3 resultados para Sociedad Medica General de Socorros Mutuos.

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Introduction: In the last few years a significant number of papers have related the use of proton-pump inhibitors (PPIs) to potential serious adverse effects that have resulted in social unrest. Objective: The goal of this paper was to provide a literature review for the development of an institutional position statement by Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) regarding the safety of long-term PPI use. Material and methods: A comprehensive review of the literature was performed to draw conclusions based on a critical assessment of the following: a) current PPI indications; b) vitamin B12 deficiency and neurological disorders; c) magnesium deficiency; d) bone fractures; e) enteric infection and pneumonia; f) interactions with thienopyridine derivatives; e) complications in cirrhotic patients. Results: Current PPI indications have remained unchanged for years now, and are well established. A general screening of vitamin B12 levels is not recommended for all patients on a PPI; however, it does seem necessary that magnesium levels be measured at therapy onset, and then monitored in subjects on other drugs that may induce hypomagnesemia. A higher risk for bone fractures is present, even though causality cannot be concluded for this association. The association between PPIs and infection with Clostridium difficile is mild to moderate, and the risk for pneumonia is low. In patients with cardiovascular risk receiving thienopyridines derivatives it is prudent to adequately consider gastrointestinal and cardiovascular risks, given the absence of definitive evidence regardin potential drug-drug interactions; if gastrointestinal risk is found to be moderate or high, effective prevention should be in place with a PPI. PPIs should be cautiously indicated in patients with decompensated cirrhosis. Conclusions: PPIs are safe drugs whose benefits outweigh their potential side effects both short-term and long-term, provided their indication, dosage, and duration are appropriate.

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Introducción: Desde el año 2000 vienen apareciendo en distintas publicaciones científicas los resultados de numerosos estudios experimentales realizados en animales, evaluando el impacto neurotóxico que sobre sus cerebros tenía la exposición a combinaciones de anestésicos de uso habitual. Se constata que la exposición en periodo de máxima sinaptogénesis conlleva una apoptosis neural diseminada. Comienzan entonces a preocuparse los anestesiólogos que trabajan con niños, pues quizás ese daño neuronal también pudiera acontecer a la población pediátrica. Así, son varios los estudios que están en marcha desde hace años valorando el desarrollo neurocognitivo de cohortes de niños que se sometieron a anestesias generales en edades tempranas de sus vidas. En este sentido, la necesidad de medir un daño cerebral agudo nos anima a utilizar marcadores que han demostrado su asociación con dicho deterioro cerebral en diferentes situaciones clínicas como la hipoxia perinatal, la parada cardiorrespiratoria o el traumatismo craneoencefálico. Objetivos: Planteamos este trabajo con el objetivo de determinar si la proteína S100B podría comportarse como un biomarcador de daño cerebral agudo postanestésico y si pudiéramos establecer asociación entre la elevación de este marcador en sangre y alguno de los fármacos anestésicos utilizados habitualmente. Metodología: Determinación sanguínea de la proteína S100B en 76 pacientes pediátricos intervenidos de hipertrofia amigdalar bajo anestesia general, antes y después de la cirugía. Conclusión: Tras analizar los resultados podemos concluir que existe una elevación estadísticamente significativa entre los niveles de proteína S100B antes y después de la exposición anestésica. En segundo lugar, podemos establecer una correlación positiva, también con significación estadística, entre el fentanilo administrado y la elevación de dicha proteína al final del acto anestésico.

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En 2014, el Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad Española de Epidemiología llevó a cabo un estudio descriptivo con el fin de evaluar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, promulgada en España en 2011. Se remitió una encuesta a las 19 comunidades y ciudades autónomas para evaluar la existencia de sistemas de información y otros aspectos de los distintos apartados de vigilancia incluidos en la ley. Todas disponían de un sistema de información para enfermedades transmisibles y en seis para condicionantes sociales; 18 vigilaban al menos una enfermedad crónica y 14 alguno de sus determinantes. El 100% analizaba sistemáticamente la información procedente de la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Hay margen de mejora para la vigilancia de la salud pública en España. La acción debe ir dirigida a los principales problemas de salud.