La construcción del espacio litoral. Una aproximación desde el marco legal

A lo largo del siglo XIX, y coincidiendo con la disminución de su valor estratégico militar, el litoral resurge como fuente de recursos económicos y productivos y como elemento de ocio y disfrute personal. Es también por estas fechas cuando vuelve a recuperarse el concepto de dominio público marítimo terrestre ya recogido por el derecho romano y las Partidas del Rey Alfonso X ?el Sabio?. La Ley de Aguas de 1866, que regula tanto las aguas terrestres como las marinas, incluye dentro del dominio público marítimo las costas, o fronteras marítimas, el mar litoral y las playas. Desde ese momento y hasta el día de hoy la costa queda integrada dentro del dominio público marítimo terrestre, cuya definición y delimitación se va perfilando hasta la redacción y aprobación del texto legislativo vigente en la actualidad: la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Sin embargo, el concepto de dominio público está vinculado al Interés General que es interpretado según las necesidades socioeconómicas y políticas de cada momento. La identificación en exclusividad entre Interés General y desarrollo económico en algunos periodos de la historia reciente es una de las principales causas de la degradación actual del litoral: construcción masiva de puertos sin tener en cuenta su ubicación con respecto al funcionamiento físico de la costa, reconocimiento de los derechos privados en la Ley de Puertos de 1880 que autorizó la construcción de viviendas y hoteles dentro de terrenos ganados al mar, la subvención a la desecación de marismas a través de la aplicación de la llamada Ley Cambó, el fomento del turismo de masas desde la política pública (Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional), etc. En este sentido, la explotación del litoral como recurso económico ha llegado a poner en juego el propio equilibrio del sistema físico y natural, con la consecuente afección sobre las actividades económicas y los usos que en él se desarrollan. Con objeto de evitar los riesgos que provoca dicha desestabilización sobre el sistema físico, las políticas en costas han ido encaminadas en su mayoría a la construcción de obras públicas que no son capaces de detener la inercia del sistema ni, por tanto, el riesgo sobre lo que se pretende proteger. El reparto competencial sobre la franja litoral que limita la gestión estatal al DPMT y reconoce la soberanía de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en las zonas de servidumbre, no ha ayudado a la diversificación de herramientas para la ordenación y gestión del litoral, lo que ha provocado visiones y formas de hacer encontradas dentro de un mismo territorio continuo, como si las decisiones que se toman en la franja de 500 metros mar adentro no influyesen en el estado del DPMT A través de la evolución del concepto de DPMT y espacio litoral en el marco legal, la presente ponencia trata de hacer una aproximación histórica sobre la construcción del espacio urbano en el litoral, evaluando la adecuación de las herramientas urbanísticas para la intervención dentro de dicho espacio dentro del contexto de los nuevos retos de dicho espacio, con especial atención a la gestión integrada de las zonas costeras y a los nuevos riesgos derivados del cambio climático.