¿Es una empresa pública la solución al problema de las autopistas de peaje en España?

Entre los años 1998 y 2006 la Administración estatal española adjudicó trece concesiones de autopistas de peaje. Transcurrida una década desde entonces, se puede afirmar que los resultados no han sido en ningún caso los esperados. Los costes por expropiaciones se dispararon, el importe de obra civil previsto inicialmente fue insuficiente, se produjeron retrasos en la fecha de entrada en explotación, y el tráfico fue muy inferior al planificado. Ante las dificultades financieras por las que comenzó a atravesar el sector, la Administración intervino en el año 2010 otorgando préstamos participativos y aprobando la creación de cuentas de compensación. Ninguna de esas medidas ha sido suficiente para evitar el concurso de ocho sociedades. La Administración se ha planteado la creación de una empresa nacional de autopistas. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la conveniencia de crear dicha empresa. Para ello, se analizan las rentabilidades económica y financiera de las sociedades. Se concluye que la rentabilidad económica es insuficiente para financiar los costes de los recursos ajenos. Esto, unido al elevado apalancamiento financiero de las sociedades, ha ocasionado un deterioro progresivo de su situación financiera. La creación de una empresa nacional de autopistas sería una propuesta que no solucionaría el problema económico-financiero de las sociedades concesionarias. Para garantizar la viabilidad de esa empresa nacional serán necesarias aportaciones públicas diferidas a lo largo de los años. No obstante, esta medida puede evitar, al menos en el corto plazo, las consecuencias negativas derivadas del concurso de ocho sociedades concesionarias.

Lecciones sobre la situación actual de las concesiones de autopistas de peaje españolas

Entre los años 1998 y 2006 la Administración estatal española adjudicó trece concesiones de autopistas de peaje. Actualmente ocho de ellas se encuentran en concurso de acreedores. Los motivos de esta situación son tres: los sobrecostes por expropiaciones, las subestimaciones en los costes de construcción, y las sobrestimaciones del tráfico. Los problemas de tráfico se agravaron a partir del año 2008 con la crisis económica. Para tratar de solucionar el problema, la Administración ha otorgado préstamos participativos y aprobado cuentas de compensación. Actualmente, se plantea la creación de una empresa nacional de autopistas que permita la reestructuración financiera en el sector. Ninguna de estas medidas servirá para solucionar definitivamente el problema del que adolece nuestra normativa concesional: la responsabilidad patrimonial de la Administración. Este trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la conveniencia de que en los contratos se recoja esta garantía estatal. Se cuantifica el importe al que tendría que hacer frente la Administración si dejara quebrar las sociedades y se comprueba que realmente le resulta difícil optar por esa solución. Esto explica que la Administración se haya planteado crear una empresa pública que gestione dichos activos antes de que se produzca la quiebra, lo que requiere negociar las condiciones con los concesionarios. Sin embargo, estas renegociaciones son complejas. Este artículo concluye que la causa de los problemas es la garantía pública denominada ?responsabilidad patrimonial de la Administración?, por lo que se plantea la conveniencia de suprimirla

Aplicación de técnicas y procesos innovadores de microsegmentación de la demanda a los servicios públicos urbanos

El objetivo principal del trabajo es demostrar que la utilización y conjunción de técnicas como la micro-segmentación y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que hacen posible plasmar territorialmente los resultados de los análisis; pueden satisfacer de forma más equitativa y eficiente las necesidades de la demanda ciudadana en materia de equipamientos públicos, ayudando así a minimizar las disparidades entre oferta y demanda. En particular, se intenta demostrar que con la conjunción de las técnicas mencionadas es posible dar solución a la baja capacidad de las administraciones para atender las necesidades de equipamientos públicos, construyendo unos segmentos poblacionales diferenciados socio-espacialmente. Esos segmentos corresponden a unos perfiles o tipologías que clasifican a la población de manera más ajustada a la situación y condiciones actuales, en aspectos no solo sociodemográficos o económicos, sino también psicográficos (estilos de vida, motivaciones, gustos, etc). En ese sentido, se busca la viabilidad y aplicación de la conocida técnica de la micro-segmentación, utilizada con éxito en el análisis de mercados en la empresa pública, ahora en la provisión de equipamientos públicos. Lo anterior implica reconocer e interpretar hasta qué punto las dos tecnologías (microsegmentación y SIG) pueden resolver cuestiones en la implantación de servicios y/o equipamientos públicos, e involucra una reingeniería de los procesos operativos, un cambio de cultura y una modernización en la transferencia de los servicios públicos de las administraciones locales. Para validar las brechas existentes entre las necesidades heterogéneas de la demanda urbana y la provisión de equipamientos colectivos por parte de los organismos públicos; se incorpora una serie modelos, principios y técnicas conocidas y avanzadas, como la localización óptima de equipamientos, con el fin de analizar las capacidades que tienen dichos equipamientos para satisfacer la demanda actual. Por último y para profundizar en la investigación se realiza un contraste de las tipologías ciudadanas con los estilos de vida de la población, que busca incorporar la dimensión consumo en la validación de las brechas entre la demanda y la oferta. Con ello se reconoce la importancia que tiene para el estudio los resultados emanados a partir del producto Mosaic de la empresa Experian y la oportunidad de poder evidenciar, reconocer y complementar los resultados del ejercicio para hacer más fuerte la hipótesis planteada.