de la democracia como el modelo político que mejor define los principios de libertad e igualdad política de los ciudadanos, exige que sus intereses sean efectivamente representados, por tal razón actualmente hay un predominio de la democracia representativa como el sistema que permite delegar el poder del demos en candidatos que personifican la voluntad y los deseos de los ciudadanos, lo que a su vez ha consolidado a los partidos políticos como las principales organizaciones que reúnen a los candidatos y quienes tienen dentro de sus funciones actuar como representantes de los ciudadanos. En este escenario la democracia representativa y los partidos políticos están íntimamente ligados, ya que tanto la una como el otro permiten el adecuado funcionamiento mutuo y su razón de ser. Sin embargo, y pese a existir implícitamente un compromiso entre los partidos políticos y los ciudadanos, entre los elegidos y los electores, por cumplir la voluntad delegada de los ciudadanos una vez accedan al poder, existen puntos en los cuales los representantes no poseen algún compromiso con sus electores, en un entorno que carece de mecanismos de control, quedando en libertad de actuar según sus propias ideas, de manera independiente, y que por su condición humana les limita la objetividad al momento de decidir acorde a la delegación recibida y que puede estar en contravía del querer de los ciudadanos. Por lo anterior, existe una baja credibilidad de la ciudadanía tanto en el sistema político como en los partidos políticos y el Congreso, hecho que también sucede en el caso colombiano donde si bien hay una democracia representativa ininterrumpida desde el momento mismo de la conformación del Estado, existe una baja percepción de los partidos políticos y del Congreso que afecta el sistema político. En tal sentido el objetivo de esta investigación es establecer si a través de una mejora en la democracia interna de los partidos políticos y en los mecanismos de participación ciudadana se relegitima la percepción del sistema democrático representativo en Colombia debido a la existencia de una relación entre la democracia y la necesidad de los partidos políticos para su desarrollo...

Prácticas artísticas contextuales y comunitarias: cuatro casos en Colombia, 1991-2012

Desde mediados del siglo XX se manifiestan en el universo artístico propuestas caracterizadas por la falta de reflexión y la ausencia de compromiso con el entorno social y político. Prevalece en los artistas una actitud individualista y el desprendimiento de un interés por lo social, lo que ha significado un ejercicio de construcción estética desde su propio universo subjetivo. De otro lado, el conjunto de relaciones que determinan y gobiernan las prácticas artísticas configuran una institucionalidad fuertemente cimentada, desde donde se imponen modos de producción y circulación del arte que favorecen la persistencia de un distanciamiento entre el artista y su acontecer. Mayoritariamente la formalización de la obra artística transita de forma obligada hacia la mera circulación y exhibición en espacios institucionales, es destinada a un espectador recogido y silencioso. La obra en estos casos busca sustraer al espectador de su entorno habitual para contactarlo pasivamente con las obras presentadas. Sin embargo, contrarias a estos planteamientos, asoman actitudes en cierta comunidad artística que defiende la necesidad de socializar sus prácticas y de alimentar un intercambio directo con el conglomerado social, principalmente con comunidades urbanas, llegando incluso a proponer la promoción de las cualidades sociales en los individuos...

La relación de la autonomía política municipal y las modalidades de participación ciudadana en Nicaragua entre 1990 y 2012

La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...