2 resultados para Consejo Provincial del Menor

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En el momento actual existe confusión entre dos conceptos, por una parte la incapacidad temporal por riesgo clínico durante el embarazo y por otro lado el riesgo durante el embarazo relacionado con la actividad laboral de la trabajadora, esta confusión también se extiende a los trámites administrativos que esta situación comporta; esto ha dado lugar a la elaboración de un Protocolo específico para estos casos. Es fundamental la valoración técnica del puesto de trabajo para determinar los riesgos a los que pueda estar expuesta la trabajadora embarazada, con el objetivo de evitar que estos riesgos puedan afectar la seguridad y salud de la trabajadora y su descendencia Es importante mantener la comunicación entre las partes implicadas: médicos clínicos, médicos de los Servicios de Prevención y la Unidad Médica de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la orientación y asesoría en muchos de estos supuestos.

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Objetivo: Analizar las características asociadas al riesgo de feminicidio en España entre mujeres expuestas a la violencia de pareja o análogo y su posible asociación con las denuncias a los agresores. Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles para el periodo 2010-2011. Los casos, 135 mujeres mayores de edad, asesinadas por su pareja o análogo durante dicho periodo, se identificaron a través de la página web de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, y de los informes del Consejo General del Poder Judicial. Los controles, 185 mujeres expuestas a la violencia de pareja el último año, proceden de la Macroencuesta de Violencia de Género 2011. La asociación entre la denuncia y el riesgo de feminicidio se estimó mediante modelos de regresión logística multivariada. Resultados: No se encontró asociación entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada (odds ratio [OR]: 1,38; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,68-2,79). Las mujeres inmigrantes expuestas a la violencia de pareja registraron una mayor probabilidad de ser asesinadas (ref.: mujeres españolas; OR: 5,38; IC95%: 2,41-11,99). Esta asociación también se observó en las mujeres que vivían en zonas rurales (ref: zonas urbanas; OR: 2,94; IC95%: 1,36-6,38). Conclusiones: La denuncia judicial al agresor no parece modificar el riesgo de asesinato entre las mujeres expuestas a la violencia de pareja. Las medidas de protección a las mujeres deberían extremarse en las mujeres inmigrantes y las que viven en el medio rural.