995 resultados para Economía provincial
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Es motivo del presente trabajo analizar al fideicomiso como herramienta para el desarrollo de un sector de la economía provincial de marcada importancia como lo es el de la construcción. En la actualidad vemos como este sector ha tomado relevancia e impulso y es por eso la necesidad de encontrar una figura que acompañe esta tendencia. El objetivo principal es analizar la fiducia inmobiliaria, como medio para sustentar un negocio, como así también explicar los motivos por los cuales este contrato podría convertirse en un medio usual en el mencionado sector, ya que si bien está siendo utilizado, aún existe desconocimiento de los beneficios que provee, fruto de una legislación muy joven.
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La conformación del circuito agroindustrial vitivinícola de la Provincia de Mendoza “se presenta desde sus orígenes como una forma de integración local a la dinámica nacional que asume características singulares: la provincia se ajusta a la forma de acumulación dominante seguida por el país, en cada momento histórico específico, siguiendo un formato económico que puede ser tomado como “modelo de desarrollo", es decir, fundado en la creación de oportunidades endógenas y no restringido a la adaptación económica de oportunidades externas." (Collado, 2006) Esto no invalida, sino que refuerza, la vinculación entre la economía provincial y la nacional, ya que el modelo generado en el ámbito regional permite la subsistencia de un desarrollo provincial complementario y no competitivo a la acumulación nacional. Todo este proceso de cambio y en función del contexto del mercado, la situación en la cual se está observando la generación de excedentes vínicos, la imposibilidad de derivar mayores volúmenes a mosto por condicionantes del mercado externo y acompañado esto del incremento de los insumos aplicados al proceso de elaboración y fraccionamiento y de la consecuente caída del precio del vino, se plantea la necesidad de analizar mediante el siguiente trabajo las alternativas disponibles en cuanto a fuentes de financiación de corto y largo plazo con que cuentan las empresas vitivinícolas de la provincia de Mendoza, a partir del conocimiento de las estructuras jurídicas de éstas. Para llevar a cabo este trabajo de investigación tomaremos información proveniente de los organismos oficiales nacionales e internacionales relacionados con el mercado vitivinícola. En el mismo sentido, se mantendrán conversaciones con referentes locales de los sectores abarcados (vitivinícola y financiero), que van a adquirir la forma de entrevistas libres, preguntas pautadas previamente y recopilación y análisis de datos provenientes de fuentes oficiales y medios de comunicación.
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Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.
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Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.
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Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.
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Comunicación presentada en la XXIX Reunión de Estudios Regionales, “Competitividad regional en la UE ampliada”, Santander, 27-28 noviembre 2003.
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En el trabajo se aborda el estudio del espectacular crecimiento de la movilidad interior en la década de los noventa en España describiendo los principales rasgos de los flujos y las tasas migratorias. Además, se establecen las diferencias entre el actual patrón migratorio y el de los años sesenta. A partir del conjunto de las variables migratorias provinciales y utilizando la técnica de análisis cluster se establece una tipología migratoria de las provincias españolas. Con dicha clasificación se comprueba, además, la existencia de una clara correspondencia entre la conducta migratoria y la dinámica de las principales variables socioeconómicas provinciales.
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La historia reciente de la provincia de Huelva aparece condicionada por la decisión tecnocrática de la instalación, en los años sesenta, de un polo industrial de desarrollo junto a la capital. Durante la década de los noventa, se producen, simultáneamente, una serie de crisis que golpean la economía provincial. Por una parte, el sector industrial se enfrenta a la necesidad de adaptarse a un contexto más competitivo, nuevas normativas europeas, cuestiones sociolaborales, requisitos ambientales… que ponen en peligro su supervivencia. Al mismo tiempo, la crisis de la pesca tradicional afectó profundamente a los municipios de costa. Ante las crisis de estos sectores tradicionales, en las últimas dos décadas surgen la agricultura industrial y el turismo como alternativas de desarrollo. En concreto, los municipios costeros, comienzan a plantearse nuevas fórmulas de desarrollo turístico. El “turismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente” aparece como la referencia que orienta las iniciativas municipales, intentando dejar atrás el poco rentable turismo familiar de masas, estacional y residencial, que se había desarrollado hasta los noventa en localidades como Matalascañas o Punta Umbría. La calidad y la sostenibilidad se erigen como el discurso político-empresarial hegemónico para el nuevo desarrollo turístico de la zona.
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Analizar el comportamiento de niños deficientes mentales institucionalizados, en el aula de Educación Especial, tras ser sometidos a un proceso de modificación de conducta por medio de la técnica de economía de fichas. Introducir la teoría del refuerzo para modificar la conducta disruptiva presentada por estos sujetos, con el fin de que puedan ser aceptados por los demás y, a la vez, puedan lograr una adaptación escolar. La investigación fue realizada en la escuela de niños deficientes mentales del Hospital Psiquiátrico Provincial de Salamanca, en un aula que contaba con 9 sujetos, de los cuales sólo 4 de ellos fueron sometidos al programa de modificación, pues eran los únicos capaces de reaccionar ante los estímulos del medio. Así pues, la muestra fue de 4 sujetos, pero quedó reducida a 2 a partir de la fase de intervención. Investigación en la acción, a partir de la observación de forma directa y participativa de la conducta de los sujetos. La metodología fue un diseño de caso único con las siguientes fases: creación de una escala de evaluación de la conducta (observación, propuesta de rasgos, categorización, contrastación); diseño de caso único -modelo ABA- (evaluación de cada sujeto -A-, aplicación del sistema de fichas y evaluación intra-tratamiento -B-, evaluación post-tratamiento -A-, seguimiento). Por último un análisis de varianza, para cuantificar los resultados, teniendo en cuenta las cuatro condiciones experimentales (linea-base, intervención, revisión y seguimiento). Observación directa y participativa, en el aula, de la conducta individualizada de cada uno de los sujetos y observación en diferido de videos grabados en el aula para la creación de una escala de evaluación (escala individual para cada sujeto) y para la evaluación propiamente dicha. Descripción de las actividades grabadas. De la descripción de las actividades grabadas y de las observaciones directas se obtiene: tasas de respuesta, porcentajes, tablas, etc., para construir la Linea Base y para el análisis de varianza (para determinar la significación de la diferencia de medias, a partir de las puntuaciones obtenidas en cada una de las categorías y en cada una de las fases del diseño). Caso primero: se han eliminado todas las conductas disruptivas que se han podido manipular desde el medio. Permanecen las categorías relacionadas con el aislamiento, automatismo y ritualismo. Caso segundo: se ha extinguido totalmente la conducta disruptiva y se han logrado repertorios conductuales adaptados. La observación de la conducta ha supuesto un acercamiento a los alumnos. La observación del profesor ha puesto de manifiesto en qué medida es responsable de la conducta del sujeto. Puede manipularse la conducta de los sujetos con sólo modificar los estímulos discriminativos que condicionan un determinado tipo de respuesta en el aula. La aplicación de la economía de fichas ha sido la causa de la extinción de las conductas disruptivas. La modificación de conducta ha favorecido la integración escolar de los sujetos.
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Se aportan una serie de detalles acerca de los criterios utilizados a la hora de conceder las becas durante el año 1964, del proceso de selección de becarios, sobre la falta de conciencia social de algunos solicitantes, la actitud y profesión de los candidatos que no obtienen beca a la hora de reclamar, falsedades, la colaboración de los centros de enseñanza donde han estudiado los solicitantes, la situación económica de los solicitantes y la tardanza en la tramitación administrativa como uno de los fallos destacados de la Delegación Provincial de Madrid.
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