Normatividad de los servicios de agua y saneamiento en México: los casos de Chiapas, Tabasco y Veracruz

Incluye Bibliografía

Programa conjunto del Sistema de las Naciones Unidas en México con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (OPAS-1816) "Fortalecer la gestión efectiva y democrática del agua y saneamiento en México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio", y toma en cuenta los comentarios y sugerencias recibidos en la presentación de una versión preliminar en el Seminario "Regulación y gestión de los servicios de agua y saneamiento en Chiapas, Tabasco y Veracruz", 19 y 20 de julio, Xalapa, Veracruz.

1. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTOLas condiciones históricas y políticas en que se ha desarrollado el Estado mexicano, junto con los patrones de concentración poblacional frente a la disponibilidad de agua en la porción árida y semiárida del territorio, son factores determinantes de la correlación de fuerzas entre los tres niveles de gobierno. Estos factores fomentan la complejidad de los problemas para asegurar el abasto de agua a las poblaciones y el desalojo de las aguas residuales y pluviales. De este modo, una problemática que de origen corresponde resolver a los ayuntamientos, en ocasiones mediante la intervención de la iniciativa privada, requirió gradualmente un mayor apoyo de los gobiernos estatales y posteriormente del gobierno federal.Hasta el Porfiriato, los servicios de agua potable y alcantarillado fueron tareas básicamente municipales, aunque algunas empresas privadas se encargaron de cierto abasto de agua. Sin embargo, a las desigualdades económicas territoriales que presentaba el país, se sumaron una serie de políticas de desarrollo que favorecieron la concentración de la población en centros urbanos, mientras que la población rural se dispersaba en pequeños núcleos poblacionales. La capacidad limitada de los gobiernos locales para atender los problemas de abasto a las poblaciones urbanas y rurales dio lugar a una mayor intervención del gobierno federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció una relación estrecha pero claramente diferenciada entre el régimen de propiedad de las aguas dentro del territorio nacional, cuya custodia y administración corresponde al gobierno federal, y la prestación de los servicios de agua y saneamiento como una responsabilidad originalmente exclusiva de los municipios.