166 resultados para CHEVRON TEXACO


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Este libro analiza las estrategias de comunicación y movilización desarrolladas por los pobladores e indígenas de la Amazonía ecuatoriana en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado por la Chevron- Texaco durante su operación entre 1964 y 1990. La sentencia emitida por la Corte de Justicia de Sucumbíos en febrero de 2011 reconoce la responsabilidad de la empresa estadounidense por los daños y la negligencia con la que operó, ordenando el pago de una suma millonaria a los pobladores de la Amazonía. En la primera parte, se enmarca la relación entre la explotación petrolera, la globalización neoliberal y el “desarrollo”; se presentan los impactos socioambientales de la explotación petrolera, y se examina el rol de la empresa, del Estado y de los actores sociales. En la segunda parte, se analiza el discurso hegemónico de Chevron-Texaco -dirigido sobre todo a negar la contaminación y deslegitimar a las organizaciones sociales y al Estado ecuatoriano-, y se abordan las estrategias discursivas y comunicacionales desarrolladas por la Asamblea de Afectados y el Frente de Defensa de la Amazonía -cuyo objetivo era simplemente mostrar la realidad-. En la tercera parte, se estudia cómo el trabajo en red con organizaciones ecologistas nacionales y transnacionales del Norte y del Sur potencia la movilización social y la lucha de los pobladores de la Amazonía. Y la autora concluye que esta experiencia constituye un ejemplo y un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Entre 1964 y 1990 la compañía petrolera Texaco causó un grave desastre ambiental y humano en el nororiente del Ecuador, por lo que las comunidades indígenas y campesinas presentaron en 1993 una acción en su contra en las cortes de Nueva York. Durante casi 10 años la petrolera luchó para que estas cortes desestimen la causa y la envíen al Ecuador, alegando que era esta la jurisdicción donde debía resolverse el caso. En 2002 las cortes norteamericanas desestimaron la causa por forum non conveniens y en 2003 se presentó una acción contra Chevron Corporation (en adelante Chevron), que en 2001 se había fusionado con Texaco, ante la Corte Provincial de Sucumbíos. Después de 56 inspecciones judiciales, 118 informes periciales, cerca de 64.000 resultados de laboratorio y alrededor de 215.000 páginas de expediente, el 14 de febrero de 2011 el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió sentencia condenatoria contra Chevron, estableciendo la obligación de pago por medidas de reparación: principales, complementarias y de mitigación que suman un total de US $ 19.021’552.000

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"This fact sheet has been prepared pursuant to the requirements of Title 35 Illinois Administrative Code (35 IAC) Section 705.143. The fact sheet is intended to be a brief summary of the principal facts and significant factual, legal, methodological, and policy questions considered in preparing a draft Class 3 RCRA permit modification. This permit modification will allow the current permittee, Chevron Environmental Services Company (CESC), to establish an onsite Corrective Action Management Unit (CAMU) to manage remediation wastes generated during site remediation activities performed under the RCRA Corrective Action program and to establish a facility-wide Groundwater Management Zone (GMZ) for the duration of the corrective action work at the closed refinery. Pursuant to 35 IAC 705.143(a), this fact sheet is sent to the applicant, to the information repository and to any other person who requests it."

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La demanda que promueven pobladores y comunidades indígenas contra la empresa Chevrón (antes Texaco) es uno de los más importantes casos de judicialización por temas de contaminación ambiental y afectación a los derechos humanos. El juicio se inició en 1993, ante tribunales de EEUU y fue dirigida contra la empresa Chevron (antes Texaco) por los daños humanos y ambientales que generó la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. En el 2003, el caso pasó a ventilarse ante juzgados nacionales. Pese a que han transcurrido más de 6 años, este proceso permanece sin sentencia. Su retardo ha obedecido a un proceso constante de dilación, intimización y politización promovido por la empresa ChevronTexaco. El principal reto que se tiene es lograr que en el 2010 la justicia ecuatoriana, libre de presiones y ateniéndose a la prueba del proceso, dicte sentencia.

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La intención del presente trabajo, es analizar a través de cuatro actores distintos: ONG`s, Prensa Escrita, Víctimas y Abogados, como se dan los procesos de construcción de memoria alrededor del denominado “Juicio del Siglo”, seguido por colonos e indígenas del nor-oriente ecuatoriano en contra de una de las compañías petroleras mas grandes del mundo; la Chevron Texaco. El juicio arrancó el 3 de Noviembre de 1993 cuando se presentó la demanda en Nueva York; diez años después, fue remitido a la Corte Superior de Nueva Loja, Ecuador, en donde el 21 de Octubre del 2003 se abrió el período de prueba contra la Chevron Texaco. El juicio que se sigue ahora en Nueva Loja, no ha cambiado de objetivo: hacer que la compañía responda por más de veinte años de contaminación ambiental cuyas nefastas consecuencias están a la vista y se traducen en una verdadera amenaza para la salud de los pobladores de la región, quienes contraen múltiples enfermedades, algunas de ellas de carácter irreversible, como el cáncer, que ha cobrado la vida de al menos 81 personas y que sigue matando indígenas y colonos del sector quienes consumen agua de ríos altamente contaminados.

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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Presenta la situación del Caso Texaco con la sentencia nacional que determinó la responsabilidad de la petrolera, luego de 18 años de proceso, evidenciando la incertidumbre que pesa respecto de la efectiva compensación y reparación de los afectados del nor oriente ecuatoriano ante las acciones legales interpuestas por Chevron: denuncias contra los abogados, expertos y dirigentes de los afectados por Texaco; demanda por extorsión contra los demandantes, sus abogados y consultores ambientales en Nueva York y el proceso de arbitraje bajo el TIAR con el que Chevron pretende se declare que la compañía no tiene responsabilidad.

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Analiza la vigencia limitada de los derechos de la naturaleza debido a los intereses económicos que privilegian la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales. En este contexto, destaca el accionar de la ciudadanía y los colectivos que activaron los mecanismos de tutela efectiva de los derechos ambientales y de la naturaleza, como el caso contra la petrolera Chevron Texaco y la acción de protección a favor del río Vilcabamba. Alerta sobre el destino de la iniciativa ITT ante el anuncio de una nueva licitación petrolera por lo que plantea renovar esfuerzos por la vigencia de los derechos de la naturaleza.

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Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all joined together in a series of local, regional and national organisations. 60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities; 7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas and 21.5% in urban areas. The current Constitution of the Republic recognises the country as a “…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the last five years, the country has undergone a series of political and institutional reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge to the process, and a permanent point of disagreement between the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous social organisations. The government’s economic action has been largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin, or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina. This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution.

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En Ecuador, la población total es de 15.682.792 habitantes, donde existen 14 nacionalidades que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 60,3 % de los Kichwa andinos vive en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; el 24,1% habita en la Amazonía y comprende 10 nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habita la Sierra Sur; y el 8,3% restante habita en la región Costa y las Islas Galápagos. El 78,5% habita aún en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Durante el último quinquenio, el país ha vivido un conjunto de reformas políticas e institucionales aunque, al mismo tiempo, la vigencia y garantía de los derechos colectivos reconocidos en la Carta Magna se han convertido en un desafío para el proceso y en un punto de permanente desencuentro entre el gobierno, encabezado por el economista Rafael Correa, y el conjunto de organizaciones sociales indígenas. La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas, de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos colectivos consagrados en la Constitución.

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Neste estudo coloca-se como questão as relações contraditórias de integração entre duas localidades de Cabinda, província de Angola, com as atividades de exploração de recursos naturais, como petróleo e madeira: a aldeia de Fútila, nas proximidades do Campo do Malongo, onde se concentram as atividades petrolíferas sob a direção da Chevron-Texaco e a vila de Buco Zau, imersa em território contíguo à Reserva Florestal do Mayombe. Como eixo conceitual priorizou-se a modernidade, o desenvolvimento e o risco; como contexto mais geral, a Reconstrução de Angola após estabelecidos os Acordos de Paz em 2002, quando se percebe, em termos de concepção do desenvolvimento e da modernização, o estímulo a uma economia dirigida pelos interesses da exportação de bens primários como petróleo e madeira, apesar do forte apelo ao chamado desenvolvimento sustentável. Situando a constituição de Angola enquanto país integrado ao processo de modernidade, desde colônia portuguesa até a superação dos trinta anos de Guerra Civil, iniciados após a conquista da independência em 1975, procurou-se refletir sobre o significado, para populações mais diretamente atingidas por empreendimentos exportadores, da adoção do modelo de desenvolvimento sinônimo de crescimento econômico nas ações governamentais pela reconstrução do país. Atingidas muito mais na exclusão, procurou-se aqui evidenciar de que maneira se promove a vida, se resiste em meio à opulência, efetivamente se esforçam essas populações para superar os constrangimentos a elas impostos, de ordem cultural, social e político, assim como ambiental, relacionados às atividades de exploração dos recursos naturais. De outro lado, objetivou-se também perceber o significado das exigências ambientais em estratégias de legitimação empreendidas nas atividades de exploração dos recursos naturais, com vistas a mitigar os efeitos desfavoráveis no meio social e ambiental que as envolve. Em conclusão, apresenta-se incontestavelmente a face desintegradora de modos de vida locais, baseados na pesca, pequena agricultura e coleta, sob o risco imposto pelas atividades exportadoras, sem, no entanto, oportunizar ainda a integração do ponto de vista do desenvolvimento como liberdade substantiva, isto é, no sentido de propiciar a estas populações condições de vida digna, de operar estratégias inclusive políticas de reconhecimento coletivo e de valorização de outras racionalidades mais adequadas a uma reapropriação social da natureza.