868 resultados para Collective action


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OBJECTIVES: The present research examined motivational differences across adulthood that might contribute to age-related differences in the willingness to engage in collective action. Two experiments addressed the role of gain and loss orientation for age-related differences in the willingness to engage in collective action across adulthood. METHOD: In Experiment 1, N = 169 adults (20-85 years) were confronted with a hypothetical scenario that involved either an impending increase or decrease of health insurance costs for their respective age group. In Experiment 2, N = 231 adults (18-83 years) were asked to list an advantage or disadvantage they perceived in being a member of their age group. Subsequently, participants indicated their willingness to engage in collective action on behalf of their age group. RESULTS: Both experiments suggest that, with increasing age, people are more willing to engage in collective action when they are confronted with the prospect of loss or a disadvantage. DISCUSSION: The findings highlight the role of motivational processes for involvement in collective action across adulthood. With increasing age, (anticipated) loss or perceived disadvantages become more important for the willingness to participate in collective action.

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The protection and sustainable management of alpine summer pastures has been stated as a goal in Swiss national law since 1996, and direct payments from the state for summer pasturing have been tied to sustainability criteria since 2000. This reflects the increasing value of the alpine cultural landscape as a public good. However, provision of this public good remains in the hands of local farmers and their local common pool resource (CPR) institutions for managing alpine pastures. These institutions are increasingly struggling to maintain their institutional arrangements, particularly regarding the work needed to maintain the pastures. This paper examines two cases of local CPR institutions for managing alpine pastures in the Swiss Canton of Grisons that manifest different institutional developments in light of changing conditions. The differences in how these institutions reacted to change and the impacts this has had on the provision of the CPR are explained by focusing on relative prices, bargaining power, and ideology as drivers of institutional change that are often neglected within common property research. Key words: summer pasture management, institutional change, bargaining power, ideology

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Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

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Research has shown limited support for the notion that perceived effectiveness of collective action is a predictor of intentions to engage in collective action. One reason may be that effectiveness has been in terms of whether the action will influence key decision makers. We argue that the effectiveness of collective action might be judged by other criteria, such as whether it influences third parties, builds an oppositional movement, and expresses values. Two hundred and thirty one attendees at a rally rated the effectiveness of the rally and their intentions to engage in future collective action. For those participants who were not members of an organization, intentions were linked to the perceived effectiveness of the rally in expressing values and influencing the public. For those who were members of an organization, intentions were linked only to the effectiveness of the rally in building an oppositional movement.

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Civil disobedience has hitherto enjoyed only a relatively marginal place in the repertoires of French social movements, but has recently emerged as a key rallying frame for social mobilization, especially among environmental and counter-globalization movements. This paper examines the theory and practice of civil disobedience in the French context through an analysis of one such movement, the anti-GM Faucheurs Volontaires. Discussing the highly controversial campaign's positioning as 'civic disobedience', the article examines contested discourses of violence surrounding crop destruction, and the state responses to action, before asking what the campaign's claims to Republican civism mean for traditional notions of the relationship between state and challenging groups in France. It argues that framing action as civil disobedience is central to attempts to construct political and popular legitimacy, in terms of the campaign's national, international, and sectoral goals.

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Diversity has become an important issue at all levels of the company from the boardroom to the back office. It is increasingly apparent that diversity is vital to productivity, with academic research indicating an important link between diverse top management team (TMT) composition and corporate performance. However, the nature of this link remains elusive, as there is little accessible research that can help top teams to evaluate how diversity impacts on their strategic capacity. This paper seeks to fill this gap by developing a conceptual framework, illustrated with case examples, to explain the relationships between TMT diversity and TMT collective action. As collective action is difficult to attain from top teams that are high in diversity, six practical processes are developed from this framework for establishing and exploiting top team strategic capacity. The paper concludes by outlining the theoretical implications of the framework. © Elsevier Ltd. All rights reserved.

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My thesis consists of three essays that investigate strategic interactions between individuals engaging in risky collective action in uncertain environments. The first essay analyzes a broad class of incomplete information coordination games with a wide range of applications in economics and politics. The second essay draws from the general model developed in the first essay to study decisions by individuals of whether to engage in protest/revolution/coup/strike. The final essay explicitly integrates state response to the analysis. The first essay, Coordination Games with Strategic Delegation of Pivotality, exhaustively analyzes a class of binary action, two-player coordination games in which players receive stochastic payoffs only if both players take a ``stochastic-coordination action''. Players receive conditionally-independent noisy private signals about the normally distributed stochastic payoffs. With this structure, each player can exploit the information contained in the other player's action only when he takes the “pivotalizing action”. This feature has two consequences: (1) When the fear of miscoordination is not too large, in order to utilize the other player's information, each player takes the “pivotalizing action” more often than he would based solely on his private information, and (2) best responses feature both strategic complementarities and strategic substitutes, implying that the game is not supermodular nor a typical global game. This class of games has applications in a wide range of economic and political phenomena, including war and peace, protest/revolution/coup/ strike, interest groups lobbying, international trade, and adoption of a new technology. My second essay, Collective Action with Uncertain Payoffs, studies the decision problem of citizens who must decide whether to submit to the status quo or mount a revolution. If they coordinate, they can overthrow the status quo. Otherwise, the status quo is preserved and participants in a failed revolution are punished. Citizens face two types of uncertainty. (a) non-strategic: they are uncertain about the relative payoffs of the status quo and revolution, (b) strategic: they are uncertain about each other's assessments of the relative payoff. I draw on the existing literature and historical evidence to argue that the uncertainty in the payoffs of status quo and revolution is intrinsic in politics. Several counter-intuitive findings emerge: (1) Better communication between citizens can lower the likelihood of revolution. In fact, when the punishment for failed protest is not too harsh and citizens' private knowledge is accurate, then further communication reduces incentives to revolt. (2) Increasing strategic uncertainty can increase the likelihood of revolution attempts, and even the likelihood of successful revolution. In particular, revolt may be more likely when citizens privately obtain information than when they receive information from a common media source. (3) Two dilemmas arise concerning the intensity and frequency of punishment (repression), and the frequency of protest. Punishment Dilemma 1: harsher punishments may increase the probability that punishment is materialized. That is, as the state increases the punishment for dissent, it might also have to punish more dissidents. It is only when the punishment is sufficiently harsh, that harsher punishment reduces the frequency of its application. Punishment Dilemma 1 leads to Punishment Dilemma 2: the frequencies of repression and protest can be positively or negatively correlated depending on the intensity of repression. My third essay, The Repression Puzzle, investigates the relationship between the intensity of grievances and the likelihood of repression. First, I make the observation that the occurrence of state repression is a puzzle. If repression is to succeed, dissidents should not rebel. If it is to fail, the state should concede in order to save the costs of unsuccessful repression. I then propose an explanation for the “repression puzzle” that hinges on information asymmetries between the state and dissidents about the costs of repression to the state, and hence the likelihood of its application by the state. I present a formal model that combines the insights of grievance-based and political process theories to investigate the consequences of this information asymmetry for the dissidents' contentious actions and for the relationship between the magnitude of grievances (formulated here as the extent of inequality) and the likelihood of repression. The main contribution of the paper is to show that this relationship is non-monotone. That is, as the magnitude of grievances increases, the likelihood of repression might decrease. I investigate the relationship between inequality and the likelihood of repression in all country-years from 1981 to 1999. To mitigate specification problem, I estimate the probability of repression using a generalized additive model with thin-plate splines (GAM-TPS). This technique allows for flexible relationship between inequality, the proxy for the costs of repression and revolutions (income per capita), and the likelihood of repression. The empirical evidence support my prediction that the relationship between the magnitude of grievances and the likelihood of repression is non-monotone.

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The WorldFish Center has been collaborating with its partners (AWF and WWF) in the Maringa-Lopori-Wamba (MLW) and the Lac Tele-Lac Ntomba (LTL) Landscapes to develop participatory monitoring systems for aquatic ecosystems. This requires rigorous data collection regarding fishing effort and catch, and the establishment of community partnerships; enabling WorldFish Center researchers to understand and counteract the institutional legacies of previous NGO interventions. In the MLW, fisherfolk livelihoods are severely limited due to their extreme isolation from markets and government services. However, fisherfolk have some experience dealing with natural resource conservation or extraction entities as well as humanitarian agencies. Their history has left them slightly skeptical but reasonably willing to collaborate with incoming NGOs. Around Lac Ntomba, fisherfolk have had more extensive interactions with conservation and humanitarian NGOs, but despite their proximity to the Congo River, they appear to have very limited access to distant markets. As past benefits from NGO activities have been captured by local village elites many fishers are highly skeptical and even antagonistic toward NGOs in general, and see little benefits from collaborating with each other or NGOs. Similarly to the MLW and Lac Ntomba, Lac Maï-Ndombe fisherfolk were disillusioned by past NGO activities. However, in this area levels of fish catch are greater than in the other watersheds, and many fishers make regular trips to major markets in Kinshasa, Kikwit and Tchikapa. Consequently, while there are significant divisions to be addressed in Lac Maï-Ndombe, fisherfolk in general are more interested in exploring options for improving livelihoods. In order to overcome these hurdles, the WorldFish Center has introduced an integrated research-extension approach in its interactions with these communities. The teams conducted demonstrations of technological innovations that could significantly improve on present post-harvest fish processing practices, in particular: a solar fish drying tent and a fish smoking barrel.

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Cette thèse analyse la capacité d’action collective des populations marginalisées situées respectivement dans un bidonville appelé Cité de l’Éternel à Port-au-Prince (Haïti) et dans des campements à la Sierra Santa Catarina, Iztapalapa (Mexico). À Port-au-Prince, avant la chute de la dictature des Duvalier, des «tontons macoutes» envahirent un terrain situé en bordure du quai de la capitale, près du boulevard Harry Truman. Après s’y être installés, ils ont procédé à la vente de parcelles destinées à la construction de logement à des particuliers. Mais après la chute de Jean-Claude Duvalier, en 1986, des gens de la populace en ont profité pour envahir ce qui restait de ces terrains marécageux. Après l’occupation, ils se sont organisés pour défendre collectivement leur propriété avant d’entreprendre, par la suite, des démarches pour y amener des services et obtenir la régularisation de leur situation sur ces territoires. À la Sierra Santa Catarina, des populations conduites par des militants d’un Front populaire ont occupé des terrains situés au pied d’une montagne de sable afin d’accéder à la propriété et de construire leur demeure. À l’instar des populations de la Cité, ces gens se sont organisés pour aménager des espaces, y ériger des logements provisoires, monter la garde afin de ne pas être déguerpis par les forces de police. Tout en travaillant pour accéder à leur manière aux services de base, elles entreprennent des actions auprès des institutions publiques afin d’obtenir la régularisation de leur situation. Par rapport à la capacité d’action collective de ces populations, les théories sociologiques sont divisées. D’un côté, certains auteurs soutiennent la thèse de l’incapacité de ces populations d’avoir des intérêts collectifs et d’agir en conséquence. Selon eux, sans une médiation sociale ou à défaut d’une agrégation et d’une représentation politiques, ces populations sont incapables d’avoir une subjectivité collective. De l’autre, des auteurs pensent qu’à partir des liens d’amitié de parenté et de voisinage, indépendamment de leurs situations socioéconomiques, ces populations peuvent créer des stratégies de subsistance et de luttes qui leur permettent de trouver des solutions à des problèmes tant individuels que collectifs. S’agissant des populations qui envahissent des terrains en milieu urbain pour habiter, les actions de ces gens là sont définis déjà comme une forme d’action collective inscrite dans des rapports sociaux qui se caractérisent par la différenciation entre les groupes sociaux dans l’accès à la propriété. Ainsi, leurs revendications de reconnaissance et de régularisation auprès des instances étatiques sont déterminées par leur mode d’accès aux biens et aux richesses inégalement réparties en Haïti et au Mexique. Les populations des deux territoires ont entrepris diverses démarches auprès de certaines institutions et réalisé des actions collectives soit pour amener des services de base tels que l’eau et l’électricité, soit pour obtenir de l’État la reconnaissance des territoires envahis, c’est-à-dire leur jonction à la cartographie de la ville. Cette reconnaissance implique non seulement l’installation des services réguliers au bénéfice de la population mais aussi l’octroi à chaque propriétaire de son titre de propriété. Si dans le cas de la Sierra Santa Catarina les démarches sont entreprises auprès des institutions publiques, dans celui de Port-au-Prince, ce sont les ONG ou les agence de coopération qui sont touchées et qui fournissent certains services à la population conformément à la priorité de leurs bailleurs de fonds. Les interventions auprès de l’État se font plutôt dans le but d’obtenir une autorisation de fonctionnement d’une association locale. Il ressort des approches théoriques et des actions collectives réalisées par ces populations qu’on ne peut pas dire qu’elles sont incapables d’avoir une subjectivité collective et des intérêts communs sans une agrégation et une représentation politique. À partir de différents liens entre les individus, des associations sont créées lesquelles permettent d’établir une médiation entre les populations et d’autres organismes. Dans le cas des campements, les actions collectives sont certainement mises à contribution par quelques leaders. Cela participe de toute une tradition politique au Mexique. Néanmoins, dans certains campements, des populations parviennent à tenir tête jusqu’à révoquer certains leaders. Au-delà de leur situation socioéconomique, de l’emprise de certains dirigeants de campement, de l’indifférence de l’État (dans le cas de Port-au-Prince, notamment), ces populations font preuve d’une étonnante capacité critique de leur situation tant dans leurs relations avec les dirigeants des associations et des campements que par rapport à l’État. Ceci pourrait soulever des doutes quant à la possibilité qu’elles soient réellement ou inconsciemment manipulées. Cela suggère la possibilité d’actions collectives autonomes de portée critique là où les circonstances le permettent Mots clés : Marginalisation, action collective, reconnaissance, Débrouille, capacité critique, bidonvilles, instrumentalisation politique, reconnaissance fragmentée.

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Cette recherche s'intéresse à l'acteur patronal organisé, encore peu étudié en Amérique du Nord. Pourtant, cet acteur est fortement organisé au Québec et il exerce une influence reconnue sur les politiques publiques et les relations industrielles. Cette recherche vise à mieux comprendre la logique d’action des employeurs et les lieux où ils exercent leur influence. Plus important encore, la recherche s’interroge sur les mécanismes de diffusion utilisés par les associations patronales pour transmettre à leurs membres des orientations et des lignes directrices à adopter. Tout comme pour l’acteur syndical qui doit développer sa capacité représentative (Dufour, Hege, Levesque et Murray, 2009), nous croyons qu’il en est de même pour l’acteur patronal. Bref, cette étude cherche à comprendre comment les associations patronales vont s'assurer que leurs membres adoptent des pratiques en lien avec les positions défendues dans les institutions du marché du travail et dans la sphère des politiques publiques. Notre question de recherche est la suivante : Quels sont les mécanismes développés par les associations patronales pour diffuser leurs orientations en matière de politiques publiques et de relations du travail en vue d’influencer les pratiques locales de gestion de leurs membres? Au plan théorique, cette étude mobilise les idées développées par les approches néo-institutionnalistes pour mieux expliquer comment les acteurs vont utiliser les institutions en place pour façonner les règles dans leurs intérêts, ce qui suppose d’abord une capacité de représentation et une cohérence dans les actions entre les niveaux où se situent l’acteur. On cherche à comprendre comment les associations peuvent coordonner les actions patronales en réaction aux changements qui s’opèrent dans l’environnement institutionnel. Les associations patronales sont des entrepreneurs institutionnels (Crouch, 2005) qui sont à la recherche active d’opportunités et de leviers de pouvoir à utiliser pour maximiser leurs intérêts de leurs membres et par la même occasion, réduire les incertitudes en provenance de l’environnement (Campbell, 2004; Streeck et Thelen, 2005; Crouch, 2005). Toujours au niveau théorique, cette étude se base sur les idées avancées par la sociologie des logiques d’action. Cette approche théorique nous permet de rendre compte des niveaux sectoriel et local où s’enracinent les comportements des employeurs. Au niveau sectoriel, il existe une pluralité d’instances qui contribuent à façonner les logiques d’actions des associations patronales. La sociologie des logiques d’actions nous permet d’envisager l’association patronale comme un groupe qui dispose d’une vie qui lui est propre avec une relative autonomie de fonctionnement. La capacité d’influence de l’association serait tributaire des mécanismes de coordination de l’action utilisés pour susciter l’accord au sein du groupe. Les mécanismes de coordination de l’action devraient permettre une connexion régulière et stable entre l’association et ses membres. Cette recherche s’intéresse aux associations patronales qui ont recours à un ensemble de moyens pour diffuser les orientations privilégiées aux entreprises membres. Au plan empirique, cette recherche propose de répondre aux trois objectifs suivants : (1) mieux comprendre les formes d’organisation patronales dans les mines au Québec; (2) mieux saisir la structure et la logique d’action des associations patronales sur les politiques publiques, les relations de travail et le marché du travail et finalement (3) mieux comprendre les mécanismes développés par les associations patronales pour diffuser leurs orientations en vue d’influencer les pratiques locales de gestion de leurs membres. Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous avons utilisé une méthodologie qualitative de recherche soit une étude de cas du secteur des mines au Québec. Cette dernière a été conduite en trois étapes : la préparation, la collecte des données et l’interprétation (Merriam, 1998). Les données de cette étude ont été recueillies à l’hiver 2012, par le biais d’entretiens semi-directifs auprès de gestionnaires d’entreprises minières et de dirigeants d’associations minières. Une analyse qualitative du contenu de ces entrevues a été effectuée en lien avec la revue de littérature et nos propositions de recherche. À cette fin, nous avons utilisé la technique de l’appariement logique de Yin (1994), ce qui nous a permis de comparer nos observations à nos propositions de recherche. Au niveau des résultats, nous avons pu constater que les associations patronales du secteur des mines au Québec, endossent davantage le rôle de porte-parole de l’industrie auprès du gouvernement que celui de développeur de services aux membres. Les actions des associations patronales s’exercent à tous les niveaux décisionnels afin d’assurer la meilleure promotion possible des intérêts des employeurs. La représentation politique représente le champ d’activité le plus important qui compose la logique d’action des associations patronales de la filière minérale québécoise. Mentionnons également que la représentation des intérêts des entreprises auprès du public et des médias est également vitale à l’action collective patronale dans un souci d’acceptabilité sociale. Les associations d’employeurs vont tenter principalement d’influencer les pratiques en relations industrielles qui permettent d’assurer une meilleure image de l’industrie et qui sont jugées prioritaires en fonction du contexte institutionnel en place. La recherche nous a permis d’observer un impact favorable et significatif à la capacité de diffusion pour cinq des sept mécanismes de diffusion faisant partie de notre modèle d’analyse. Trois de ces cinq mécanismes favorisent la capacité de diffusion descendante (transposition de la logique d’action sectorielle sur les pratiques locales des membres) et les deux autres favorisent plutôt la capacité de diffusion ascendante (transposition des enjeux locaux jugés prioritaires sur la logique d’action sectorielle). Les mécanismes qui supportent au mieux la cohésion au sein de l’association sont ceux qui impliquent une relation dynamique entre les représentants et les membres et entre les membres eux-mêmes d’où la pertinence d’une diffusion descendante et ascendante des orientations. Il est à noter qu’étant donné que cette recherche consiste en une étude de cas, des limites méthodologiques liées à la généralisation des résultats sont présentes. Il n’est pas aisé d’affirmer que les résultats de cette microanalyse soient généralisables en raison des spécificités du secteur à l’étude. En contrepartie, les analyses ont servi à l’élaboration d’un modèle qui pourra être utilisé dans des études futures.

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Essai présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès Art (M.A.) en service social