The role of private sector in development: The relation between public-private investment in infrastructure and agricultural exports in developing countries

Increasing foreign private investment in developing countries explains why the Public-Private Investment (PPI) is becoming a key tool to reach the development goal. This article analyzes the relation between PPI in infrastructure and agricultural exports in developing countries. We use the panel data approach (52 countries and 17 years). Results show that PPI in infrastructure has a positive impact on agricultural exports of developing countries. The impact is greater in developing countries with higher income rates. This suggests that the lower income countries require the intervention of public sector without which private investment cannot help to economic development.

Public Private Partnerships in the Humanitarian Aid

This master thesis is intended to perform an exploratory approach for the potential to Public-Private Partnerships as a tool for advanced collaboration between businesses and the cooperation system in the specific context of humanitarian action. It intends to conduct a case study analysis of representative interactions between the public and private actors in the humanitarian aid, and in conjunction with a profound revision of the existing literature, creates a set of conclusions and recommendations that can serve as a prototype for possible inclusion guide the private sector in humanitarian action through new paradigms that go beyond the classical donor-recipient model.

Criterios de optimización de los incentivos en contratos de concesión ligados a indicadores de calidad de servicio para firmes bituminosos

Actualmente se está empezando a consolidar una nueva forma de gestionar la conservación y mantenimiento de la red viaria de las Administraciones Públicas, basándose en contratos de colaboración público-privadas (PPP). Las motivaciones que están provocando este movimiento son de diversa índole. Por un lado, en el seno de la Unión Europea, existen serias restricciones presupuestarias debido al alto endeudamiento del sector público, lo que está llevando a buscar la forma óptima de disminuir el endeudamiento público, sin dejar de prestar servicios a la sociedad como la conservación y mantenimiento de las redes viarias. Por esta vertiente, se trata de convertir contratos convencionales de conservación viaria a esquemas de colaboración público-privada, donde se transferiría al sector privado el riesgo de disponibilidad de la vía mediante el uso de indicadores de calidad y servicio. Con esta transferencia de riesgo, junto con la transferencia del riesgo de demanda/construcción, no consolidaría la deuda de la sociedad de propósito específico constituida para la gestión del contrato de colaboración público-privada dentro de las cuentas públicas, con lo que se conseguiría no aumentar el déficit público, permitiendo continuar ofreciendo el servicio demandado por la sociedad. Por otro lado, la segunda motivación del desarrollo de este tipo de contratos, no tan economicista como la anterior y más enfocada a la gestión, se trata de utilizar los contratos de gestión basados en el uso de indicadores de calidad de servicio para mejorar las prestaciones de la red viaria competencia de una Administración. Con el uso de estos indicadores, el gestor tiene una herramienta muy útil para controlar la actividad del sector privado y asegurar que se ofrece un buen servicio. En la presente tesis, la investigación se ha centrado más en la vertiente de los indicadores de calidad relacionados con la gestión eficiente de las vías objeto de conservación y mantenimiento mediante el empleo de contratos de gestión privada que utilicen este tipo de herramientas de control, monitorización y gestión. En una primera parte, la presente tesis estudia el estado de la red de carreteras, referido principalmente a España, comparando su estado con el resto de redes de carreteras de Europa, detectando las principales carencias de la misma, sobre todo en cuanto a la gestión y conservación de firmes. En un segundo bloque, la tesis analiza el estado del arte de los nuevos procedimientos de gestión de la conservación y mantenimiento basados en indicadores de calidad del servicio en el mundo, destacándose que se trata de un tema relativamente reciente, con gran interés para el sector de la gestión y financiación de infraestructuras viarias. Al ser tan novedoso, por la falta de experiencias previas, las distintas Administración, tanto propias como foráneas, han pecado de un exceso de celo a la hora de establecer los umbrales sobre los que giran los distintos indicadores de calidad de servicio que permiten controlar la gestión de la conservación y mantenimiento de la vía. Partiendo de la labor de análisis descrita, la tesis realiza una investigación más detallada de los indicadores de calidad de servicio correspondientes a firmes bituminosos, debido a que estos indicadores son los más delicados y decisivos a la hora de realizar una correcta gestión de la vía a largo plazo. Dentro de los indicadores de firmes bituminosos, se ha realizado un modelo específico de evolución de comportamiento a lo largo del tiempo de la regularidad superficial, parámetro básico para numerosas Administraciones y organismos investigadores para poder conocer la evolución de un firme a lo largo del tiempo. A esta metodología se le ha dado el nombre de Modelo JRB para evaluar la racionalidad económica de indicadores de calidad asociados a parámetros de firmes. El modelo propuesto básicamente evalúa el valor óptimo desde la perspectiva económica que ha de tener el parámetro técnico que defina alguna propiedad del firme, aplicado a la definición de los indicadores de calidad de servicio. Esta visión del valor umbral del indicador deja a un lado consideraciones de equidad o de cualquier otra índole, basándose más en una visión económica. La metodología del Modelo JRB se puede aplicar a cualquier indicador de calidad relacionado con firmes, ya que lo que se obtiene es el valor óptimo económico que debería tener el umbral del indicador de calidad. El Modelo JRB consta de varias fases. En las primeras etapas el Modelo realiza el cálculo de los costes totales de transporte utilizando como herramienta el software HDM-IV desarrollado por el Banco Mundial. En etapas posteriores, el Modelo realiza análisis de sensibilidad para distintas propuestas de sección de firme, intensidades de tráfico y restricciones al parámetro técnico que define el indicador de calidad de servicio. Como ejercicio práctico de cara a contrastar la metodología del Modelo JRB se ha realizado un Caso de Estudio. Se ha tomado un tramo teórico, con características similares a la red de carreteras española, y con una flota vehicular similar a la española, donde se ha elegido como indicador de calidad la regularidad superficial (IRI). Con las sensibilidades realizadas con el Modelo JRB, se ha determinado el rango de valores que debería tener un indicador de calidad basado en el IRI para que dichos valores fueran óptimos desde la perspectiva económica Nowadays is becoming a new way to manage O&M (operation and maintenance) in public road networks, based on PPP contracts (public-private partnership). There are several issues which are driving this trend. On the one hand, EU (European Union) has serious budgetary constraints due to the high public sector borrowing. EU politicians are looking for the best way to reduce public debt, keeping services to society such as O&M of road networks. For this aspect, conventional O&M contracts are switching to PPP scenarios, where availability risk would be transfer to private sector using PI (performance indicators), along with demand risk transfer With this risk transference, along with the transfer of demand/construction risk, SPV (specific purpose vehicle) debt doesn’t consolidate in public accounts, so deficit wouldn’t increase, allowing the continuation of services demanded by society. On the other hand, the second motivation for developing this kind of contracts, not so economist as above and more focused to management, it is about using O&M contracts based on the use of PI to improve road network maintenance. Using these indicators, manager has a very useful tool to monitor private sector activity and ensure that it is provided a good service. In this thesis, the research has been focused on PI quality aspect, related with efficient management of PPP contracts for roads, which use these tools for control, monitoring and management. In the first part, this thesis examines the state of road network, based mainly in Spain, comparing with other road networks in Europe, identifying the main gaps in it, especially with regard to the management and maintenance of pavements. In a second block, the thesis analyzes the state of art of new O&M contracts based on PI in the world, emphasizing that they are relatively recent. These kinds of contracts have a great interest in road management and financing sector. Administrations all around the world have launch tenders with very exigent PI thresholds due to several factors: this knowledge is a new area, the lack of previous experiences and the variety of Administrations which have bid these contracts. Building on the described analysis, thesis develops a more detailed research about PI for bituminous pavements, because these PI are the most delicate and decisive in making a proper long term road management. Among bituminous pavements PI, IRI (International Roughness Index) has been analyzed with more detail and has been developed a specific model of behaviour evolution over time for evenness (IRI), basic parameter for many administrations and research departments in order to know the evolution of a pavement over time. This methodology has been given the name of JRB Model to evaluate the economic rationality of performance indicators associated with pavements parameters. The proposed model basically evaluates the optimal value from an economic perspective it must have the technical parameter which defines some pavement characteristic applied to the definition of performance indicators. This point of view of indicator value threshold sets aside justice considerations or otherwise, based more on an economic perspective. JRB Model methodology can be applied to any performance indicator associated to pavements, because what you get is the economic optimum threshold should have the performance indicator. JRB Model consists of several phases. In the early stages, the Model calculates transport total cost using HDM-IV software, developed by the World Bank, as a tool. In later stages, the Model performs sensitivity analyzes for different pavement section, AADT and restrictions to the technical parameter which defines the performance indicator. As a practical exercise to test JRB Model methodology, it has done a Case Study. It has taken a theoretical section, with similar characteristics to Spanish road network, and a vehicles fleet similar to Spanish. Evenness (IRI) was chosen as a performance indicator. JRB Model calculated some sensitivities, which were useful to determined thresholds range for pavement performance indicators based on IRI to be optimal from an economic perspective.

Las capacidades de los actores para dirigir la nueva gobernanza en el desarrollo rural en México

El objetivo de la presente investigación es analizar el proceso de implantación de la nueva gobernanza dirigido por diferentes actores, en contextos rurales de Chiapas, México, que permita generar aportes conceptuales y propuestas de acción pública para su gestión. En la presente investigación se desarrollaron tres estudios de caso con un enfoque comparativo. Cada caso tuvo un actor diferente que dinamizó el proceso, en el primero fue el privado empresarial, en el segundo la sociedad civil y en el tercero el gobierno local. Lo registrado en la presente investigación señala que la nueva gobernanza no se acota a lo definido por organismos externos al territorio y tampoco se arriba a través de una sola ruta, se estructura fundamentalmente por lo que los mismos actores locales trabajen mediante un proceso de aprendizaje social en su definición y proceso de cambio según sus elementos socio-culturales. La nueva gobernanza dirigida por la sociedad civil es quien tuvo los mejores resultados respecto a los casos guiados por la iniciativa privada y el gobierno local. Sin embargo, es este último actor quien tiene las mayores posibilidades de detonar los procesos de nueva gobernanza en la mayoría de los contextos territoriales para dar paso a la sociedad civil o la iniciativa privada que posibiliten la sostenibilidad de los procesos en el largo plazo. The purpose of the current research is to analyze the new governance implantation process directed by different actors, in the rural contexts of Chiapas, México which will permit to generate conceptual contributions and public action proposals for its management. In the current research three case studies were developed each one based on comparative focus. Each case had a different actor which put into effect such process. In the first case it was private business, in the second the civilian society and in the third the local government. The information that was registered in the current research points out that the new governance do not encloses to elements defined by those organisms which are external to the territory and neither arrives through a single pathway; it is fundamentally structured and for this reason the same local actors work through a social learning process in its definition and change process in accordance to the socio-cultural elements. The new governance which is directed by the civilian society is the one that had the best results regarding the cases that were guided by the private sector and the local government. Nevertheless, this last actor is the one who had the best chances to trigger the new governance processes in most of the territorial contexts yielding the civilian society or private business to enable the long term processes sustainability.

Producción y gestión habitacional de los pobladores : articulación con la política de vivienda y barrio : trayectoria y problemática actual

Esta tesis analiza las acciones de los pobladores en la creación, consolidación y transformación de su hábitat y en su relación con la política pública de vivienda y barrio en Chile. A partir de la observación directa en terreno y de la revisión de material proveniente de diversas fuentes afirmamos que, aunque los pobladores han hecho un trabajo de producción del hábitat de gran magnitud y generalizado, las políticas públicas no han reconocido suficientemente su papel en la construcción de la ciudad, no han incorporado a cabalidad las potencialidades e innovaciones surgidas de sus prácticas y estrategias, y nunca les han abierto un espacio claro en la toma de decisiones y en la puesta en obra de los programas habitacionales. En el contexto latinoamericano, la política habitacional chilena de los últimos 20 años se ha considerado un éxito y un ejemplo a seguir, puesto que ha demostrado ser eficaz en la disminución del déficit habitacional. Sin embargo, ha tenido efectos urbanos y sociales nefastos, como la construcción de extensos bolsones periféricos de pobreza que se degradan aceleradamente, y la desintegración social que genera la expulsión de los sin casa a la periferia, donde pierden sus redes familiares y sociales. Desde una trinchera opuesta, los allegados, los sin casa que viven al alero de otras familias y representan la mayoría de la demanda por vivienda, exigen quedarse en barrios ya consolidados y evitan las periferias, en parte por mantener una red familiar y social que se sustenta en la proximidad física, en parte por los equipamientos y servicios con que cuentan estos barrios y la cercanía a las fuentes de empleo. Al mismo tiempo, los responsables de diseñar la política habitacional no han buscado establecer una forma de colaboración con los pobladores —principales receptores de la política— con el fin ajustar los programas públicos a las necesidades de las familias de bajos ingresos y a las realidades socioculturales de sus barrios. Por el contrario, han privilegiado una alianza con el sector privado, que conoce muy limitadamente las demandas de las familias. Así, en lugar de construir ciudades más justas, la política habitacional ha alimentado un mercado inmobiliario sustentado en la especulación del suelo y fomentado la industria de la construcción. La pregunta que guía esta investigación es cómo incorporar el conocimiento acumulado y los procedimientos probados por los pobladores al diseño y la implementación de programas habitacionales y urbanos que promuevan procesos de regeneración de las poblaciones y mejoren la distribución de la vivienda social en la ciudad. Sostenemos que los pobladores, a lo largo de una trayectoria de más de medio siglo, han adquirido y consolidado todas las competencias para construir vivienda, mejorar sus barrios e incorporarse a la discusión sobre ordenamiento territorial. Así, hoy están capacitados para asumir un papel protagónico en la definición de políticas públicas que apunte a la construcción de ciudades más sostenibles y equitativas. La producción social del hábitat vinculada al derecho a la ciudad y a la participación de los pobladores «desde abajo» está bastante documentada en la literatura latinoamericana. En Chile se han escrito numerosos trabajos y evaluaciones sobre la política habitacional, pero los estudios sobre el movimiento de pobladores, enfocados desde las ciencias sociales o multidisciplinares, tienen un auge primero, durante los años 60 y principios de los 70 y luego, en la segunda mitad de los 80, pero posteriormente dejan de publicarse, a excepción de algunas investigaciones de historia urbana o social. En cuanto a los estudios que abordan las acciones de los pobladores desde una mirada puesta en los resultados de la producción y la gestión habitacional y urbana, estos han sido especialmente escasos y ninguno abarca un período largo. La tesis aborda entonces las acciones específicas que emprenden los pobladores a distintas escalas territoriales —el conjunto, el barrio, la población, la ciudad y el país—, su relación con la política habitacional y su articulación con los demás actores que intervienen en la producción material del hábitat. Lo realizado por los pobladores se estudia a la luz del largo plazo, desde la promulgación de la primera ley de vivienda en 1906 hasta nuestros días, con el énfasis puesto entre los años 1990 y 2010, período de producción masiva y sostenida de vivienda social, financiada por el Estado y construida por el sector privado en la periferia urbana, y más detalladamente entre 2006 y 2010, cuando los pobladores irrumpen con la «gestión vecinal» y la «autogestión» como medios para implementar los programas habitacionales del gobierno. Para ello se recorre toda la trayectoria y se complementa con procesos particulares, a la manera de un lente de acercamiento con el cual se focalizan y amplifican trece casos de estudios, para ilustrar modos de producción y gestión concretos y mostrar cómo estos se inscriben en modos de hacer genéricos de los pobladores. Finalmente, con el lente centrado en el último ciclo de este proceso escribimos el capítulo inédito de los últimos veinte años de esta historia. Primero se realiza la reconstrucción de tres casos de estudio «en profundidad», que incluyen la génesis, la consolidación y las transformaciones del conjunto o barrio. Estos casos de estudio «en profundidad» se ponen en perspectiva reconstruyendo la trayectoria histórica de la producción y gestión realizada por los pobladores. Esta reconstrucción de largo período se profundiza con tres casos de estudio «específicos», de dimensión histórica, que tratan el conflicto del acceso a suelo. Finalmente se analizan las interrogantes que plantean estos procesos hoy en día para la producción y gestión de vivienda y barrio a futuro, a partir de entrevistas a actores claves y de la reconstrucción de siete casos de estudio «específicos» de acceso a suelo ilustrativos del período actual. La tesis sustenta que los pobladores, con las acciones de gestión y autogestión que realizan desde 2006, e interviniendo en la discusión sobre los instrumentos de planificación territorial a partir del mismo año, se sitúan actualmente en una nueva plataforma de acción y negociación desde la cual pueden incorporarse, con todas las competencias necesarias, a la definición de las políticas públicas y así dotarlas de pertinencia y coherencia para contribuir a superar la pobreza con respuestas más acorde a sus realidades. ABSTRACT This thesis analyzes the actions of pobladores in the creation, consolidation and transformation of their habitat and their relationship with Chilean public housing and neighbourhood policy. Through direct observation in the field and the review of material from various sources we can affirm that although the pobladores have undertaken widespread work in the production of their environment, public policies have not sufficiently recognized their role in the construction of the city. Public policy has failed to fully incorporate the potential and innovation arising from practices and strategies employed by social housing recipients and has never opened a clear space for them in decision-making or the commissioning work of the housing programs. Within the Latin America context, the Chilean housing policy of the past 20 years has been considered a success and an example to follow given that it has proven effective in reducing the housing deficit. However it has had disastrous urban and social effects, such as construction of large peripheral pockets of poverty that degrade rapidly, and generates social disintegration through the expulsion of the homeless to the periphery, where they lose their family and social networks. On another front those homeless who live under the roof of relatives and who represent the majority of demand for social housing, request to stay in consolidated neighbourhoods avoiding the periphery, partly to maintain family and social networks based on physical proximity and partly because of the facilities and services available in these neighbourhoods and their adjacency to sources of employment. At the same time, those responsible for designing housing policy have not sought to establish a form of collaboration with the pobladores in order to adjust the public programs to the needs of low-income families and the socio-cultural realities of their neighbourhoods. On the contrary an alliance with the private sector has been favored, a sector which has very limited knowledge of the demands of the recipients. Therefore instead of building more equal cities, housing policy has fueled a housing market which supports land speculation and promotes the construction industry. The question leading this research is how to incorporate the accumulated knowledge and proven procedures of the pobladores in the design and implementation of programs that promote housing and urban regeneration processes and which could improve the distribution of social housing in the city. We maintain that social housing recipients over the course of half a century have acquired and consolidated all the skills to build housing, improve neighborhoods and join the discussion on city planning. These residents are now capable of assuming a leading role in defining public policies that aim to build more sustainable and equitable cities. The social production of the environment linked to the right to the city and resident participation from the «bottom-up» is well documented in Latin American literature. In Chile there are extensive written works and assessments on housing policy with multidisciplinary or social science studies on the movement of the pobladores peaking during the 60’s and early 70’s and then again in the second half of the 80’s but afterwards this stops, with the exception of some research on social or urban history. As for studies that address the actions of the pobladores looking at the results of production and housing and urban management these have been particularly scarce and none of which cover a long period of time. The thesis then addresses the specific actions undertaken by the pobladores at different territorial levels; the housing development, the neighbourhood, the community, the city and State, and their relation to housing policy and its coordination with other actors involved in the production process of the built environment. The accomplishments of the pobladores is studied over the long term, since the enactment of the first housing law in 1906 to the present, with an emphasis between 1990 and 2010, a period of mass production and sustained social housing which was State-funded and built by the private sector in the urban periphery, and in particular between 2006 and 2010, when the pobladores break with the «neighborhood management» and «self-management» as a means to implement the housing programs of the government. To this end the entire process is outlined and is complemented by specific processes which are placed under a lens in order to focus and amplify thirteen case studies illustrating actual ways of production and management and to show how these ways of doing things are generic to the pobladores. Finally, with the lens focused on the last cycle of this process we write the new chapter of the last twenty years of this history. First there is a reconstruction of three case studies «in depth», including their origins, consolidation and the transformation of the sector or neighborhood. These «in depth» case studies are put into perspective reconstructing the historical trajectory of the production and management by the pobladores. This reconstruction over a long period is given great depth by three «specific» case studies, of historical importance, dealing with the conflict of access to land. Finally we analyze the questions raised by these processes for the production and management of housing and neighborhood in the future, based on interviews with key players and the reconstruction of seven case studies specifically regarding access to land and which are illustrative of current practice. The thesis maintains that since 2006 the pobladores through actions of management and selfmanagement and their intervention in the debate on territorial planning has placed them on a new platform for action and negotiation from which they can incorporate themselves, with all the necessary capacities, in the definition of public policy and therefore provide it with a pertinence and coherence to help towards overcoming poverty with answers more according to their realities.

Impact of the Economic Recession on Toll Highway Concessions in Spain

After joining the European Union in 1986, Spain experienced steady economic growth that enabled the country to grow at a greater pace than other European countries. During this period, the government of Spain opted for major investments in public infrastructure by taking advantage both of the funding provided by the European Union and of several types of public-private-partnership (PPP) approaches. Within this framework, the government of Spain between 1996 and 2004 procured a series of toll highway concessions. These concessions entered into operation a few years before the global economic recession made itself felt in Spain. The concession contracts signed between the government and some private consortia allocated most of the risks (expropriation, construction, and traffic) to the private sector. In this paper the impact that the economic recession has had on the business performance of the concessionaires is assessed, and the effectiveness of the measures adopted by the government to help the concessionaire to avoid bankruptcy is analyzed. It was found that some of the guarantees offered by the legal framework to the concessionaires in case of bankruptcy are prompting an outcome that could negatively affect the users. In addition to that, some suggestions as to how to better allocate risk in toll highway concessions in the future are provided.

Risk Allocation in Toll Highway Concessions in Spain: Lessons from Economic Recession

Spain has a long tradition of encouraging toll highways by granting concessions to private companies. Concessions in Spain have been characterized by a willingness to transfer considerable risk to the private sector. Traffic demand, acquisition of the right-of-way, and financial risk have often been allocated to the private sector. From 1996 to 2011, 16 toll highway concessions, covering a total distance of 835 km, were awarded by the central government of Spain with this approach. Some of those highways started their operations just before the economic recession began. The recession had negative consequences for Spain's economy. The gross domestic product per capita plummeted, and the unemployment rate increased from 9% to 20% of the working population in just 2 years. The recession also had severe consequences for the economic performance of toll highway concessions. Traffic levels declined at a much greater rate than did the gross domestic product. In addition, the conditions imposed by the financial markets on borrowers became much stricter because of the liquidity crisis. This study analyzes the impact that the economic recession ultimately had on the performance of toll highway concessions in Spain and the actions that the government adopted to avoid the bankruptcy of the concessionaires. It was found that the economic recession helped identify some deficiencies in how risk had been allocated in Spain. The measures that both Spain and the European Union are adopting so as to improve risk allocation are discussed.

New method for analytical photovoltaic parameters identification: meeting manufacturer’s datasheet for different ambient conditions

At present, photovoltaic energy is one of the most important renewable energy sources. The demand for solar panels has been continuously growing, both in the industrial electric sector and in the private sector. In both cases the analysis of the solar panel efficiency is extremely important in order to maximize the energy production. In order to have a more efficient photovoltaic system, the most accurate understanding of this system is required. However, in most of the cases the only information available in this matter is reduced, the experimental testing of the photovoltaic device being out of consideration, normally for budget reasons. Several methods, normally based on an equivalent circuit model, have been developed to extract the I-V curve of a photovoltaic device from the small amount of data provided by the manufacturer. The aim of this paper is to present a fast, easy, and accurate analytical method, developed to calculate the equivalent circuit parameters of a solar panel from the only data that manufacturers usually provide. The calculated circuit accurately reproduces the solar panel behavior, that is, the I-V curve. This fact being extremely important for practical reasons such as selecting the best solar panel in the market for a particular purpose, or maximize the energy extraction with MPPT (Maximum Peak Power Tracking) methods.

Optimal safety incentives in road concession contracts

Changes in the roles of the government and the private sector in the provision of public services along with budget constraints are resulting in an increasing use of the concession approach for financing and managing roads. In the last few years, many of these contracts set up incentives linked to bonuses to encourage the concessionaire to render a better service to the users. Road safety is one the aspects on the basis of which concessionaires can be rewarded according to their performance. The goal of this paper is to evaluate whether road safety incentives are being defined in the right way nowadays in different European countries and also identify what incentives would need to be implemented to achieve a socially optimal road safety level. To that end, we develop a specific incentive for road concession contracts that encourages companies to achieve the optimal level. We apply this methodology to three case studies of concessions recently awarded in order to determine to what extend the incentives they set up are closer or farther to the optimum.

Formulación de incentivos óptimos y viables para la mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras

La evolución de los roles de la Administración y empresas en la prestación de servicios públicos, así como las crecientes restricciones presupuestarias para financiarlos, están propiciando una cada vez mayor utilización del sistema concesional para la financiación y gestión de carreteras. Ante esta situación, cabe cuestionarse si la regulación de las prestaciones a obtener se está introduciendo de forma adecuada en los contratos. Uno de los aspectos más relevantes en este sentido es el relacionado con la seguridad de la infraestructura, sobre el cual la empresa concesionaria tiene capacidad de actuación pero, en un sentido económico estricto, pocos incentivos para mejorarla. Todo ello a pesar de los elevados costes sociales derivados de la accidentalidad. Esta tesis analiza la idoneidad de los indicadores e incentivos de seguridad vial que se vienen aplicando en concesiones de carreteras, encontrándose una gran heterogeneidad e incluso incorrecciones técnicas en su formulación. Además se pone de manifiesto la poca vinculación que tienen con la estructura de costes y beneficios de las actuaciones de mejora de seguridad vial, por lo que su introducción en los contratos resulta anodina. Con el objeto de superar esta situación, en esta tesis se analizan en profundidad los aspectos que intervienen en la formulación de indicadores e incentivos de seguridad vial. De este análisis se deduce la ecuación que liga, por tipología de carretera, el beneficio social derivado del nivel de seguridad de la carretera y el coste para alcanzarlo. A través de esta ecuación se determina el nivel de seguridad óptimo desde el punto de vista económico‐social. La investigación continúa extrapolando métodos de la teoría microeconómica de incentivos al campo de las concesiones de carreteras, a fin de determinar la formulación del incentivo de seguridad vial teóricamente óptimo. Asimismo, la tesis toma en consideración la experiencia en la aplicación práctica de incentivos en concesiones vigentes, realizándose una propuesta para superar las controversias que se están produciendo actualmente en España. Además, se ha simulado la aplicación de la formulación propuesta a diversas concesiones con un doble objetivo: verificar la viabilidad económica de su aplicación y corroborar en qué medida se adecua mejor al óptimo económico‐social. Como resultado, se proponen un indicador y un incentivo concretos que inducen a las concesionarias a orientar su gestión hacia la consecución del nivel de seguridad vial óptimo desde el punto de vista económico‐social, todo ello dentro de un marco de viabilidad presupuestaria. Changes in the roles of Government and the Private Sector in the provision of public services along with the budget constraints to finance them are resulting in an increasing use of the concession system for financing and managing roads. Taking this into account, the question is whether the regulation of quality criteria is being properly introduced in the contracts or not. One of the most important aspects at this respect is the road safety. On the one hand, concessionaires are able to manage this aspect up to a point. On the other hand, from an strict economic point of view, they have little incentive to improve it, despite the high social costs of accidents. This thesis has analyzed the suitability of indicators and incentives usually introduced in road concession contracts, finding high heterogeneity, and even technical inaccuracies on their formulation. It has also been found the lack of connection between these incentives and the costs of measures to improve road safety, therefore they are not expected to fulfil their purpose. In order to overcome this situation, this thesis firstly analyzes in depth the issues involved in the development of road safety indicators and incentives. This analysis yields the equation which links the social benefit derived from the level of road safety and the cost to achieve it. In its turn, through this equation it is possible to meet the optimal road safety level from the socio‐economic point of view. Secondly, this thesis extrapolates microeconomic methods to the field of highway concessions, with the aim of determining the formulation of the optimal road safety incentive. Furthermore, the thesis takes into account the experience in the practical application of incentives on existing concessions, performing a proposal to settle the disputes between concessionaires and the Public Administrations. Finally, the thesis simulates the implementation of the proposed indicator and incentive to real concessions with the aim of verifying the economic feasibility of their application and confirming how they match the socio‐economic optimum. As a result, this thesis proposes an indicator and incentive that induce companies to drive the management of the concession towards achieving the optimal road safety level, all within a framework of the budgetary feasibility.

Modelos de asociación público-privada en la provisión de infraestructura: la experiencia internacional y el desarrollo de las autopistas en México

Análisis de los modelos de asociación público-privado utilizados en la construcción de autopistas en México en los últimos 25 años. Existen estudios que respaldan la opinión de que los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura de los países. La baja competitividad de México debido a la mala calidad de su infraestructura, pone en evidencia la necesidad del mejoramiento y provisión de la misma en un marco de escasez de recursos fiscales. Esta argumentación, sustenta la intervención del sector privado para apoyar el financiamiento de infraestructura mediante nuevos mecanismos de asociación público privada (APP). En el artículo se describen: el desarrollo de la infraestructura carretera de México, la forma en que ésta fue financiada en el pasado con modelos de concesión para la construcción de carreteras de alta calidad y los modelos de APP que el país está utilizando para atraer la inversión privada en el actual programa mexicano de autopistas. Se muestran los beneficios del empleo de estos esquemas de financiamiento y se ofrece una serie de recomendaciones para transparentar el uso de estos modelos. There are studies that support the view that the competitiveness levels are closely related to the development of the country’s infrastructure. The low competitiveness of Mexico due to the poor quality of its infrastructure, underscores the need for improvement and provision of the same in a context of scarce fiscal resources. This argument supports the intervention of the private sector to finance infrastructure through new mechanisms for public private partnership (PPP). The article describes the development of the Mexico road infrastructure, the way in which it was funded in the past by models of concession for the construction of high-quality roads and models of app that the country is using to attract private investment in the current Mexican highways program. The benefits of these funding schemes are displayed and recommendations are offered for transparent use of these models

Promotion of intangible heritage as a tool to strengthen revitalisation of historic centres: the case of de Monumenta Programme in the City of Porto Alegre (Rio Grande do Sul State) Brazil

The preservation of tangible cultural heritage does not guarantee effective revitalisation of urban historic areas as a whole. The legacy of our history consists not only of paintings, sculptures, architectural monuments and public spaces, but also the safeguarding of immaterial aspects of social life, such as oral traditions, rituals, practices, knowledge and craft skills. From 1999 to 2013, 26 Brazilian cities benefited from the Monumenta Programme - a national cultural policy that involved institutions, the private sector and the local community. The purpose of the programme was to stimulate economic growth and increase cultural and social development of the historic centres. Moreover, it sought to increase the number of residents in the benefited areas as defined in its agenda (IDB, 1999; MinC & Programa Monumenta, 2006). Using the Historic Centre of Porto Alegre as a case study, this paper examines how this cultural programme enables demographic change through the promotion of intangible cultural heritage, e.g. by supporting educational projects. The demographic flow was analysed using the microdata of the Populations Censuses (years 2000 and 2010) available from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The results showed an increase in low-income residents the areas that participated in the programme. This increase may have been motivated by a set of cultural-educational projects under the auspices of the Monumenta Programme. The retraining of artisans of Alfândega Square, the training of low-income youth for restoration work and the implementation of the "Black Route Museum in Porto Alegre" (Bicca, 2010) are just some examples of what was done to improve the local community's economy, to encourage social cohesion and to enhance the awareness of cultural diversity as a positive and essential value in society.

Evaluación de las Consecuencias de la Nueva Regulación de la OMI sobre Combustibles Marinos

El 10 de octubre de 2008 la Organización Marítima Internacional (OMI) firmó una modificación al Anexo VI del convenio MARPOL 73/78, por la que estableció una reducción progresiva de las emisiones de óxidos de azufre (SOx) procedentes de los buques, una reducción adicional de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), así como límites en las emisiones de dióxido de Carbono (CO2) procedentes de los motores marinos y causantes de problemas medioambientales como la lluvia ácida y efecto invernadero. Centrándonos en los límites sobre las emisiones de azufre, a partir del 1 de enero de 2015 esta normativa obliga a todos los buques que naveguen por zonas controladas, llamadas Emission Control Area (ECA), a consumir combustibles con un contenido de azufre menor al 0,1%. A partir del 1 de enero del año 2020, o bien del año 2025, si la OMI decide retrasar su inicio, los buques deberán consumir combustibles con un contenido de azufre menor al 0,5%. De igual forma que antes, el contenido deberá ser rebajado al 0,1%S, si navegan por el interior de zonas ECA. Por su parte, la Unión Europea ha ido más allá que la OMI, adelantando al año 2020 la aplicación de los límites más estrictos de la ley MARPOL sobre las aguas de su zona económica exclusiva. Para ello, el 21 de noviembre de 2013 firmó la Directiva 2012 / 33 / EU como adenda a la Directiva de 1999. Tengamos presente que la finalidad de estas nuevas leyes es la mejora de la salud pública y el medioambiente, produciendo beneficios sociales, en forma de reducción de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio, a la vez que se reduce la lluvia ácida y sus nefastas consecuencias. La primera pregunta que surge es ¿cuál es el combustible actual de los buques y cuál será el que tengan que consumir para cumplir con esta Regulación? Pues bien, los grandes buques de navegación internacional consumen hoy en día fuel oil con un nivel de azufre de 3,5%. ¿Existen fueles con un nivel de azufre de 0,5%S? Como hemos concluido en el capítulo 4, para las empresas petroleras, la producción de fuel oil como combustible marino es tratada como un subproducto en su cesta de productos refinados por cada barril de Brent, ya que la demanda de fuel respecto a otros productos está bajando y además, el margen de beneficio que obtienen por la venta de otros productos petrolíferos es mayor que con el fuel. Así, podemos decir que las empresas petroleras no están interesadas en invertir en sus refinerías para producir estos fueles con menor contenido de azufre. Es más, en el caso de que alguna compañía decidiese invertir en producir un fuel de 0,5%S, su precio debería ser muy similar al del gasóleo para poder recuperar las inversiones empleadas. Por lo tanto, el único combustible que actualmente cumple con los nuevos niveles impuestos por la OMI es el gasóleo, con un precio que durante el año 2014 estuvo a una media de 307 USD/ton más alto que el actual fuel oil. Este mayor precio de compra de combustible impactará directamente sobre el coste del trasporte marítimo. La entrada en vigor de las anteriores normativas está suponiendo un reto para todo el sector marítimo. Ante esta realidad, se plantean diferentes alternativas con diferentes implicaciones técnicas, operativas y financieras. En la actualidad, son tres las alternativas con mayor aceptación en el sector. La primera alternativa consiste en “no hacer nada” y simplemente cambiar el tipo de combustible de los grandes buques de fuel oil a gasóleo. Las segunda alternativa es la instalación de un equipo scrubber, que permitiría continuar con el consumo de fuel oil, limpiando sus gases de combustión antes de salir a la atmósfera. Y, por último, la tercera alternativa consiste en el uso de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible, con un precio inferior al del gasóleo. Sin embargo, aún existen importantes incertidumbres sobre la evolución futura de precios, operación y mantenimiento de las nuevas tecnologías, inversiones necesarias, disponibilidad de infraestructura portuaria e incluso el desarrollo futuro de la propia normativa internacional. Estas dudas hacen que ninguna de estas tres alternativas sea unánime en el sector. En esta tesis, tras exponer en el capítulo 3 la regulación aplicable al sector, hemos investigado sus consecuencias. Para ello, hemos examinado en el capítulo 4 si existen en la actualidad combustibles marinos que cumplan con los nuevos límites de azufre o en su defecto, cuál sería el precio de los nuevos combustibles. Partimos en el capítulo 5 de la hipótesis de que todos los buques cambian su consumo de fuel oil a gasóleo para cumplir con dicha normativa, calculamos el incremento de demanda de gasóleo que se produciría y analizamos las consecuencias que este hecho tendría sobre la producción de gasóleos en el Mediterráneo. Adicionalmente, calculamos el impacto económico que dicho incremento de coste producirá sobre sector exterior de España. Para ello, empleamos como base de datos el sistema de control de tráfico marítimo Authomatic Identification System (AIS) para luego analizar los datos de todos los buques que han hecho escala en algún puerto español, para así calcular el extra coste anual por el consumo de gasóleo que sufrirá el transporte marítimo para mover todas las importaciones y exportaciones de España. Por último, en el capítulo 6, examinamos y comparamos las otras dos alternativas al consumo de gasóleo -scrubbers y propulsión con GNL como combustible- y, finalmente, analizamos en el capítulo 7, la viabilidad de las inversiones en estas dos tecnologías para cumplir con la regulación. En el capítulo 5 explicamos los numerosos métodos que existen para calcular la demanda de combustible de un buque. La metodología seguida para su cálculo será del tipo bottom-up, que está basada en la agregación de la actividad y las características de cada tipo de buque. El resultado está basado en la potencia instalada de cada buque, porcentaje de carga del motor y su consumo específico. Para ello, analizamos el número de buques que navegan por el Mediterráneo a lo largo de un año mediante el sistema AIS, realizando “fotos” del tráfico marítimo en el Mediterráneo y reportando todos los buques en navegación en días aleatorios a lo largo de todo el año 2014. Por último, y con los datos anteriores, calculamos la demanda potencial de gasóleo en el Mediterráneo. Si no se hace nada y los buques comienzan a consumir gasóleo como combustible principal, en vez del actual fuel oil para cumplir con la regulación, la demanda de gasoil en el Mediterráneo aumentará en 12,12 MTA (Millones de Toneladas Anuales) a partir del año 2020. Esto supone alrededor de 3.720 millones de dólares anuales por el incremento del gasto de combustible tomando como referencia el precio medio de los combustibles marinos durante el año 2014. El anterior incremento de demanda en el Mediterráneo supondría el 43% del total de la demanda de gasóleos en España en el año 2013, incluyendo gasóleos de automoción, biodiesel y gasóleos marinos y el 3,2% del consumo europeo de destilados medios durante el año 2014. ¿Podrá la oferta del mercado europeo asumir este incremento de demanda de gasóleos? Europa siempre ha sido excedentaria en gasolina y deficitaria en destilados medios. En el año 2009, Europa tuvo que importar 4,8 MTA de Norte América y 22,1 MTA de Asia. Por lo que, este aumento de demanda sobre la ya limitada capacidad de refino de destilados medios en Europa incrementará las importaciones y producirá también aumentos en los precios, sobre todo del mercado del gasóleo. El sector sobre el que más impactará el incremento de demanda de gasóleo será el de los cruceros que navegan por el Mediterráneo, pues consumirán un 30,4% de la demanda de combustible de toda flota mundial de cruceros, lo que supone un aumento en su gasto de combustible de 386 millones de USD anuales. En el caso de los RoRos, consumirían un 23,6% de la demanda de la flota mundial de este tipo de buque, con un aumento anual de 171 millones de USD sobre su gasto de combustible anterior. El mayor incremento de coste lo sufrirán los portacontenedores, con 1.168 millones de USD anuales sobre su gasto actual. Sin embargo, su consumo en el Mediterráneo representa sólo el 5,3% del consumo mundial de combustible de este tipo de buques. Estos números plantean la incertidumbre de si semejante aumento de gasto en buques RoRo hará que el transporte marítimo de corta distancia en general pierda competitividad sobre otros medios de transporte alternativos en determinadas rutas. De manera que, parte del volumen de mercancías que actualmente transportan los buques se podría trasladar a la carretera, con los inconvenientes medioambientales y operativos, que esto produciría. En el caso particular de España, el extra coste por el consumo de gasóleo de todos los buques con escala en algún puerto español en el año 2013 se cifra en 1.717 millones de EUR anuales, según demostramos en la última parte del capítulo 5. Para realizar este cálculo hemos analizado con el sistema AIS a todos los buques que han tenido escala en algún puerto español y los hemos clasificado por distancia navegada, tipo de buque y potencia. Este encarecimiento del transporte marítimo será trasladado al sector exterior español, lo cual producirá un aumento del coste de las importaciones y exportaciones por mar en un país muy expuesto, pues el 75,61% del total de las importaciones y el 53,64% del total de las exportaciones se han hecho por vía marítima. Las tres industrias que se verán más afectadas son aquellas cuyo valor de mercancía es inferior respecto a su coste de transporte. Para ellas los aumentos del coste sobre el total del valor de cada mercancía serán de un 2,94% para la madera y corcho, un 2,14% para los productos minerales y un 1,93% para las manufacturas de piedra, cemento, cerámica y vidrio. Las mercancías que entren o salgan por los dos archipiélagos españoles de Canarias y Baleares serán las que se verán más impactadas por el extra coste del transporte marítimo, ya que son los puertos más alejados de otros puertos principales y, por tanto, con más distancia de navegación. Sin embargo, esta no es la única alternativa al cumplimiento de la nueva regulación. De la lectura del capítulo 6 concluimos que las tecnologías de equipos scrubbers y de propulsión con GNL permitirán al buque consumir combustibles más baratos al gasoil, a cambio de una inversión en estas tecnologías. ¿Serán los ahorros producidos por estas nuevas tecnologías suficientes para justificar su inversión? Para contestar la anterior pregunta, en el capítulo 7 hemos comparado las tres alternativas y hemos calculado tanto los costes de inversión como los gastos operativos correspondientes a equipos scrubbers o propulsión con GNL para una selección de 53 categorías de buques. La inversión en equipos scrubbers es más conveniente para buques grandes, con navegación no regular. Sin embargo, para buques de tamaño menor y navegación regular por puertos con buena infraestructura de suministro de GNL, la inversión en una propulsión con GNL como combustible será la más adecuada. En el caso de un tiempo de navegación del 100% dentro de zonas ECA y bajo el escenario de precios visto durante el año 2014, los proyectos con mejor plazo de recuperación de la inversión en equipos scrubbers son para los cruceros de gran tamaño (100.000 tons. GT), para los que se recupera la inversión en 0,62 años, los grandes portacontenedores de más de 8.000 TEUs con 0,64 años de recuperación y entre 5.000-8.000 TEUs con 0,71 años de recuperación y, por último, los grandes petroleros de más de 200.000 tons. de peso muerto donde tenemos un plazo de recuperación de 0,82 años. La inversión en scrubbers para buques pequeños, por el contrario, tarda más tiempo en recuperarse llegando a más de 5 años en petroleros y quimiqueros de menos de 5.000 toneladas de peso muerto. En el caso de una posible inversión en propulsión con GNL, las categorías de buques donde la inversión en GNL es más favorable y recuperable en menor tiempo son las más pequeñas, como ferris, cruceros o RoRos. Tomamos ahora el caso particular de un buque de productos limpios de 38.500 toneladas de peso muerto ya construido y nos planteamos la viabilidad de la inversión en la instalación de un equipo scrubber o bien, el cambio a una propulsión por GNL a partir del año 2015. Se comprueba que las dos variables que más impactan sobre la conveniencia de la inversión son el tiempo de navegación del buque dentro de zonas de emisiones controladas (ECA) y el escenario futuro de precios del MGO, HSFO y GNL. Para realizar este análisis hemos estudiado cada inversión, calculando una batería de condiciones de mérito como el payback, TIR, VAN y la evolución de la tesorería del inversor. Posteriormente, hemos calculado las condiciones de contorno mínimas de este buque en concreto para asegurar una inversión no sólo aceptable, sino además conveniente para el naviero inversor. En el entorno de precios del 2014 -con un diferencial entre fuel y gasóleo de 264,35 USD/ton- si el buque pasa más de un 56% de su tiempo de navegación en zonas ECA, conseguirá una rentabilidad de la inversión para inversores (TIR) en el equipo scrubber que será igual o superior al 9,6%, valor tomado como coste de oportunidad. Para el caso de inversión en GNL, en el entorno de precios del año 2014 -con un diferencial entre GNL y gasóleo de 353,8 USD/ton FOE- si el buque pasa más de un 64,8 % de su tiempo de navegación en zonas ECA, conseguirá una rentabilidad de la inversión para inversores (TIR) que será igual o superior al 9,6%, valor del coste de oportunidad. Para un tiempo en zona ECA estimado de un 60%, la rentabilidad de la inversión (TIR) en scrubbers para los inversores será igual o superior al 9,6%, el coste de oportunidad requerido por el inversor, para valores del diferencial de precio entre los dos combustibles alternativos, gasóleo (MGO) y fuel oil (HSFO) a partir de 244,73 USD/ton. En el caso de una inversión en propulsión GNL se requeriría un diferencial de precio entre MGO y GNL de 382,3 USD/ton FOE o superior. Así, para un buque de productos limpios de 38.500 DWT, la inversión en una reconversión para instalar un equipo scrubber es más conveniente que la de GNL, pues alcanza rentabilidades de la inversión (TIR) para inversores del 12,77%, frente a un 6,81% en el caso de invertir en GNL. Para ambos cálculos se ha tomado un buque que navegue un 60% de su tiempo por zona ECA y un escenario de precios medios del año 2014 para el combustible. Po otro lado, las inversiones en estas tecnologías a partir del año 2025 para nuevas construcciones son en ambos casos convenientes. El naviero deberá prestar especial atención aquí a las características propias de su buque y tipo de navegación, así como a la infraestructura de suministros y vertidos en los puertos donde vaya a operar usualmente. Si bien, no se ha estudiado en profundidad en esta tesis, no olvidemos que el sector marítimo debe cumplir además con las otras dos limitaciones que la regulación de la OMI establece sobre las emisiones de óxidos de Nitrógeno (NOx) y Carbono (CO2) y que sin duda, requerirán adicionales inversiones en diversos equipos. De manera que, si bien las consecuencias del consumo de gasóleo como alternativa al cumplimiento de la Regulación MARPOL son ciertamente preocupantes, existen alternativas al uso del gasóleo, con un aumento sobre el coste del transporte marítimo menor y manteniendo los beneficios sociales que pretende dicha ley. En efecto, como hemos demostrado, las opciones que se plantean como más rentables desde el punto de vista financiero son el consumo de GNL en los buques pequeños y de línea regular (cruceros, ferries, RoRos), y la instalación de scrubbers para el resto de buques de grandes dimensiones. Pero, por desgracia, estas inversiones no llegan a hacerse realidad por el elevado grado de incertidumbre asociado a estos dos mercados, que aumenta el riesgo empresarial, tanto de navieros como de suministradores de estas nuevas tecnologías. Observamos así una gran reticencia del sector privado a decidirse por estas dos alternativas. Este elevado nivel de riesgo sólo puede reducirse fomentando el esfuerzo conjunto del sector público y privado para superar estas barreras de entrada del mercado de scrubbers y GNL, que lograrían reducir las externalidades medioambientales de las emisiones sin restar competitividad al transporte marítimo. Creemos así, que los mismos organismos que aprobaron dicha ley deben ayudar al sector naviero a afrontar las inversiones en dichas tecnologías, así como a impulsar su investigación y promover la creación de una infraestructura portuaria adaptada a suministros de GNL y a descargas de vertidos procedentes de los equipos scrubber. Deberían además, prestar especial atención sobre las ayudas al sector de corta distancia para evitar que pierda competitividad frente a otros medios de transporte por el cumplimiento de esta normativa. Actualmente existen varios programas europeos de incentivos, como TEN-T o Marco Polo, pero no los consideramos suficientes. Por otro lado, la Organización Marítima Internacional debe confirmar cuanto antes si retrasa o no al 2025 la nueva bajada del nivel de azufre en combustibles. De esta manera, se eliminaría la gran incertidumbre temporal que actualmente tienen tanto navieros, como empresas petroleras y puertos para iniciar sus futuras inversiones y poder estudiar la viabilidad de cada alternativa de forma individual. ABSTRACT On 10 October 2008 the International Maritime Organization (IMO) signed an amendment to Annex VI of the MARPOL 73/78 convention establishing a gradual reduction in sulphur oxide (SOx) emissions from ships, and an additional reduction in nitrogen oxide (NOx) emissions and carbon dioxide (CO2) emissions from marine engines which cause environmental problems such as acid rain and the greenhouse effect. According to this regulation, from 1 January 2015, ships travelling in an Emission Control Area (ECA) must use fuels with a sulphur content of less than 0.1%. From 1 January 2020, or alternatively from 2025 if the IMO should decide to delay its introduction, all ships must use fuels with a sulphur content of less than 0.5%. As before, this content will be 0.1%S for voyages within ECAs. Meanwhile, the European Union has gone further than the IMO, and will apply the strictest limits of the MARPOL directives in the waters of its exclusive economic zone from 2020. To this end, Directive 2012/33/EU was issued on 21 November 2013 as an addendum to the 1999 Directive. These laws are intended to improve public health and the environment, benefiting society by reducing disease, particularly respiratory problems. The first question which arises is: what fuel do ships currently use, and what fuel will they have to use to comply with the Convention? Today, large international shipping vessels consume fuel oil with a sulphur level of 3.5%. Do fuel oils exist with a sulphur level of 0.5%S? As we conclude in Chapter 4, oil companies regard marine fuel oil as a by-product of refining Brent to produce their basket of products, as the demand for fuel oil is declining in comparison to other products, and the profit margin on the sale of other petroleum products is higher. Thus, oil companies are not interested in investing in their refineries to produce low-sulphur fuel oils, and if a company should decide to invest in producing a 0.5%S fuel oil, its price would have to be very similar to that of marine gas oil in order to recoup the investment. Therefore, the only fuel which presently complies with the new levels required by the IMO is marine gas oil, which was priced on average 307 USD/tonne higher than current fuel oils during 2014. This higher purchasing price for fuel will have a direct impact on the cost of maritime transport. The entry into force of the above directive presents a challenge for the entire maritime sector. There are various alternative approaches to this situation, with different technical, operational and financial implications. At present three options are the most widespread in the sector. The first option consists of “doing nothing” and simply switching from fuel oil to marine gas oil in large ships. The second option is installing a scrubber system, which would enable ships to continue consuming fuel oil, cleaning the combustion gases before they are released to the atmosphere. And finally, the third option is using Liquefied Natural Gas (LNG), which is priced lower than marine gas oil, as a fuel. However, there is still significant uncertainty on future variations in prices, the operation and maintenance of the new technologies, the investments required, the availability of port infrastructure and even future developments in the international regulations themselves. These uncertainties mean that none of these three alternatives has been unanimously accepted by the sector. In this Thesis, after discussing all the regulations applicable to the sector in Chapter 3, we investigate their consequences. In Chapter 4 we examine whether there are currently any marine fuels on the market which meet the new sulphur limits, and if not, how much new fuels would cost. In Chapter 5, based on the hypothesis that all ships will switch from fuel oil to marine gas oil to comply with the regulations, we calculate the increase in demand for marine gas oil this would lead to, and analyse the consequences this would have on marine gas oil production in the Mediterranean. We also calculate the economic impact such a cost increase would have on Spain's external sector. To do this, we also use the Automatic Identification System (AIS) system to analyse the data of every ship stopping in any Spanish port, in order to calculate the extra cost of using marine gas oil in maritime transport for all Spain's imports and exports. Finally, in Chapter 6, we examine and compare the other two alternatives to marine gas oil, scrubbers and LNG, and in Chapter 7 we analyse the viability of investing in these two technologies in order to comply with the regulations. In Chapter 5 we explain the many existing methods for calculating a ship's fuel consumption. We use a bottom-up calculation method, based on aggregating the activity and characteristics of each type of vessel. The result is based on the installed engine power of each ship, the engine load percentage and its specific consumption. To do this, we analyse the number of ships travelling in the Mediterranean in the course of one year, using the AIS, a marine traffic monitoring system, to take “snapshots” of marine traffic in the Mediterranean and report all ships at sea on random days throughout 2014. Finally, with the above data, we calculate the potential demand for marine gas oil in the Mediterranean. If nothing else is done and ships begin to use marine gas oil instead of fuel oil in order to comply with the regulation, the demand for marine gas oil in the Mediterranean will increase by 12.12 MTA (Millions Tonnes per Annum) from 2020. This means an increase of around 3.72 billion dollars a year in fuel costs, taking as reference the average price of marine fuels in 2014. Such an increase in demand in the Mediterranean would be equivalent to 43% of the total demand for diesel in Spain in 2013, including automotive diesel fuels, biodiesel and marine gas oils, and 3.2% of European consumption of middle distillates in 2014. Would the European market be able to supply enough to meet this greater demand for diesel? Europe has always had a surplus of gasoline and a deficit of middle distillates. In 2009, Europe had to import 4.8 MTA from North America and 22.1 MTA from Asia. Therefore, this increased demand on Europe's already limited capacity for refining middle distillates would lead to increased imports and higher prices, especially in the diesel market. The sector which would suffer the greatest impact of increased demand for marine gas oil would be Mediterranean cruise ships, which represent 30.4% of the fuel demand of the entire world cruise fleet, meaning their fuel costs would rise by 386 million USD per year. ROROs in the Mediterranean, which represent 23.6% of the demand of the world fleet of this type of ship, would see their fuel costs increase by 171 million USD a year. The greatest cost increase would be among container ships, with an increase on current costs of 1.168 billion USD per year. However, their consumption in the Mediterranean represents only 5.3% of worldwide fuel consumption by container ships. These figures raise the question of whether a cost increase of this size for RORO ships would lead to short-distance marine transport in general becoming less competitive compared to other transport options on certain routes. For example, some of the goods that ships now carry could switch to road transport, with the undesirable effects on the environment and on operations that this would produce. In the particular case of Spain, the extra cost of switching to marine gas oil in all ships stopping at any Spanish port in 2013 would be 1.717 billion EUR per year, as we demonstrate in the last part of Chapter 5. For this calculation, we used the AIS system to analyse all ships which stopped at any Spanish port, classifying them by distance travelled, type of ship and engine power. This rising cost of marine transport would be passed on to the Spanish external sector, increasing the cost of imports and exports by sea in a country which relies heavily on maritime transport, which accounts for 75.61% of Spain's total imports and 53.64% of its total exports. The three industries which would be worst affected are those with goods of lower value relative to transport costs. The increased costs over the total value of each good would be 2.94% for wood and cork, 2.14% for mineral products and 1.93% for manufactured stone, cement, ceramic and glass products. Goods entering via the two Spanish archipelagos, the Canary Islands and the Balearic Islands, would suffer the greatest impact from the extra cost of marine transport, as these ports are further away from other major ports and thus the distance travelled is greater. However, this is not the only option for compliance with the new regulations. From our readings in Chapter 6 we conclude that scrubbers and LNG propulsion would enable ships to use cheaper fuels than marine gas oil, in exchange for investing in these technologies. Would the savings gained by these new technologies be enough to justify the investment? To answer this question, in Chapter 7 we compare the three alternatives and calculate both the cost of investment and the operating costs associated with scrubbers or LNG propulsion for a selection of 53 categories of ships. Investing in scrubbers is more advisable for large ships with no fixed runs. However, for smaller ships with regular runs to ports with good LNG supply infrastructure, investing in LNG propulsion would be the best choice. In the case of total transit time within an ECA and the pricing scenario seen in 2014, the best payback periods on investments in scrubbers are for large cruise ships (100,000 gross tonnage), which would recoup their investment in 0.62 years; large container ships, with a 0.64 year payback period for those over 8,000 TEUs and 0.71 years for the 5,000-8,000 TEU category; and finally, large oil tankers over 200,000 deadweight tonnage, which would recoup their investment in 0.82 years. However, investing in scrubbers would have a longer payback period for smaller ships, up to 5 years or more for oil tankers and chemical tankers under 5,000 deadweight tonnage. In the case of LNG propulsion, a possible investment is more favourable and the payback period is shorter for smaller ship classes, such as ferries, cruise ships and ROROs. We now take the case of a ship transporting clean products, already built, with a deadweight tonnage of 38,500, and consider the viability of investing in installing a scrubber or changing to LNG propulsion, starting in 2015. The two variables with the greatest impact on the advisability of the investment are how long the ship is at sea within emission control areas (ECA) and the future price scenario of MGO, HSFO and LNG. For this analysis, we studied each investment, calculating a battery of merit conditions such as the payback period, IRR, NPV and variations in the investors' liquid assets. We then calculated the minimum boundary conditions to ensure the investment was not only acceptable but advisable for the investor shipowner. Thus, for the average price differential of 264.35 USD/tonne between HSFO and MGO during 2014, investors' return on investment (IRR) in scrubbers would be the same as the required opportunity cost of 9.6%, for values of over 56% ship transit time in ECAs. For the case of investing in LNG and the average price differential between MGO and LNG of 353.8 USD/tonne FOE in 2014, the ship must spend 64.8% of its time in ECAs for the investment to be advisable. For an estimated 60% of time in an ECA, the internal rate of return (IRR) for investors equals the required opportunity cost of 9.6%, based on a price difference of 244.73 USD/tonne between the two alternative fuels, marine gas oil (MGO) and fuel oil (HSFO). An investment in LNG propulsion would require a price differential between MGO and LNG of 382.3 USD/tonne FOE. Thus, for a 38,500 DWT ship carrying clean products, investing in retrofitting to install a scrubber is more advisable than converting to LNG, with an internal rate of return (IRR) for investors of 12.77%, compared to 6.81% for investing in LNG. Both calculations were based on a ship which spends 60% of its time at sea in an ECA and a scenario of average 2014 prices. However, for newly-built ships, investments in either of these technologies from 2025 would be advisable. Here, the shipowner must pay particular attention to the specific characteristics of their ship, the type of operation, and the infrastructure for supplying fuel and handling discharges in the ports where it will usually operate. Thus, while the consequences of switching to marine gas oil in order to comply with the MARPOL regulations are certainly alarming, there are alternatives to marine gas oil, with smaller increases in the costs of maritime transport, while maintaining the benefits to society this law is intended to provide. Indeed, as we have demonstrated, the options which appear most favourable from a financial viewpoint are conversion to LNG for small ships and regular runs (cruise ships, ferries, ROROs), and installing scrubbers for large ships. Unfortunately, however, these investments are not being made, due to the high uncertainty associated with these two markets, which increases business risk, both for shipowners and for the providers of these new technologies. This means we are seeing considerable reluctance regarding these two options among the private sector. This high level of risk can be lowered only by encouraging joint efforts by the public and private sectors to overcome these barriers to entry into the market for scrubbers and LNG, which could reduce the environmental externalities of emissions without affecting the competitiveness of marine transport. Our opinion is that the same bodies which approved this law must help the shipping industry invest in these technologies, drive research on them, and promote the creation of a port infrastructure which is adapted to supply LNG and handle the discharges from scrubber systems. At present there are several European incentive programmes, such as TEN-T and Marco Polo, but we do not consider these to be sufficient. For its part, the International Maritime Organization should confirm as soon as possible whether the new lower sulphur levels in fuels will be postponed until 2025. This would eliminate the great uncertainty among shipowners, oil companies and ports regarding the timeline for beginning their future investments and for studying their viability.

Impacto del entorno institucional en la financiación público-privada de infraestructuras de transporte

Actualmente el sector privado posee un papel relevante en la provisión y gestión de infraestructuras de transporte en los países de ingreso medio‐bajo, principalmente a través de los proyectos de participación público‐privada (PPPs). Muchos países han impulsado este tipo de proyectos con el fin de hacer frente a la gran demanda de infraestructuras de transporte existente, debido a la escasez de recursos públicos y a la falta de eficiencia en la provisión de los servicios públicos. Como resultado, las PPPs han experimentado un crecimiento importante en las últimas dos décadas a nivel mundial. A pesar de esta tendencia creciente, muchos países no han sido capaces de atraer la participación del sector privado para la provisión de sus infraestructuras o no han logrado el nivel de participación privada que habrían requerido para alcanzar sus objetivos. Según numerosos autores, el desarrollo y el éxito de los proyectos PPP de infraestructuras de transporte de cualquier país está condicionado por una diversidad de factores, siendo uno de ellos la calidad de su entorno institucional. La presente tesis tiene como objetivo principal analizar la influencia del entorno institucional en el volumen de inversión en proyectos de participación público‐privada de infraestructuras de transporte en los países de ingreso medio‐bajo. Para acometer dicho objetivo se ha realizado un análisis empírico de 81 países distribuidos en seis regiones del mundo, durante el periodo 1996‐2013. En el análisis se han desarrollado dos modelos empíricos aplicando principalmente dos metodologías: el contraste de hipótesis y los modelos de datos de panel Tobit. El desarrollo de estos modelos ha permitido analizar de una forma exhaustiva el tema de estudio. Los resultados obtenidos aportan evidencia de que la calidad del entorno institucional posee una influencia significativa en el volumen de inversión en los proyectos PPP de transporte. En general, en esta tesis se muestran evidencias empíricas de que el sector privado ha tendido a invertir en mayor medida en países con entornos institucionales fuertes, es decir, en aquellos países en los que ha existido un mayor nivel de Estado de derecho, estabilidad política y regulatoria, efectividad del gobierno, así como un mayor control de la corrupción. Además, aquellos países donde se ha registrado una mejora en el nivel de su calidad institucional también han experimentado un incremento en el volumen de inversión en PPP de transporte. The private sector has an important role in the provision and management of transport infrastructure in countries of medium‐low income, primarily through projects of public‐private partnerships (PPPs). Many countries have developed PPP projects to meet the high demand of transport infrastructure, due to the scarcity of public resources and the lack of efficiency in the provision of public services. As a result, PPPs have experienced a significant growth, worldwide, in the past two decades. Despite this growing trend, many countries have not been able to attract private sector participation in the provision of infrastructure or have not accomplished the level of private participation that would have required to achieve its objectives. According to various authors, the development of PPP projects for transport infrastructure is determined by a number of factors, one of them being the quality of the institutional environment. The main objective of this dissertation is to analyze the influence of the institutional environment on the volume of investment, in projects of public‐private partnerships for transport infrastructure in countries of medium‐low income. In order to meet this objective, we conducted an empirical analysis of 81 countries, in six regions of the world, during the period of 1996‐2013. The analysis used two empirical models, implementing different methodologies and various statistical techniques: hypothesis testing, and Tobit model using panel data. The development of these models allowed to carry out a more comprehensive analysis. The results show that the quality of the institutional environment has a significant influence on the volume of investment in PPP projects of transport. Overall, this dissertation shows that the private sector tends to invest more in countries with stronger institutional environments, i.e. countries where there has been a higher level of Rule of Law, political and regulatory stability, and an effective control of corruption. In addition, those that have improved the level of institutional quality have also experienced an increase in the volume of investment in PPP of transport.

Evaluación de la distribución de riesgos en los distintos modelos de asociación público-privada para la provisión de infraestructura carretera en México

México es de los pocos países en el mundo que ha realizado dos grandes programas para la construcción de autopistas en colaboración con el sector privado. El primero, fue realizado entre 1989 y 1994, con resultados adversos por el mal diseño del esquema de concesiones; y, el segundo con mejores resultados, en operación desde 2003 mediante nuevos modelos de asociación público-privada (APP). El objetivo de la presente investigación es estudiar los modelos de asociación público-privada empleados en México para la provisión de infraestructura carretera, realizando el análisis y la evaluación de la distribución de riesgos entre el sector público y privado en cada uno de los modelos con el propósito de establecer una propuesta de reasignación de riesgos para disminuir el costo global y la incertidumbre de los proyectos. En la primera parte se describe el estado actual del conocimiento de las asociaciones público-privadas para desarrollar proyectos de infraestructura, incluyendo los antecedentes, la definición y las tipologías de los esquemas APP, así como la práctica internacional de programas como el modelo británico Private Finance Initiative (PFI), resultados de proyectos en la Unión Europea y programas APP en otros países. También, se destaca la participación del sector privado en el financiamiento de la infraestructura del transporte de México en la década de 1990. En los capítulos centrales se aborda el estudio de los modelos APP que se han utilizado en el país en la construcción de la red de carreteras de alta capacidad. Se presentan las características y los resultados del programa de autopistas 1989-94, así como el rescate financiero y las medidas de reestructuración de los proyectos concesionados, aspectos que obligaron a las autoridades mexicanas a cambiar la normatividad para la aprobación de los proyectos según su rentabilidad, modificar la legislación de caminos y diseñar nuevos esquemas de colaboración entre el gobierno y el sector privado. Los nuevos modelos APP vigentes desde 2003 son: nuevo modelo de concesiones para desarrollar autopistas de peaje, modelo de proyectos de prestación de servicios (peaje sombra) para modernizar carreteras existentes y modelo de aprovechamiento de activos para concesionar autopistas de peaje en operación a cambio de un pago. De estos modelos se realizaron estudios de caso en los que se determinan medidas de desempeño operativo (niveles de tráfico, costos y plazos de construcción) y rentabilidad financiera (tasa interna de retorno y valor presente neto). En la última parte se efectúa la identificación, análisis y evaluación de los riesgos que afectaron los costos, el tiempo de ejecución y la rentabilidad de los proyectos de ambos programas. Entre los factores de riesgo analizados se encontró que los más importantes fueron: las condiciones macroeconómicas del país (inflación, producto interno bruto, tipo de cambio y tasa de interés), deficiencias en la planificación de los proyectos (diseño, derecho de vía, tarifas, permisos y estimación del tránsito) y aportaciones públicas en forma de obra. Mexico is one of the few countries in the world that has developed two major programs for highway construction in collaboration with the private sector. The first one was carried out between 1989 and 1994 with adverse outcomes due to the wrong design of concession schemes; and, the second one, in operation since 2003, through new public-private partnership models (PPPs). The objective of this research is to study public-private partnership models used in Mexico for road infrastructure provision, performing the analysis and evaluation of risk’s distribution between the public and the private sector in each model in order to draw up a proposal for risk’s allocation to reduce the total cost and the uncertainty of projects. The first part describes the current state of knowledge in public-private partnership to develop infrastructure projects, including the history, definition and types of PPP models, as well as international practice of programs such as the British Private Finance Initiative (PFI) model, results in the European Union and PPP programs in other countries. Also, it stands out the private sector participation in financing of Mexico’s transport infrastructure in 1990s. The next chapters present the study of public-private partnerships models that have been used in the country in the construction of the high capacity road network. Characteristics and outcomes of the highway program 1989-94 are presented, as well as the financial bailout and restructuring measures of the concession projects, aspects that forced the Mexican authorities to change projects regulations, improve road’s legislation and design new schemes of cooperation between the Government and the private sector. The new PPP models since 2003 are: concession model to develop toll highways, private service contracts model (shadow toll) to modernize existing roads and highway assets model for the concession of toll roads in operation in exchange for a payment. These models were analyzed using case studies in which measures of operational performance (levels of traffic, costs and construction schedules) and financial profitability (internal rate of return and net present value) are determined. In the last part, the analysis and assessment of risks that affect costs, execution time and profitability of the projects are carried out, for both programs. Among the risk factors analyzed, the following ones were found to be the most important: country macroeconomic conditions (inflation, gross domestic product, exchange rate and interest rate), deficiencies in projects planning (design, right of way, tolls, permits and traffic estimation) and public contributions in the form of construction works.